Hemeroteca

1. Introducción. 2. Un nuevo paso en la clarificación de la delimitación de competencias entre Estado y Comunidades Autónomas en materia de aguas: La STC 161/1996, de 17 de octubre, relativa a la administración hidráulica catalana. 3. Una realidad ineludible y necesaria: La concurrencia de títulos competenciales específicos y sectoriales en la gestión del agua. 4. Los resultados...

I. INTRODUCCIÓN. II. BREVE APROXIMACIÓN A LA INSTITUCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN JUDICIAL DE ENTRADA EN EL MARCO DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA: 1. Los criterios de ordenación de la autorización judicial de entrada en el marco de la actividad administrativa. En especial, cuando del acceso a una propiedad privada se trata. III. EL NUEVO PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 8.6 DE LA LEY REGULADORA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA, SEGÚN LA MODIFICACIÓN OPERADA POR LA LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA. IV. EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y LA REGULACIÓN DE LAS FACULTADES DE INSPECCIÓN: INCONGRUENCIAS Y CONTRADICCIONES: 1. El origen del artículo 40 de la Ley de Defensa de la Competencia. 2. Interpretación armonizada del artículo 8.6 de la LRJCA y del artículo 40 de la LDC. V. CONCLUSIONES. VI. BIBLIOGRAFÍA

I. EL PRINCIPIO DE LA BUENA ADMINISTRACIÓN. II. RESOLUCIONES JUDICIALES SOBRE EL DERECHO A LA BUENA ADMINISTRACIÓN: 1. EL PRINCIPIO A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN ESTIMA ADECUADO EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE UN MUNICIPIO A OTRO CUANDO LAS NECESIDADES DEL SERVICIO LO REQUIERAN CON INDEPENDENCIA DE SU CUALIDAD SINDICAL. 2. CONSAGRA EL PRINCIPIO A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN LA CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES. 3. LÍMITES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN POR INCIDENCIA DEL PRINCIPIO A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN QUE CONSAGRA LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA DEL INCULPADO. 4. EL PRINCIPIO A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA OBLIGA QUE CUALQUIER RESTRICCIÓN DE DERECHOS DE DEFENSA SE ENCUENTREN SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADOS. 5. PRINCIPIO DE BUENA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y DIGNIDAD DE LA PROFESIÓN DE ABOGADO. 6. DERECHO A LA EJECUCIÓN DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES FIRMES ESTÁ MATIZADO POR EL PRINCIPIO A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN PROTECCIÓN DE LOS INTERESES DE LAS PARTES. 7. LA AUSENCIA DE CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES QUE JUSTIFIQUEN LA FALTA DE AUDIENCIA DEL DEMANDANTE, SIENDO ÉSTA BENEFICIOSA PARA LA BUENA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CAUSA VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN. 8. LA INACTIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN MÁS ALLÁ DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LAS NORMAS CONSTITUYE UNA LESIÓN AL PRINCIPIO A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN. 9. PRINCIPIO A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN PROTECTOR DE LA ÓPTIMA GESTIÓN DE LOS ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS: DILACIONES INDEBIDAS E INFRACCIÓN DEL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA. 10. EL PRINCIPIO A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN COMPRENDE EL DERECHO DE DEFENSA, LA SEGURIDAD JURÍDICA Y LA PROSCRIPCIÓN DE INCOACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS DE MANERA EXTEMPORÁNEA E IGUALMENTE ADOPTAR UNA SANCIÓN DISCIPLINARIA SIN ESPERAR A LA RESOLUCIÓN FIRME DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL PENAL. 11. EL PRINCIPIO A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN OBLIGA A LA ADMINISTRACIÓN A UNA AGILIDAD PROCEDIMENTAL EN LA INVESTIGACIÓN DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES DISCIPLINARIAS, VIOLANDO DICHO PRINCIPIO ACTUACIONES DISCIPLINARIAS DILATADAS EN EL TIEMPO QUE CAUSAN DAÑO MORAL. 12. EL PRINCIPIO A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA COMPRENDE LA APLICACIÓN RIGUROSA DEL PRINCIPIO DE CARGA DE LA PRUEBA. 13. ATENTAN AL PRINCIPIO A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN QUE LAS DECISIONES O ACUERDOS ADMINISTRATIVOS NO HAYAN SIDO ADOPTADOS DENTRO DE DETERMINADOS LÍMITES TEMPORALES VIOLANDO EL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA. 14. ES UNA EXIGENCIA DEL PRINCIPIO A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN FACILITAR TODAS LAS INFORMACIONES PERTINENTES A LA OTRA PARTE ACTUANTE EN EL PROCEDIMIENTO. 15. EL PRINCIPIO A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN OBLIGA A LA ADMINISTRACIÓN A TRATAR CON DIGNIDAD A LOS ADMINISTRADOS Y RESPETAR SU REPUTACIÓN. 16. OBJETIVIDAD EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA. 17. EL PRINCIPIO A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN PROSCRIBE LA ARBITRARIEDAD EN LA ACTUACIÓN DE LOS PODERES PÚBLICOS.

PALABRAS PREVIAS. I. CIUDAD Y GLOBALIZACIÓN. II. MODELOS DE CIUDAD. III. EJES DE ACCIÓN FRENTE A LA DUALIZACIÓN DE LA CIUDAD. IV. CONCLUSIONES. ANEXO: PRINCIPIOS DE MELBOURNE PARA CIUDADES SOSTENIBLES.

I. Introducción. II. La evolución de la técnica de la clasificación del suelo en las normas urbanísticas estatales con especial referencia a la regulación del suelo urbano. III. El carácter necesario y alternativo de las hipótesis básicas que configuran el suelo urbano. IV. Criterios generales de los supuestos del suelo urbano: 1. Un requisito esencial: la integración del terreno en la malla o trama urbana. 2. El requisito formal impuesto por la legislación autonómica: la inclusión del suelo urbano en un instrumento de planeamiento. 3. La carga de la prueba de los supuestos exigidos para clasificar el suelo como urbano. 4. Un hecho jurídicamente constatado: la tendencia reductora del suelo urbano. V. A modo de conclusión. VI. Bibliografía.

I. Introducción: 1. Colaboración y contratación: dos caras de una misma moneda. 2. El interés por colaboración público-privada en el plano europeo. Concepto y caracteres. 3. Tipología de colaboraciones público-privadas. II. La colaboración entre el sector público y el sector privado en la LCSP: 1. Colaboración de tipo contractual. 2. Las escasas previsiones sobre colaboración de tipo institucional. Primer análisis de la regulación proyectada. III. Marco jurídico de las operaciones de colaboración público-privada institucional. Su conexión con el Derecho Europeo de Contratos Públicos y Concesiones: 1. ¿Única o doble licitación? 2. Procedimiento de adjudicación del contrato. 3. Elementos específicos del contrato relativos a la selección del socio privado. 4. Las condiciones de ejecución de la colaboración y la posibilidad de su modificación. 5. Las relaciones de la entidad mixta con terceros. IV. Conclusiones. V. Bibliografía.

1. Comunidades Autónomas, descentralización y modernización de la Administración Local. 2. La Comarca en la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la legislación básica estatal. 3. Las experiencias comarcales en otras Comunidades Autónomas. 4. La Comarca en Aragón. 5. La Ley 10/1993, de 4 de noviembre, de comarcalización de Aragón.

I. A modo de introducción: juicio general sobre la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas de Comarcalización. Una operación transcendental realizada en el marco de un consenso político absoluto. II. Una mirada atrás. Los pasos fundamentales en el proceso de comarcalización. Constatación sobre la pervivencia de un consenso político básico a través del mismo. III. Consideración especial de la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas de Comarcalización. IV. Reflexiones finales. Los riesgos inherentes a todo proceso de reorganización territorial y algunas de las soluciones previstas. Anexo normativo.

I. LA COMERCIALIZACIÓN DEL TURISMO RURAL. II. LAS CENTRALES DE RESERVA. III. EL RECONOCIMIENTO LEGAL DE LAS CENTRALES DE RESERVAS. SU RÉGIMEN JURÍDICO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA: 1. EL RECONOCIMIENTO LEGAL DE LAS CENTRALES DE RESERVAS. 2. RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS CENTRALES DE RESERVAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA.