Hemeroteca

1. La equívoca configuración legal de la protección civil como servicio público. 1.1. Repaso de la regulación estatal en la materia. 1.1.1. Referencia previa a los precedentes normativos en la materia. 1.1.2. La vigente Ley 2/1985, de 21 de enero. 1.2. La legislación autonómica y los nuevos Estatutos de Autonómia. 2. Servicio público versus función pública. 2.1. La protección civil no es un servicio público. Análisis retrospectivo y a la vista de la evolución del concepto. 2.3. La protección civil es también una función pública caracterizada por el ejercicio de competencias y facultades específicas. 3. Conclusiones. Bibliografía.

I. INTRODUCCIÓN. EL EJERCICIO DE FUNCIONES PÚBLICAS POR PARTICULARES Y LA OPERACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS. A. Planteamiento general. B. El ejercicio de funciones públicas por particulares. C. Los modelos de explotación de los sistemas eléctricos, la actividad de operación del sistema eléctrico, y la Ley 54/1997, del sector eléctrico. II. FUNCIONES EJERCIDAS POR EL GESTOR TÉCNICO DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN ESPAÑA Y SU NATURALEZA PÚBLICA. A. Funciones genéricas del Operador del sistema eléctrico y su función principal, la garatía de seguridad del suministro eléctrico. B. La coordinación del Operador del sistema con el operador del mercado y otros sujetos. C. Funciones específicas (art. 34 LSE): su clasificación y naturaleza. D. Conclusión sobre la naturaleza de las funciones del Operador del sistema. III. EL SOMETIMIENTO A CONTROL PÚBLICO DE LAS FUNCIONES DEL OPERADOR DEL SISTEMA. A. El control a través de su configuración jurídico-organizativa. 1. Forma societaria, con restricciones en su accionariado y presencia significativa de capital público. 2. Separación funcional y orgánica. B. El sometimiento a regulación de las funciones del Operador del sistema eléctrico español. 1. Razones para la regulación de las funciones del Operador del sistema. Monopolio y atribución legal de funciones públicas. 2. Sometimiento a Derecho de las funciones del Operador del sistema, en aplicación de la normativa y de acuerdo con ella. El problema de la discrecionalidad técnica. 3. Naturaleza jurídica de los procedimientos de operación de carácter instrumental y técnico. C. Control a posteriori por las autoridades reguladoras. 1. Sometimiento a supervisión. 2. Procedimiento sancionador. 3. Resolución de conflictos por la CNE. IV. A MODO DE CONCLUSIÓN. SOBRE LA NATURALEZA DEL EJERCICIO DE FUNCIONES PÚBLICAS DEL OPERADOR DEL SISTEMA Y SU RÉGIMEN JURÍDICO Y ALGUNAS CUESTIONES PENDIENTES. A. El Operador del sistema eléctrico según la Ley 54/1997: ejercicio de funciones públicas por un particular. B. Algunas cuestiones pendientes y propuestas de mejora. 1. Existencia de algunas incertidumbres e insuficiencias en relación con el alcance de las funciones públicas del Operador del sistema. 2. Sobre la relación entre los gestores técnicos de electricidad y gas. 3. Sobre el control de la discrecionalidad técnica de los actos de autoridad del Operador del sistema.

1. El sector público económico en las leyes gallegas de patrimonio y de régimen financiero y presupuestario: sobre la empresa pública autonómica. 2. El instituto gallego de promoción económica (IGAPE) y el sector público gallego.

Planteamiento. 1. Las fuentes reguladoras de lasìHaciendas Locales. De la seguridad jurídica a lasìinterpretaciones sin fin, tras la sentencia del TribunalìConstitucional 214/1989, de 21 de diciembre. 2. Basesìconstitucionales del sistema de garantíasìjurídico-administrativas. 3. El control de la materiaìeconomico-administrativa. Tensión entre lo judicial y loìgubernativo. 4. Las garantías estatablecidas en la Ley...

I. Introducción: el problema planteado. II. Las líneas de solución. III. La peculiaridad del Derecho urbanístico en orden a los sistemas de actuación. IV. La Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP) como Ley básica. V. Interpretación de la Directiva Comunitaria 93/37 CEE, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. VI. Ejecución del planeamiento urbanístico y gestión directa e indirecta. VII. Incidencia de la LCAP en la ejecución del planeamiento urbanístico en los supuestos de gestión directa. VIII. Incidencia de la LCAP en los supuestos de gestión indirecta. IX. Gestión indirecta por medio de agente urbanizador. X. Conclusión.

I. Introducción. II. Competencias en materia de seguridad. III. Concepto de guarda rural. IV. Concepto de camino público rural. V. Tres tesis posibles. VI. Consideración final.

I. Introducción. II. Breve aproximación a la Administración estatal de las aguas. III. La administración del agua en Andalucía. IV. Estado actual de la gestión del agua en Andalucía y en el resto de CCAA. V. Hacia una nueva administración del agua en Andalucía. VI. Bibliografía.

I. Incidencia de la normativa reguladora de los entes instrumentales en su proceso de racionalización: especial referencia a su creación, modificación y supresión. 1. Marco normativo regulador de los entes instrumentales estatales, autonómicos y locales. 2. Límites derivados del procedimiento de creación, modificación y extinción de entes instrumentales. II. La potestad organizatoria respecto de entes instrumentales: principios y fines a los que se sujeta. 1. Principios que deben regir la potestad de autoorganización como actuación administrativa de creación de Entes instrumentales. A. Los principios de descentralización funcional, de competencia, de no duplicación de estructuras administrativas, de coordinación y de dirección y control. B. Los principios de eficacia, racionalización administrativa y buena administración. 2. La organización administrativa debe ajustarse a fines de interés general. III. El control de la discrecionalidad en el ejercicio de la potestad organizatoria respecto de entes instrumentales. 1. Técnicas de control de la discrecionalidad. 2. Control de la potestad organizatoria como potestad normativa: los principios de buena regulación. IV. Racionalización en la organización administrativa y reducción del gasto público a través de la reducción de entes instrumentales. 1. El principio de sostenibilidad financiera y de estabilidad presupuestaria: fundamento para la reducción de entes instrumentales. 2. La racionalización del sector público instrumental estatal, autonómico y local. V. La reordenación de entes instrumentales en Andalucía. 1. Medidas y principios aplicables a la reordenación del sector público andaluz. 2. El principio de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública: doctrina del TSJ de Andalucía y del Tribunal Supremo a raiz de la reordenación del sector público andaluz. VI. Reflexión final.

I. LA NECESIDAD DE ESTABLECER UN NUEVO MODELO DE REPARTO COMPETENCIAL ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LOS ESTADOS MIEMBROS. II. EL SISTEMA COMPETENCIAL ADOPTADO EN EL PROYECTO DE CONSTITUCIÓN.