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I. La formulación del principio constitucional de participación de los ciudadanos y las consultas populares. II. Participación democrática y consultas populares: 1. El derecho fundamental a participar en los asuntos públicos y las consultas populares; 2. Las consultas populares como manifestación de la democracia participativa. III. Delimitación de competencias sobre las consultas populares. IV. La configuración legal de las consultas populares. V. La naturaleza jurídica de las consultas populares promovidas a iniciativa vecinal: 1. La solicitud de consultas populares como derecho subjetivo de los vecinos; 2. Distinción del derecho de petición. VI. El ámbito subjetivo de las consultas populares: 1. El ejercicio del derecho de petición de consultas populares: 2. Legitimación para participar en la consulta. VII. El objeto de las consultas populares y sus requisitos: 1. El objeto de las consultas populares: requisitos materiales y competenciales; 2. El objeto de las consultas populares desde un punto de vista formal. VIII. El procedimiento de las consultas populares: 1. Los acuerdos de la Administración local sobre iniciación y celebración de la consulta popular; 2. La autorización del Gobierno como requisito de validez de la consulta; 3. Convocatoria de la consulta y celebración de la misma. IX. Los efectos de la consulta popular.

1. Marco jurídico. a) Desarrollo histórico. b) Situación actual. 2. Naturaleza jurídica de los acuerdos concluidos antes de la reforma de 1993. a) Concepto. b) Determinación de su naturaleza jurídica. 3. Naturaleza jurídica de los acuerdos concluidos después de la reforma de 1993. a) Eventual superación del principio de unidad de acción exterior del Estado. b) Contenido.

II. INTRODUCCIÓN. II. LA CESIÓN DE DATOS SANITARIOS AL DEFENSOR DEL PUEBLO. III. LA CESIÓN A COMPAÑÍAS ASEGURADORAS. IV. LA CESIÓN DE DATOS SANITARIOS A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 1. Criterio a aplicar para resolver la colisión entre el derecho a la autodeterminación informativa y la libertad de información. 2. Sobre cuándo una información cuenta con relevancia pública. V. EL USO DE DATOS SANITARIOS CON FINES POLICIALES. 1. Acercamiento al marco normativo que regula este supesto de cesión. 2. El artículo 22.3 LOPD como fundamento de la excepción al consentimiento en la cesión de datos sanitarios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. VI. COLISIÓN ENTRE EL DEBER DE SECRETO MÉDICO Y LA OBLIGACIÓN DE COLABORAR CON LA JUSTICIA. 1. Cuestiones previas. 2. La no inculpación y el derecho a la tutela judicial efectiva: una difícil relación. 3. El difícil equilibrio entre el deber de secreto médico, y el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y el deber de colaborar con la justicia. 3.1. En el ámbito civil. 3.2. El ámbito penal. 3.3. En la vía administrativa. 4. Requisitos generales que han de cumplir las cesiones a los órganos judiciales. VII. LA CONFRONTACIÓN ENTRE EL DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN INFORMATIVA Y EL DERECHO DE ACCESO SOBRE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS EN EL ÁMBITO SANITARIO: UNA PROPUESTA DE SOLUCIÓN. 1. Planteamiento del problema. 2. En torno a la posibilidad de argumentar el derecho de acceso sobre las historias clínicas. 3. El derecho a la autodeterminación informativa como límite al derecho de acceso en el ámbito sanitario. VIII. CONCLUSIONES.

1. Planteamiento de la cuestión a la luz del principio democrático. 2. Exigencias relativas a la formación religiosa y moral en las escuelas derivadas de la Constitución y de los acuerdos con las confesiones. 3. El marco de pluralismo político en la enseñanza religiosa. 4. Ensayo de juicio de constitucionalidad del modelo de enseñanza religiosa previsto en el Real Decreto 2438/1994. 5. La enseñanza de la religión en cuatro paises...

1. Introducción. 2. Los primeros años dejurisprudencia constitucional sobre la cuestión: De la STC5/1981 a la STC 15/1989. 3. La segunda fase de la evolucióndoctrinal del Tribunal Constitucional: De la STC 15/1989 ala STC 147/1991. 4. Evolución posterior: De la STC 147/1991a la STC 118/1996. 5. Las sentencias constitucionales118/1996, de 27 de junio, y 61/1997, de 20 de marzo, apropósito de las Leyes estatales dictadas expresamente comosupletorias. 6. ¿Mutación o falseamiento constitucional?.

INTRODUCTION: LES DIVERSES FINALITÉS DES POLITIQUES LINGUISTIQUES. I. LA POLITIQUE LINGUISTIQUE DU QUÉBEC. A. LA LANGUE DE LA LÉGISLATION, DE LA JUSTICE ET DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE. B. LA LANGUE DU COMMERCE ET DES AFFAIRES. C. LA LANGUE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC. D. LA POLITIQUE QUÉBÉCOISE DE L'INMIGRATION. E. LA POLITIQUE LINGUISTIQUE ET LE PROJET SOUVERAINISTE. II. LA POLITIQUE LINGUISTIQUE FÉDÉRALE. III. LES POLITIQUES LINGUISTIQUES DES PROVINCES ANGLOPHONES. A. L'ONTARIO ET LE NOUVEAU-BRUNSWICK. B. LES AUTRES PROVINCES ANGLOPHONES ET LES TERRITOIRES. IV. CONFLITS ET COMPLÉMENTARITÉS ENTRE LES DIVERSES POLITIQUES LINGUISTIQUES.

1. Introducción. 2. Art. 39 EAPV. 3. Otrasìconsideraciones previas. 4. Miembros. 5. Organos. 6.ìCompetencias. Disposiciones, resoluciones y actos. 7.ìDisposiciones comunes sobre procedimiento. 8. Cuestiones deìcompetencia. 9. Conflictos de competencia. 10. Art.50.2.ìLBRL. 11. Naturaleza jurídica. 12. Notas.

I. Planteamiento. II. La compensación de impactos ambientales mediante la adquisición créditos de conservación en la evaluación ambiental. III. La necesidad de interpretación del sistema a la luz de los principios generales del derecho ambiental y de una definición del papel de la Administración en su gestión. IV. Bibliografía.

I. INTRODUCCION.- II. LA SIGNIFICACION DE LAS "BASES" EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.-III. LA RETENCION DE COMPETENCIAS EJECUTIVAS EN LAS BASES SEGUN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL.- IV. ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES ACERCA DE LA DOCTRINA JURISPRUDENCIAL SOBRE LAS BASES.-