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I. Introducción. II. El entorno doctrinal de la resolución. III. Se aborda la cuestión de inconstitucionalidad.

I. Introducción. II. Algunas cuestiones previas: avance y normas mínimas de habitabilidad. III. Clasificación de las edificaciones. En particular, las aisladas. 1. Edificaciones aisladas en suelo no urbanizable. 2. Situación legal de fuera de ordenación. 3. Situación de asimilación a la de fuera de ordenación. IV. El caso singular de las edificaciones antiguas. V. Régimen jurídico de las edificaciones asimiladas al régimen de fuera de ordenación. 1. Presupuesto de hecho: caducidad de la acción restauradora del orden jurídico vulnerado. 2. Límites materiales. VI. Procedimiento para el reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación. 1. Inicio del procedimiento. 2. Instrucción. 3. Resolución. VII. Efectos. 1. Régimen restrictivo. 2. El problema de los servicios básicos. 3. Otros efectos. VIII. Breve apunte al régimen transitorio: asentamientos urbanísticos y hábitat rural diseminado. IX. Conclusiones.

I. Introducción. II. Justificación constitucional y régimen jurídico del Patrimonio Público de Suelo. III. Rasgos distintivos del Patrimonio Público de Suelo. 1. Naturaleza jurídica y finalidades. 2. Constitución del Patrimonio Público de Suelo. 3. Bienes integrantes del Patrimonio Público de Suelo. 4. Destino de los bienes del Patrimonio Público de Suelo. IV. El patrimonio municipal de suelo como fuente de financiación local. V. La reducción de la deuda municipal como destino del patrimonio público de suelo. VI. Bibliografía.

I. Incidencia de la normativa reguladora de los entes instrumentales en su proceso de racionalización: especial referencia a su creación, modificación y supresión. 1. Marco normativo regulador de los entes instrumentales estatales, autonómicos y locales. 2. Límites derivados del procedimiento de creación, modificación y extinción de entes instrumentales. II. La potestad organizatoria respecto de entes instrumentales: principios y fines a los que se sujeta. 1. Principios que deben regir la potestad de autoorganización como actuación administrativa de creación de Entes instrumentales. A. Los principios de descentralización funcional, de competencia, de no duplicación de estructuras administrativas, de coordinación y de dirección y control. B. Los principios de eficacia, racionalización administrativa y buena administración. 2. La organización administrativa debe ajustarse a fines de interés general. III. El control de la discrecionalidad en el ejercicio de la potestad organizatoria respecto de entes instrumentales. 1. Técnicas de control de la discrecionalidad. 2. Control de la potestad organizatoria como potestad normativa: los principios de buena regulación. IV. Racionalización en la organización administrativa y reducción del gasto público a través de la reducción de entes instrumentales. 1. El principio de sostenibilidad financiera y de estabilidad presupuestaria: fundamento para la reducción de entes instrumentales. 2. La racionalización del sector público instrumental estatal, autonómico y local. V. La reordenación de entes instrumentales en Andalucía. 1. Medidas y principios aplicables a la reordenación del sector público andaluz. 2. El principio de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública: doctrina del TSJ de Andalucía y del Tribunal Supremo a raiz de la reordenación del sector público andaluz. VI. Reflexión final.

I. La Sentencia. II. Normativa aplicable. III. Argumentación del Tribunal. IV. Consecuencias para la práctica.

I. Cuestión planteada. II. Consideraciones jurídicas. III. Opinión.

I. Cuestión planteada. II. Consideraciones jurídicas. III. Opinión.

I. Introducción. II. Tratamiento jurídico. 1. Normativa europea. 2. Normativa estatal. III. Resoluciones de los Tribunales administrativos. 1. Resoluciones del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. 2. Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. IV. Conclusión.

1. Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (Art. 326 TRLCSP). 2. Registros Oficiales de Licitadores y Empresas Clasificadas de las Comunidades Autónomas (Art. 327 TRLCSP). 3. Contenido del registro (Art. 328 TRLCSP). 4. Voluntariedad de la inscripción (Art. 329 TRLCSP). 5. Responsabilidad del empresario en relación con la actualización de la información registral (Art. 330 TRLCSP). 6. Publicidad (Art. 331 TRLCSP). 7. Colaboración entre Registros (Art. 332 TRLCSP).

1. Introducción. 2. Ámbito de análisis. 3. Infracciones normativas que no constituyen causa de nulidad de los pliegos. 3.1. Requisitos relativos a la aptitud de los licitadores. 3.2. Otras ilegalidades. 4. Supuestos de nulidad de pleno derecho de los pliegos. 4.1. Ausencia de fijación de los requisitos mínimos de solvencia. 4.2. Establecimiento de criterios de solvencia discriminatorios o que vulneren el principio de libre concurrencia. 4.3. Establecimiento de criterios de adjudicación que infringen el principio de igualdad. En especial, la valoración de las mejoras. 4.4. Contenido de los pliegos que implique desvelar el secreto de las comunicaciones. 4.5. Procedimiento negociado que no incluye fase de negociación. Cuadro de resoluciones estudiadas.