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I. El supuesto de hecho de la STS de 2 de junio de 2008. II. El escrito de preparación del recurso de casación del Ayuntamiento de Vélez-Málaga fue inadmitido casi en su totalidad al no efectuar el juicio de relevancia que exigen los arts. 86.4 y 89.2 de la LJCA. III. La contradicción interna de la Sentencia recurrida como motivo de casación. 1. En general. 2. Aplicación al supuesto concreto. IV. La existencia de un proceso penal por posible prevaricación de las autoridades y funcionarios responsables de la pasividad del Ayuntamiento no afecta al proceso contencioso-administrativo seguido con objeto de hacer cesar esa pasividad y de conseguir una indemnización por los daños ocasionados. V. El derecho de los ciudadanos a exigir judicialmente que los ayuntamientos pongan fin a su pasividad en el cumplimiento de sus obligaciones. VI. La cuantía de la indemnización. 1. El criterio básico a tener en cuenta para fijar la indemnización: el coste del alquiler de una vivienda similar en la zona. 2. Primer lapso temporal: comprende los daños padecidos por los vecinos desde la primera medición de los ruidos en los locales denunciados realizada el día 24 de agosto de 1990 hasta que se dictó sentencia por la Sala de Málaga el día 16 de junio de 2003. 3. Segundo lapso temporal: comprende los daños padecidos por los vecinos desde que se dictó la sentencia por la Sala de Málaga el día 16 de junio de 2003 hasta la fecha en la que el Ayuntamiento de Vélez-Málaga haga desaparecer las molestias derivadas del exceso de ruido. VII. El ejemplar fallo de la STS de 2 de junio de 2008. VIII. Epílogo.

La falta de pago del justiprecio expropiatorio genera una garantía a favor del expropiado que le faculta a solicitar la retasación del justiprecio fijado, garantía que es exigible si se da cumplimiento a los requisitos regulados en la Ley de Expropiación Forzosa, conforme la regulación que ha sido objeto de novación en dos ocasiones: con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación y con la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.

1. Fórmula aplicable. 2. Es importante plantear laìcuestión relativa a la procedencia o improcedencia deìdeducir la parte proporcional de la retribuciónìcorrespondiente a la mensualidad de vacaciones. c) Enìrelación con el problema objeto del presente estudio se haìplanteado también la cuestión de si es requisitoìimprescindible para su validez y antes de acordar la ...

I. Introducción. II. La controvertida utilización de la protección de datos personales como fundamento del incremento retributivo de los empleados públicos concernidos. III. Planteamiento del caso. IV. La sentencia. V. La extensión subjetiva de efectos de la sentencia firme en la jurisdicción contencioso-administrativa como cauce alternativo al recurso contencioso-administrativo por el resto de empleados públicos de la administración condenada. VI. A modo de conclusión: consecuencias en la práctica del pronunciamiento judicial.

I. El fenómeno de la retroactividad administrativa. II. Presupuesto: actos anulados que serán sustituidos. III. ¿Potestad facultativa o imperativa? IV. El caso de la retroactividad de actos en procedimientos selectivos que sustituyen los invalidados judicialmente. V. Cauces de reclamación de la retroactividad. VI. Expansividad del derecho a la retroactividad. VII. El alcance del derecho a la retroactividad frente a terceros. VIII. Conclusiones.

I. CONCEPTO. II. EL BIEN JURÍDICO. III. EL CONCEPTO DE SECRETO. IV. EL SECRETO SUMARIAL. V. EL ARTÍCULO 417 DEL CÓDIGO PENAL. VI. SUJETO ACTIVO. VII. CONDUCTA TÍPICA.

I. Introducción. II. Novedades de la Ley 39/2015. III. Procedimiento de revisión. IV. El derecho al procedimiento de revisión y la jurisdicción.

I. Introducción. II. Novedades en materia de revisión de oficio. III. Novedades en la regulación de los recursos administrativos. IV. Desaparición de las reclamaciones previas a la vía civil y a la vía laboral.