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I. ¿Qué debe entenderse por "cuestiones de personal"? 1. Regla general. 2. Los litigios que se producen cuando ya se ha extinguido la relación de servicio de los empleados públicos. 3. ¿Los derechos ejercidos colectivamente por los empleados públicos: huelga, negociación colectiva, etc., pueden ser calificados como cuestiones de personal a efectos del recurso de casación? 4. Las cuestiones de personal que afectan a todos o a un gran número de empleados públicos o que poseen un contenido de generalidad. III. Cuestiones que afectan al nacimiento de la relación de servicio de funcionarios de carrera. 1. La instauración de la relación de servicio profesional entre la Administración y sus empleados. 2. Los vaivenes del tratamiento legislativo y jurisprudencial en cuanto al acceso al recurso de apelación/casación de las cuestiones referidas al nacimiento de la relación de servicio de los funcionarios de carrera. 3. El proceso de funcionarización del personal laboral. 4. Las pruebas selectivas de promoción interna horizontal o vertical. 5. Las pruebas selectivas de quienes, aun teniendo ya la condición de funcionario de carrera, participan en otras pruebas selectivas por el turno libre dentro de la misma Administración Pública o participan en pruebas selectivas a Cuerpos de otras Administraciones Públicas. 6. Las pruebas de acceso al servicio de las Administraciones Públicas como funcionarios interinos o personal laboral. 7. Cuestiones accesorias al nacimiento de la relación de servicio de los funcionarios de carrera. III. Cuestiones que afectan a la extinción de la relación de servicio de los funcionarios de carrera. 1. Supuestos de extinción de la relación de servicio. 2. La sanción disciplinaria de separación del servicio abre el acceso al recurso de casación para las dos partes aunque la sentencia de instancia hubiese sustituido esa sanción por otra más benigna. 3. La suspensión de funciones (provisional o definitiva). 4. La iniciativa en las distintas clases de jubilación. IV. El recurso de casación en materia de personal por la vía del art. 86.3 de la LJCA (recurso directo o indirecto contra Reglamentos). 1. El art. 86.3 de la LJCA. 2. El art. 86.3 de la LJCA se aplica también aunque se trate de cuestiones de personal. 3. Las ofertas de empleo público. 4. Las relaciones de puestos de trabajo. V. Epílogo.

I. PREGUNTA. II. RESPUESTA.

I. Introducción. II. El partido político como sujeto contable. III. Transparencia informativa y financiación irregular. IV. Donaciones de países extranjeros y sottogoverno. V. Tráfico de información privilegiada y cobro de comisiones. VI. Aportaciones en especie de empleados públicos y donaciones encubiertas. VII. A modo de conclusión. VIII. Referencias Bibliográficas.

I. Introducción. II. Legislación española. III. Jurisprudencia española. IV. Derecho comparado. V. Doctrina. VI. Conclusiones. VII. Bibliografía. VIII. Relación de legislación y jurisprudencia.

1. Introducción. 2. Aspectos de fondo. 3. Directivas Comunitarias. 4. Recursos. 5. Proyecto de Ley de Contratos. 6. Procedimiento Administrativo.

1. Introducción. a) La necesidad de una norma cabecera en la regulación de los residuos. b) La decepcionante Ley de Residuos. 2. La jerarquización de objetivos de la política de residuos. a) Concepto y positivación del principio en la normativa comunitaria. b) La jerarquización de objetivos en la normativa autonómica y en la Ley 10/1998 de residuos. 3. El principio de gestión ambientalmente racional y el control de la gestión de residuos. a) Las exigencias de la normativa comunitaria. b) El control de la gestión de residuos urbanos en la Ley 10/1998 de residuos. 4. Un apunte acerca de las competencias municipales. a) El alcance reconocido a las competencias locales en la nueva Ley de Residuos. b) Los riesgos de vaciamiento competencial. 5. Epílogo.

I. Planteamiento y contenido en materia administrativa de la proposición de Ley orgánica. III. Cuestiones jurídicas derivadas del planteamiento legal de la amnistía en vía administrativa. IV. Conclusiones.

I. Introducción. II. Las relevantes conclusiones procedimentales que implícitamente se derivan del artículo 64.2 f) LPACAP. III. La valoración de la prueba conforme a los criterios establecidas en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. IV. La atribución al instructor de la decisión de archivar las actuaciones en determinados supuestos. V. La actuación del instructor en la terminación anormal del procedimiento derivada de lo dispuesto en el artículo 85 LPACAP. A) El archivo de las actuaciones en la fase de instrucción. B) El reconocimiento de responsabilidad por el inculpado. C) El pago voluntario de la sanción por el presunto responable. VI. Conclusión.

I. Introducción. II. El apartado 5 de art. 3 de la Ley 59/2003. III. El apartado 8 del art. 3 de la Ley 59/2003. IV. Bibliografía.