Hemeroteca

I. Introducción. II. La cláusula anti-algarrobicos. 1. El célebre hotel construido en la playa de El Algarrobico y sus vicisitudes jurídicas. 2. Con arreglo a la LC 1988, la competencia para suspeder -impugnar los actos y acuerdos de las Entidades Locales que afectasen al dominio público marítimo-terrestre era solo de los Jueces y Tribunales y no de la Administración del Estado. 3. La posibilidad excepcional de que la Administración del Estado acordase la suspensión-impugnación de los actos de las Entidades Locales al amparo del art. 67 de la LRL. 4. La cláusula anti-Algarrobicos establecida por la LC 2013 como superación a los límites que imponía el art. 67 de la LRL. 5. La cláusula anti-Algarrobicos y la autonomía local. 6. La cláusula anti-Algarrobicos y las competencias autonómicas. III. Los paseos martítimos: se hace retroceder la línea interior de la ribera del mar para hacerla coincidir con la línea exterior de los paseos marítimos. IV. Un régimen privativo para la Isla de Formentera. 1. Retorno a la Ley de Costas de 1969. 2. ¿Respeta ese régimen a la carta para la isla de Formentera las exigencias constitucionales del principio de igualdad? V. Los terrenos inundados artificialmente: salinas, piscifactorías y marinas. 1. Situación de los terrenos inundados artificialmente en las LC de 1988 y de 2013. 2. La privatización de las salinas marinas y piscifactorías existentes a la entrada en vigor de la LC 1988. 3. Las marinas y la privatización de sus "garajes". VI. La obligación de inscribir los bienes de dominio público marítimo-terrestre en el Registro de la Propiedad. 1. El acceso del demanio marino al Registro de la propiedad antes de la LC 2013. 2. El paso final que da la LC 2013: la obligación de inscribir el demanio marino en el Registro de la Propiedad. VII. Las modificaciones en el procedimiento de deslinde. 1. Los informes de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. 2. La novedosa intervención del Ministerio de Fomento cuando el deslinde afecte al dominio público portuario estatal. 3. La coordinación entre los planos topográficos utilizados en el procedimiento de deslinde y la cartografía catastral. 4. La expedición por el Registro de la Propiedad de las certificaciones de dominio y cargas y la extensión de notas marginales de los folios de las fincas afectadas por el deslinde. VIII. Epílogo

1. El Censo Electoral: breve referencia histórica. 2. La Ley Orgánica de 19 de junio de 1985. a) Sus primeras aplicaciones. b) Objetivo y motivación de la Ley. c) El doble cometido que pretende cumplir. d) Estructura y contenido de la Ley. 3. La Oficina del Censo Electoral. a) Encuadramiento de la Oficina del Censo Electoral. b) Naturaleza y dependencia de la Oficina. c) Colaboradores de la Oficina del Censo Electoral y competencias de ésta. 4...

I. La publicidad de los contratos del sector público. 1. Situación actual de la publicidad de los contratos del sector público. 2. La publicidad de los contratos del sector público en la Ley de Transparencia. II. La publicidad de los convenios administrativos. 1. La situación actual. 2. La publicidad de los convenios en la Ley de Transparencia. III. La publicidad de las encomiendas de gestión. 1. La situación actual. 2. La publicidad de las encomiendas de gestión en la Ley de Transparencia. IV. La publicidad de las retribuciones de los altos cargos y máximos responsables. V. El derecho de acceso a la información pública o publicidad pasiva. 1. Legitimación para acceder a la información pública. 2. El objeto del derecho de acceso. 3. Órgano competente para tramitar y resolver las solicitudes de acceso a la información pública. 4. La reclamación potestativa ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. 5. El proceso contencioso-administrativo. 6. Las regulaciones especiales del derecho de acceso a la información pública, en especial, la relativa al procedimiento administrativo. VI. Epílogo.

I. Casi todos los que son, pero ¿todo lo que hacen? II. Los translúcidos. III. Los querulantes.

I. Introducción. II. El Open Data y el Open Government. III. La Ley de Procedimiento y la protección de datos. IV. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. V. A modo de conclusión.

El Mercado de Valores en el Estado de las Autonomías.

1. Directiva 89/298/CEE del Consejo, de 17 de abril, por la que se coordinan las condiciones de elavoración, control y difusión del folleto que debe publicarse en caso de oferta pública de valores negociables. 2. Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. 3. Real Decreto 276/1989, de 22 de marzo, Sociedades y Agencias de Valores. 4. Real Decreto 726/1989, de 23 de junio.

I. Introducción. II. Cuestiones generales. II. El ámbito de aplicación de la LPAC. IV. Los interesados. V. El procedimiento administrativo electrónico. VI. Términos y plazos. VII. Eficacia de los actos administrativos emanados de otra Administración pública. VIII. Las notificaciones. IX. Los derechos del interesado en el procedimiento administrativo.

I. La iniciación del procedimiento. II. La fase de instrucción del procedimiento. III. La fase de finalización del procedimiento. IV. La nueva tramitación simplificada del procedimiento administrativo común. V. La ejecución de los actos administrativos. VI. La revisión de oficio. VII. Los recursos administrativos. VIII. Las reclamaciones previas al ejercicio de las acciones civiles y laborales. IX. La potestad sancionadora. X. La responsabilidad de las Administraciones públicas y de sus autoridades y demás personal a su servicio. XI. De la iniciativa legislativa y de la potestad para dictar reglamentos y disposiciones. XII. Epílogo.

I. Introducción. II. Requisitos relacionados con las circunstancias jurídicas del paciente. III. Requisitos relacionados con las circunstancias médicas y sanitarias del paciente. IV. Requisitos formales y procedimentales. V. A modo de conclusión. VI. Bibliografía.