Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI)

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"Amnistía fiscal": a propósito de la regularización tributaria como excusa absolutoria en el delito fiscal. La sentencia del Tribunal Constitucional de 8 de junio de 2017

Espigado Guedes, Diego

Diario La Ley, n.º 9030/2017, pág. 1 a 6

Sumario
I. Introducción. II. La fundamentación jurídica de la sentencia del Tribunal Constitucional. III. Sobre si la situación del contribuyente incumplidor que regulariza en las condiciones del artículo 305.4 CP y la del que lo hace vía declaración tributaria especial son parangonables en cuanto a que ambos han incumplido su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica. IV. Sobre si la situación del contribuyente incumplidor que regulariza en las condiciones del artículo 305.4 CP se coloca "en situación más favorable que la de aquellos que cumplieron voluntariamente y en plazo su obligación de contribuir". V. Conclusión.

«Que no quede huella». La transparencia en la toma de decisiones públicas

Ibáñez García, Isaac

Diario La Ley, n.º 9916/2021, pág. 1 a 3

Sumario
I. Escenario «del crimen» . II. La resolución del CTBG .

15 obligaciones que las Administraciones Públicas deben cumplir para adecuarse al Reglamento General de Protección de Datos

Agencia Española de Protección de Datos

Diario La Ley, n.º 7/2017, pág. 1 a 3

Sumario
1. Identificar de forma precisa las finalidades y la base jurídica de los tratamientos que llevan a cabo. 2. Tanto el interés público como los poderes públicos que justifican el tratamiento deberán estar establecidos en una norma de rango legal. 3. En aquellos casos en que la base jurídica de los tratamientos sea el consentimiento, este deberá tener las características previstas por el RGPD. 4. Adecuar al RGPD la información que se ofrece a los interesados cuando se recogen sus datos. 5. Establecer mecanismos visibles, accesibles y sencillos, incluidos los medios electrónicos, para el ejercicio de derechos. 6. Implantar procedimientos que permitan responder ante los ejercicios de derechos en los plazos previstos por el Reglamento. 7. Valorar si los encargados con los que se hayan contratado o se vayan a contratar operaciones de tratamiento ofrecen garantías. 8. Adaptar los contratos de encargo actualmente suscritos a las previsiones del Reglamento. 9. Efectuar un análisis de riesgo para los derechos y libertades de los ciudadanos de todos los tratamientos de datos que se desarrollen. 10. Crear un registro de actividades de tratamiento. 11. Revisar las medidas de seguridad aplicables a los tratamientos a raíz de los resultados del análisis de riesgo de los mismos. 12. Instaurar mecanismos para identificar con rapidez la existencia de violaciones de seguridad de los datos. 13. Evaluar si los tratamientos que se realizan requieren una Evaluación de Impacto. 14. Designar un Delegado de Protección de Datos (DPD). 15. Ajustar los instrumentos de transferencia internacional de datos personales a las previsiones del Reglamento.

2 de febrero de 2025: comienza a ser aplicable el Reglamento europeo de IA

Fernández Hernández, Carlos

Diario La Ley, n.º 10656/2025, pág. 1 a 11

Sumario
I. La necesaria relación entre los capítulos I y II del Reglamento. II. Efectos de la aplicabilidad del Capítulo I del Reglamento. III. Efectos del comienzo de la aplicabilidad del Capítulo II del Reglamento. Prácticas de IA prohibidas.

400.000 euros de indemnización para la paciente que, tras la cirugía a la que fue sometida, arrastra graves secuelas que incluyen la incapacidad permanente

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 17 de marzo de 2016

Diario La Ley, n.º 8785/2016, pág. 1 a 2

76.000 euros de indemnización a una propietaria que soportó inundaciones en su vivienda por defectos en la red de saneamiento

Sentencia del T. S. J. Galicia de 1 de marzo de 2017

Diario La Ley, n.º 8948/2017, pág. 1

Sumario
Un propietario no puede, ni debe, soportar, en ningún caso los daños imputables única y exclusivamente a la Administración por un defecto en el diseño y ejecución de la red municipal de saneamiento.

A propósito de algunas de las consecuencias jurídicas derivadas de la nueva normativa de privacidad europea

Puyol Montero, Javier

Diario La Ley, n.º 9569/2020, pág. 1 a 11

Sumario
1. Introducción: algunas consideraciones jurídicas derivadas del Reglamento (UE) 2016/679. 2. La protección de datos y la "accountability" como principio rector de la nueva protección de datos. 3. Algunas consideraciones sobre la evaluación del riesgo.

A propósito de la sujeción al IIVTNU de los terrenos rústicos calificados catastralmente como urbanos

Blas Javaloyas, José-Ramón de

Diario La Ley, n.º 10640/2025, pág. 1 a 15

Sumario
I. Antecedentes. II. La calificación catastral de suelo urbanizable basada en la ordenación detallada en planes con desarrollo urbanístico: la STS de 30 de mayo de 2014. III. ¿Cabe una aplicación extensiva de la STS de 30 de mayo de 2014? IV. La revisión de las liquidaciones tributarias con ocasión de la impugnación de los valores catastrales. V. La jurisprudencia valdebebas: anulación del plan que califica de urbano el suelo y la calificación catastral del suelo. VI. El desarrollo urbanístico mediante PAI o instrumento análogo como forma de desarrollo urbanístico pormenorizado: la STS de 12 de diciembre de 2022. VII. El caso del barranco de la parreta. VIII. Conclusiones. IX. Bibliografía.

A propósito del enriquecimiento sin causa y los contratos administrativos: la STS de 16 de octubre de 2024

Palomar Olmeda, Alberto

Diario La Ley, n.º 10628/2024, pág. 1 a 7

Sumario
I. Mínima referencia al planteamiento fáctico. II. La cuestión debatida: los efectos generales de la doctrina sobre el céntimo sanitario. III. La resolución de la STS: elementos más significativos. IV. La doctrina jurisprudencial derivada del interés casacional del caso.

A propósito del futuro Estatuto de la Autoridad estatal de protección del informante (A.A.I.) de la Ley 2/2023

Sáez Hidalgo, Ignacio

Diario La Ley, n.º 10551/2024, pág. 1 a 4

Sumario
I. Régimen Jurídico de la Autoridad estatal. II. Canal Externo de Comunicaciones. III. Medidas de apoyo y protección al informante. IV. Elaboración de modelos de prevención de delitos en el ámbito público. V. Convenios para desarrollar funciones de las comunidades autónomas. VI. Presidente de la Autoridad estatal.

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