Hemeroteca

I. La situación anterior a 1987: tasas judiciales más papel timbrado o sellado. 1. Las tasas judiciales. 2. El Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados: el papel timbrado o sellado. 3. Su inclusión en las costas. II. La supresión de las tasas judiciales y del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en los documentos judiciales llevada a cabo por la Ley 25/1986. 1. La exposición de motivos de la Ley 25/1986, de 24 de diciembre, de supresión de las tasas judiciales. 2. La supresión de las tasas judiciales y de la modalidad documentos judiciales del impuesto sobre actos jurídicos documentados. III. La resurrección parcial de las tasas judiciales en la Ley 53/2002, de 30 de diciembre. 1. Una insólita denominación: "tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional". 2. Tasa limitada a los órdenes civil y contencioso-administrativo. 3. Tasa limitada a personas jurídicas lucrativas que no sean de reducida dimensión. 4. Tasa limitada a quienes promuevan los procesos o interpongan los recursos. 5. Exenciones en el orden contencioso-administrativo. 6. Devengo de la tasa en el orden contencioso-administrativo. 7. Base imponible de la tasa. 8. Cuota tributaria. 9. Autoliquidación y pago. IV. Las tasas judiciales y el depósito para recurrir en la Ley Orgánica 1/2009. V. Las tasas judiciales en las Leyes 4/2011 y 37/2011. VI. La cuestión del resarcimiento del importe de las tasas al litigante victorioso y su tratamiento en la Ley de Medidas de Agilización Procesal de 10 de octubre de 2011. 1. El problema. 2. La vía de la responsabilidad patrimonial de la Administración como medio de resarcir al litigante victorioso del abono de la tasa. 3. La vía de las costas como medio de resarcir al litigante victorioso del abono de la tasa. 4. La solución en la denominada Ley de Medidas de Agilización Procesal de 10 de octubre de 2011. VII. Las soluciones dadas al problema de los efectos procesales de la falta de pago de las tasas judiciales hasta la STC 20/2012. 1. La perturbadora locución de la Ley 53/2002. 2. La posición de la doctrina: la eficacia de la tasa debe ser solo recaudatoria y no procesal ya que negar el acceso a la jurisdicción o al recurso por impago de la tasa vulnera el Art. 24.1 de la Constitución. 3. La interpretación de la Sala Primera del Tribunal Supremo: la falta de abono de la tasa judicial impide el acceso a la jurisdicción o al recurso pero siempre que la parte haya sido apercibida expresamente de esa consecuencia por el órgano judicial. 4. La interpretación de la Sala Tercera del TS: la falta de pago de la tasa judicial solo supone la paralización del proceso hasta que se justifique el pago. 5. El Auto de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional núm. 196/2010, de 21 de diciembre: condicionar la admisión de una demanda o recurso al abono de la tasa judicial supone "un obstáculo insalvable y desproporcionado para la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva". VIII. La sorpresiva declaración de constitucionalidad del art. 35.7.2 de la Ley 53/2002 por la STC 20/2012 y posteriores. 1. El pago de las tasas en el acceso a la jurisdicción civil: la STC 20/2012. 2. El pago de las tasas en el acceso a los recursos de la jurisdicción civil: las SSTC 79/2012, 85/2012 y posteriores. IX. La extensión al orden jurisdiccional contencioso-administrativo de la doctrina del TC sobre la tasa en el orden jurisdiccional civil. 1. El orden jurisdiccional contencioso-administrativo: la exención del pago de la tasa de una de las partes. 2. La STC 116/2012, de 4 de junio: una sentencia sin argumentación. X. La subsanación de la falta de abono de la tasa: amplitud de la subsanación. 1. La subsanación prevista en el art. 35.7.2 de la Ley 53/2002. 2. En el trámite de subsanación no sólo podrá acreditarse el pago de la tasa efectuado antes de interponer el recurso, sino también el pago de la tasa efectuado después de la interposición del recurso pero antes de ser notificado el requerimiento de subsanación, como incluso el pago de la tasa efectuado después de ese requerimiento dentro del plazo de diez días de subsanación. Todo ello incluso aunque en el momento de la subsanación hubiesen transcurrido ya los plazos para preparar o interponer recursos. 3. En el orden contencioso-administrativo hay que tener en cuenta, además, la existencia de la prórroga legal de los plazos. XI. El Proyecto de Ley para extender las tasas judiciales a todas las personas (físicas y jurídicas) y a los recursos del orden social, así como para incrementar notablemente su cuantía. 1. El proyecto de Ley presentado en el Congreso el día 3 de agosto de 2012. 2. Se sigue evitando la denominación "tasas judiciales". 3. De ser sujetos pasivos sólo las sociedades con rentas de más de 10 millones de euros se va a pasar a considerar sujetos pasivos a todas las personas -físicas y jurídicas- que no tengan derecho a la asistencia jurídica gratuita. 4. Se extiende la tasa a los recursos de suplicación y de casación en el orden jurisdiccional social. 5. La incomprensible fórmula empleada en el proyecto para determinar los efectos procesales que produce la falta de acreditación del abono de la tasa. 6. Las cuantías. XII. Las tasas judiciales creadas en la Comunidad Autónoma de Cataluña por la Ley Autonómica 5/2012, de 20 de marzo. 1. La denominada "tasa por la prestación de servicios personales y materiales en el ámbito de la administración de la Administración de justicia". 2. Prorrogado a nueve meses el plazo para que el Presidente del Gobierno estatal pueda interponer recurso de inconstitucionalidad contra la tasa judicial catalana. XIII. Las tasas judiciales en las demás Comunidades Autónomas. XIV. Epílogo.

I. EL SERVICIO PÚBLICO EN ESPAÑA: 1. ORIGEN DEL SERVICIO PÚBLICO Y SUS DIFICULTADES DE PRECISIÓN. 2. EL SERVICIO PÚBLICO "SUBJETIVO" O EN SENTIDO ESTRICTO: EL ARTÍCULO 128.2 CE. 3. EL SERVICIO PÚBLICO "OBJETIVO" O EN SENTIDO AMPLIO: LOS SERVICIOS DE "INTERÉS GENERAL". 4. SÍNTESIS VALORATIVA. II. EL SERVICIO PÚBLICO EN EL DERECHO COMUNITARIO: 1. DERECHO COMUNITARIO E INTERVENCIÓN PÚBLICA EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA. 2. LA FIGURA DEL SERVICIO PÚBLICO EN EL TRATADO DE LA COMUNIDAD EUROPEA. 3. LOS PRONUNCIAMIENTOS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA Y DE LA COMISIÓN. 4. LOS SERVICIOS DE INTERÉS (ECONÓMICO) GENERAL. 5. LA POSIBILIDAD DE INAPLICAR LAS NORMAS RELATIVAS A LA LIBRE COMPETENCIA. 6. LA CONCESIÓN DE AYUDAS PÚBLICAS A LOS SERVICIOS INTERÉS (ECONÓMICO) GENERAL. III. BIBLIOGRAFÍA SELECCIONADA.

I. Introducción. II. Transmisiones de oficinas de farmacia. Antecedentes legislativos y jurisprudenciales. 1. Transmisiones inter vivos. 2. Transmisiones mortis causa. III. Legislación vigente en el ámbito estatal. 1. Régimen inter vivos: A) RD 909/1978 y O 21 noviembre 1979. 2. Transmisión mortis causa: A)RD 909/1978 y O 21 noviembre de 1979. B) Aclaraciones jurisprudenciales al RD 909/1978 y O 21 noviembre 1979. C) Disposiciones complementarias. IV. Legislación vigente en Comunidades Autónomas: 1. Aspectos generales. 2. Transmisión inter vivos: A) En Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia. B) Transmisión en otras CC.AA. C) Aspectos peculiares de la reglamentación del País Vasco. 3. Transmisión mortis causa. V. Conclusiones.

I. PREGUNTA. II. RESPUESTA.

I. EL CONCEPTO DE UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESARIOS EN EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 1. EL CONCEPTO DE UTE EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. DIFERENCIAS CON LA DEFINICIÓN DEL ART. 7 DE LA LEY 18/1982, DE 26 DE MAYO. 2. LA FALTA DE PERSONALIDAD JURÍDICA DE LA UTE Y SU COMPOSICIÓN. II. LA OBLIGACIÓN DE LICITAR COMO UTE PARA UNA PLURALIDAD DE INTERESADOS. III. LA FORMALIZACIÓN DE LA UTE EN ESCRITURA PÚBLICA. IV. LA DURACIÓN DE LA UTE. V. EL REPRESENTANTE DE LA UTE. VI. EL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD FRENTE A LA ADMINISTRACIÓN.

1. Introducción. 2. Capacidad para contratar de lasUniones Temporales de Empresas. 3. Responsabilidad de losmiembros de la Unión Temporal de Empresas en la contrataciónadministrativa. 4. Momento en que se debe constituir laUnión Temporal de Empresas. 5. Necesidad de nombrar unrepresentante. 6. Duración de las Uniones Temporales deEmpresas adjudicatarias. 7. Clasificación de las UnionesTemporales de Empresas. 8. Prohibición de variaslicitaciones. 9. Prestación de garantías. 10. Bibliografía.11. Direcciones de Internet de diferentes órganosconsultivos.

1. La Universidad Pública: una Administración frente al derecho a la protección de datos. 2. La puesta al día en materia de protección de datos personales en la Universidad Pública. 3. La necesaria implicación de la comunidad universitaria en la gestión de la protección de datos personales. 4. Conclusiones.

I. LA SENTENCIA. Urbanismo. Impugnación de Plan General de Ordenación Urbana en cuanto al ámbito y determinaciones que establece para una urbanización. Los terrenos se encuentran urbanizados pero se trata de una urbanización ilegal en suelo rústico. Al haberse actuado ilegalmente la Administración no tiene obligación de clasificar los terrenos como suelo urbano. El Plan Especial de Reforma Interior es instrumento adecuado para lograr que la urbanización realizada ilegalmente se acomode al planeamiento. Cumplimiento del trámite de información pública, no siendo exigible nueva información entre la aprobación provisional, por el Ayuntamiento, y la definitiva por la Comunidad Autónoma, del texto que incorporaba la subsanación de deficiencias. II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

I. Introducción. II. Naturaleza de las vacaciones. III. Su compatibilidad con otros períodos de inactividad laboral. A) Enfermedad o accidente. B) Maternidad. C) Días de descanso o libranza. IV. Efectos económicos sobre los empleados públicos por falta de disfrute. A) Compensación económica. B) Indemnización de daños y perjuicios. V. Cuadro de sentencias estudiadas más relevantes.

I. Introducción. II. Concepto de vías pecuarias. III. Breve evolución histórica de las vías pecuarias. IV. Las vías pecuarias en el Código Civil. V. La desafectación. VI. La modificación del trazado de las vías pecuarias. VII. Clasificación y deslinde. 1. Clasificación. 2. El deslinde de las vías pecuarias. VIII. Conclusión.