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I.INTRODUCCION. II.CONTRATOS QUE NECESITAN PREVIAìAUTORIZACION. III.LA APROBACION DEL GASTO EN LOS CONTRATOSìCON PREVIA AUTORIZACION. IV.DESPROPORCION DE LAìAUTORIZACION, SEGUN SEA PARA CONTRATAR O PARA ENAJENAR.

I. LA SENTENCIA. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. BASE IMPONIBLE. CONSTITUCIÓN DE UN DERECHO DE SUPERFICIE. II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

I. Introducción. II. Documentación revisada. III. Normativa aplicable. IV. Principales argumentos de defensa de los operadores de telefonía móvil. 1. La Sentencia del TJUE de 12 de julio de 2012. 2. Incompatibilidad de Tasas. Tasa general vs Tasa especial. 3. Impugnación de la metodología de cuantificación de la tasa. 4. Las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local a favor de las empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil son discriminatorias y desproporcionadas. V. Consideraciones a las reacciones de los distintos Ayuntamientos tras la sentencia del TJUE. La no procedencia de nuevas cuestiones prejudiciales. VI. Conclusiones. VII. Bibliografía.

I. EL PRINCIPIO DE LA BUENA ADMINISTRACIÓN. II. RESOLUCIONES JUDICIALES SOBRE EL DERECHO A LA BUENA ADMINISTRACIÓN. 1. EL PRINCIPIO A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN ESTIMA ADECUADO EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE UN MUNICIPIO A OTRO CUANDO LAS NECESIDADES DEL SERVICIO LO REQUIERAN CON INDEPENDENCIA DE SU CUALIDAD SINDICAL. 2. CONSAGRA EL PRINCIPIO A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN LA CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES. 3. LÍMITES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN POR INCIDENCIA DEL PRINCIPIO A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN QUE CONSAGRA LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA DEL INCULPADO. 4. EL PRINCIPIO A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA OBLIGA QUE CUALQUIER RESTRICCIÓN DE DERECHOS DE DEFENSA SE ENCUENTREN SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADOS. 5. PRINCIPIO DE BUENA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y DIGNIDAD DE LA PROFESIÓN DE ABOGADO. 6. DERECHO A LA EJECUCIÓN DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES FIRMES ESTÁ MATIZADO POR EL PRINCIPIO A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN PROTECCIÓN DE LOS INTERESES DE LAS PARTES. 7. LA AUSENCIA DE CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES QUE JUSTIFIQUEN LA FALTA DE AUDIENCIA DEL DEMANDANTE, SIENDO ÉSTA BENEFICIOSA PARA LA BUENA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CAUSA VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN. 8. LA INACTIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN MÁS ALLÁ DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LAS NORMAS CONSTITUYE UNA LESIÓN AL PRINCIPIO A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN. 9. PRINCIPIO A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN PROTECTOR DE LA ÓPTIMA GESTIÓN DE LOS ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS: DILACIONES INDEBIDAS E INFRACCIÓN DEL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA. 10. EL PRINCIPIO A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN COMPRENDE DERECHO DE DEFENSA, LA SEGURIDAD JURÍDICA Y LA PROSCRIPCIÓN DE INCOACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO DE MANERA EXCESIVAMENTE EXTEMPORÁNEA Y ADOPTAR UNA SANCIÓN DISCIPLINARIA SIN ESPERAR A LA RESOLUCIÓN FIRME DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL PENAL. 11. EL PRINCIPIO A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN OBLIGA A LA ADMINISTRACIÓN A UNA AGILIDAD PROCEDIMENTAL EN LA INVESTIGACIÓN DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES DISCIPLINARIAS, VIOLANDO DICHO PRINCIPIO ACTUACIONES DISCIPLINARIAS DILATADAS EN EL TIEMPO QUE CAUSAN DAÑO MORAL. 12. EL PRINCIPIO A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA COMPRENDE LA APLICACIÓN RIGUROSA DEL PRINCIPIO DE CARGA DE LA PRUEBA. 13. ANTENTAN AL PRINCIPIO A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN QUE LAS DECISIONES O ACUERDOS ADMINISTRATIVOS NO HAYAN SIDO ADOPTADOS DENTRO DE DETERMINADOS LÍMITES TEMPORALES COMO LA PROTECCIÓN DE LA CONFIANZA LEGÍTIMA. 14. ES UNA EXIGENCIA DEL PRINCIPIO A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN FACILITAR TODAS LAS INFORMACIONES PERTINENTES A LA OTRA PARTE ACTUANTE EN EL PROCEDIMIENTO. 15. EL PRINCIPIO A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN OBLIGA A LA ADMINISTRACIÓN A TRATAR CON DIGNIDAD A LOS ADMINISTRADOS RESPETAR SU REPUTACIÓN. 16. OBJETIVIDAD EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA. 17. EL PRINCIPIO A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN PROSCRIBE LA ARBITRARIEDAD EN LA ACTUACIÓN DE LOS PODERES PÚBLICOS.

1. Consideraciones generales. 2. Delimitaciónìconceptual y naturaleza jurídica. 3. Causas o motivos deìcaducidad.

4. La declaración de caducidad. a. El dato deìDerecho positivo. b. La necesidad de la declaración. c.ìFuncionalidad. d. Presupuestos. e. Aspectos discrecionales yìreglados. f. Procedimiento.

I. El supuesto de hecho de la STS de 3 de febrero de 2009. II. La inexistencia de fase probatoria en el recurso de casación. 1. La existencia de fase probatoria en el recurso de apelación. 2. La inexistencia de fase probatoria en el recurso de casación. 3. Cuando en un recurso de casación se estiman cuestiones referentes a la prueba, las mismas no se ventilan ante el TS, sino que se reponen las actuaciones para que sean practicadas ante el Tribunal de instancia. III. En el recurso de casación tampoco puede solicitarse la adopción de medidas cautelares. IV. La caducidad de los procedimientos administrativos. 1. La caducidad de los procedimientos en general. 2. La caducidad de los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados. 3. La caducidad de los procedimientos iniciados de oficio. 4. Pero ¿cuándo estamos ante un procedimiento iniciado a solicitud de los interesados o ante un procedimiento iniciado de oficio?. 5. Los efectos de la caducidad. 6. La caducidad en los procedimientos tributarios. V. Epílogo.

I. Introducción de la cuestión. II. La caducidad del procedimiento por causa imputable a la Administración. III. Diferencia práctica de que la caducidad del procedimiento sea un vicio de nulidad o de anulabilidad. IV. Calificación por la jurisprudencia de la caducidad como vicio de nulidad y razones de ello. VI. Conclusión.

1. La cuestión. 2. Posiciones doctrinales sobre lacuestión y análisis de ésta. 3. Requisitos y efectos de lacaducidad del procedimiento sancionador. 4. Conclusiones.