Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI)

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¿Hay muchos empleados públicos en España? Eficiencia y efectividad en el contexto de la OCDE

Manuel Arenilla Sáez; David Delgado Ramos

Revista de Administración Pública, n.º 193/2014, pág. 297 a 334

Sumario
I. Introducción. II. La problemática de las fuentes y sus metodologías. III. La evolución en el número de efectivos (2003-2013). IV. Eficiencia y efectividad. El contexto de la OCDE. V. La necesidad de reforzar las medidas estructurales. VI. Conclusiones. Bibliografía.

¿INTERRUMPE EL EJERCICIO DE ACCIONES PENALES EL PLAZO DE PRESCRIPCION PARA EXIGIR LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACION? SOBRE EL ALCANCE DEL ARTICULO 146.2 ...

GARCIA-TREVIJANO GARNICA, ERNESTO

Revista de Administración Pública, n.º 141/1996, pág. 265

¿MEDIDAS PROVISIONALISIMAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO? (COMENTARIO A LOS AUTOS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 2 Y 19 DE NOVIEMBRE DE 1993)

SANZ GANDASEGUI, FRANCISCO

Revista de Administración Pública, n.º 138/1995, pág. 183

Sumario
1. Introducción: los autos del Tribunal Supremo de 2 y 19 de noviembre de 1993. 2. Las medidas provisionalísimas y la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 3. Aplicación supletoria de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 4. Conclusión.

¿QUE SE ENTIENDE POR TOLERANCIA EN EL DERECHO ESPAÑOL? ANALISIS DE LA LA DOCTRINA Y LA JURISPRUDENCIA

ROCA, MARIA J.

Revista de Administración Pública, n.º 152/2000, pág. 203

Sumario
1. Introducción. 2. Status quaestionis de ladiscusión actual en la doctrina. 3. La tolerancia en lasfuentes legales. 4. La tolerancia en las fuentesjurisprudenciales. 5. Consideraciones conclusivas.

¿RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL DEFENSOR DEL PUEBLO EUROPEO?

COBREROS MENDAZONA, E.

Revista de Administración Pública, n.º 159/2002, pág. 209

Sumario
I. La reciente Sentencia Lamberts del Tribunal de Primera Instancia. Circunstancias del caso: una reclamación ante el Defensor del Pueblo, por una actuación de la Comisión, que finaliza sin arreglo alguno. II. Algunas cuestiones previas solventadas por el Tribunal de Primera Instancia: la inadmisión anticipada del recurso con respecto al Parlamento Europeo y la legitimación pasiva del Defensor del Pueblo Europeo. III. Admisibilidad (hipotética) de la responsabilidad patrimonial del Defensor del Pueblo Europeo y denegación (concreta) de la indemnización solicitada. IV. Alcance efectivo de la responsabilidad patrimonial por la actuación del Defensor del Pueblo Europeo en el ejercicio de sus funciones.

¿Riesgo sin ventura? Comentario de las Sentencias del Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 2019 y 19 de febrero de 2020

Santamaría Pastor, Juan Alfonso

Revista de Administración Pública, n.º 214/2021, pág. 135 a 164

Sumario
I. Las sentencias. II. El fundamento de los fallos. III. Precisiones de concepto. IV. La doctrina de las sentencias.

¿SOCIEDADES PUBLICAS PARA CONSTRUIR Y CONTRATAR OBRAS PUBLICAS? (A PROPOSITO DE ALGUNAS INNOVACIONES DE LA LEY DE ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS DEL ESTADO PARA 1997)

MARTINEZ LOPEZ-MUÑIZ, J. L.

Revista de Administración Pública, n.º 144/1997, pág. 45

Sumario
1. Introducción: novedosa habilitación por la Ley 13/96 de una "gestión directa" de la construcción y/o explotación de carreteras y obras hidráulicas por sociedadesmercantiles estatales sometidas a un régimen especial de contratación parcialmente jurídico-administrativo. 2. Ruptura del principio ...

¿Son válidas las notificaciones practicadas mediante correo electrónico?

Cubero Marcos, José Ignacio

Revista de Administración Pública, n.º 204/2017, pág. 133 a 163

Sumario
I. Introducción. II. Las notificaciones electrónicas y su régimen jurídico actual. 1. Planteamiento general y concepto. 2. Las modalidades: acceso a la sede electrónica o al punto general del acceso. 3. Las distinción entre la notificación y el aviso. III. Las notificaciones por correo electrónico: 1. La Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos (LAE) y el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre (RAE). 2. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 3. Algunas cuestiones controvertidas a la luz de la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de noviembre de 2016. 3.1. El principio finalista prevalece sobre el formalista. 3.2. El principio de buena fe. 3.3. El uso del correo electrónico como medio de notificación. IV. Conclusiones.

¿Son viables las acciones civiles frente al deslinde de las costas?

María José Alonso Mas

Revista de Administración Pública, n.º 192/2013, pág. 181 a 230

Sumario
I. Planteamiento: 1. Los deslindes bajo la Ley de 26 de abril de 1969. 2. Los efectos del deslinde bajo la Ley 22/88 y su incidencia sobre el control jurisdiccional. II. El enjuiciamiento por el orden jurisdiccional civil de las acciones reivindicatorias entabladas como reacción frente a la demanialización de la costa o en defensa de la misma. III. El orden contencioso-administrativo como único competente para enjuiciar los deslindes de las costas tras la Ley 22/88: 1. Los argumentos a favor de la competencia del orden contencioso-administrativo. 2. Análisis de los distintos supuestos. IV. El ámbito residual del orden jurisdiccional civil: las acciones declarativas de dominio a efectos del reconocimiento de las situaciones previstas en las Transitorias primera y segunda de la Ley de Costas. V. El nuevo significado de las acciones civiles tras la Ley 2/13. VI. Conclusiones.

¿Un nuevo episodio de desajuste entre el Derecho administrativo y el Derecho laboral?: Una reflexión a propósito de las medidas adoptadas en la reforma laboral

Federico A. Castillo Blanco

Revista de Administración Pública, n.º 190/2013, pág. 309 a 347

Sumario
I. Introducción: la difícil convivencia entre el Derecho administrativo y el Derecho laboral en materia de empleo público. II. La proyección del Derecho público sobre la extinción del contrato de trabajo en las Administraciones públicas: el supuesto de los despidos colectivos públicos. III. La necesidad de expediente previo: la necesaria articulación de los instrumentos de racionalización del empleo previstos en la normativa laboral y administrativa. IV. Una última cuestión: ¿jurisdicción social o contencioso-administrativa para el control de los despidos colectivos en la Administración Pública?

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