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I. Introducción. II. Intimidad y protección de datos. 1. Falta de control e información asimétrica. 2. La calidad del consentimiento del usuario. 3. Consecuencias derivadas del tratamiento de los datos así como de su reutilización. 4. Intrusión en los perfiles y patrones de comportamiento de los usuarios. 5. Limitaciones del anonimato en el uso de los servicios. 6. Riesgos en materia de seguridad. III. Aplicación de la normativa europea. 1. Ley aplicable. 2. Datos de carácter personal. 3. Responsables del tratamiento. 4. Usuarios como titulares de datos de carácter personal. IV. Obligaciones. 1. Artículo 5.3. De la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas. 2. Principios relativos a la legitimación del tratamiento de datos personales. 3. Calidad de los datos. 4. Datos sensibles o especialmente protegidos. 5. Información del interesado o afectado. 6. Seguridad de los datos personales. V. Derechos de los afectados. 1. Derecho de acceso. 2. Retirada del consentimiento y oposición. VI. Conclusiones. 1. Recomendaciones comunes a todos los interesados. 2. Recomendaciones para los fabricantes de dispositivos. 3. Recomendaciones a los desarrolladores de aplicaciones. 4. Recomendaciones a las redes sociales. 5. Recomendaciones a los propietarios y usuarios de dispositivos. 6. Recomendaciones para los organismos de normalización. VI. Bibliografía.

I. Las vías para superar los problemas derivados de la dispersión de titularidades y la escasez de medios de algunos de los ayuntamientos titulares del servicio de abastecimiento. 1. El servicio de abastecimiento y depuración de agua como competencia municipal. 2. El intento de la LRSAL de racionalizar la estructura de prestación del servicio. Su falta de coherencia, su difícil aplicación y su posible inconstitucionalidad. 3. El modelo del Canal de Isabel II, como modelo de cooperación que permite implementar gradualmente, de forma adecuada a la Constitución, una gestión integrada en el ámbito supralocal. II. La deficiente regulación de los costes del servicio y de su repercusión en la tarifa del agua.

I. La Sentencia ejecutada. II. La solicitud de ejecución de la Sentencia por terceros. III. La posición de la Audiencia Nacional. A. El pronunciamiento reconociendo una situación individualizada sólo produce efectos entre las partes. B. ¿Es de aplicación al caso la doctrina contenida en el ATS de 13 de noviembre de 2013 (Rec. 419/2010)? IV. Conclusión.

I. Introducción. II. El recurso de apelación y las sanciones que impiden el desempeño del trabajo o profesión. III. La jurisprudencia del Tribunal Supremo. 1. Sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión. 2. Sanción de suspensión de funciones. IV. La posición de los Tribunales Superiores de Justicia y la Audiencia Nacional. 1. Sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión. A. La doctrina mayoritaria. B. La doctrina minoritaria. V. Conclusiones.

I. Introducción. II. Recurso contencioso administrativo. 1. Competencia. 2. Objeto. 3. Sujetos. 4. Procedimiento. 5. Medidas cautelares: la apariencia de buen derecho referido a la inconstitucionalidad una Ley solo puede ser valorada por el Tribunal Constitucional. 6. Proceso especial de derechos fundamentales: imposibilidad de que los Autos de inadmisión por inadecuación de procedimiento anticipen una resolución de fondo sobre las pretensiones de tutela de derechos fundamentales. 7. Extensión de efectos: sólo puede acudir al procedimiento de extensión de efectos cuando el contribuyente presenta e ingresa una autoliquidación que no ha sido comprobada por la Administración, pero nunca cuando no existe actuación alguna por su parte y se deja firme la autoliquidación. III. Recurso de casación. 1. Consideraciones generales sobre el recurso de casación contra Autos de ejecución de Sentencia. 2. Inadmisión: por razón de la cuantía, a pesar de fijarse ésta como indeterminada en la instancia. IV. Recurso extraordinario de revisión: doctrina sobre el motivo relativo a la recuperación de documentos decisivos.

I. Ejecución del planeamiento urbanístico. II. Disciplina urbanística.

I. Consideraciones previas. II. Acceso al empleo público. 1. Titulación exigida. El título de máster no se encuentra entre la titulación exigida -ni habilitante- para el acceso a los cuerpos del grupo a. 2. En el caso de los cuerpos docentes universitarios, el cálculo del número de plazas de nuevo ingreso comprendidos en el 10%. 3. Discapacidad. 4. Resolución de empate. III. Provisión de puestos de trabajo y movilidad. 1. Cese en puesto de nuevo ingreso cuya forma de provisión era la libre designación. 2. Cese en puesto ocupado en comisión de servicio: necesidad de causa legal. 3. Traslado por razón de salud. IV. Situaciones administrativas. 1. El reingreso al servicio activo a través de la adscripción provisional en un mecanismo excepcional. V. Derechos fundamentales. 1. Libertad de expresión. Ampara también las manifestaciones y críticas realizadas por un militar con "mesura, moderación y corrección". VI. Derechos colectivos. 1. Derecho a la negociación colectiva. VII. Derechos retributivos. Paga extraordinaria. VIII. Derechos laborales. 1. El permiso por lactancia puede ser ejercido indistintamente por el padre o la madre al estar desvinculado del hecho biológico de la lactancia natural. 2. Derecho a las vacaciones. El funcionario tiene derecho a una compensación económica por las vacaciones no disfrutadas por encontrarse en incapacidad transitoria antes de su jubilación. IX. Extinción de la relación de servicio. 1. Jubilación voluntaria anticipada en el sector docente no universitario: servicios ininterrumpidos y práctica administrativa.

I. Consideración preliminar. II. Causalidad, objetividad y antijuridicidad. III. Daño indemnizable. IV. Acción y procedimiento. Plazo para la reclamación de daños derivados de la asistencia sanitaria. Diferencia entre daño continuado y daño permanente.

I. Fuentes del Derecho Administrativo sancionador. II. Concepto de Sanción. III. Principio de legalidad sancionadora: reserva de Ley y tipicidad. IV. Elemento subjetivo de la infracción. Culpabilidad. V. Sujetos responsables. VI. Competencia sancionadora. VII. Concurso de normas punitivas, concurso de infracciones, prohibición de doble sanción por la misma infracción: non bis in idem. VIII. Procedimiento administrativo sancionador. IX. En especial, la prueba y la presunción de inocencia. X. La resolución del procedimiento administrativo sancionador. XI. Extensión de la sanción procedente en cada caso: proporcionalidad, agravantes, atenuantes. XIII. Extinción de la rsponsabildiad sancionadora por prescripción. XIV. Control jurisdiccional de la potestad sancionadora.

I. Introducción. II. La aplicación de las normas de defensa de la competencia por la Comisión. Especial referencia a la garantía de los derechos esenciales de los administrados. 1. Marco normativo. 2. Requisitos del procedimiento. 2.1. Competencia. 2.2. Legitimación. 3. Desarrollo del procedimiento. 3.1. Actuaciones previas: la instrucción del expediente. 3.2. Procedimiento en sentido estricto. 3.1.2. Incoación. 3.2.2. Pliego de Cargos. 3.2.3. Acceso al expediente. 3.2.4. Derecho de audiencia. 3.2.5. Prueba. 3.2.6. Consultas. 3.3. Terminación del procedimiento. 3.3.1. Obligación de la Comisión de dictar una resolución expresa dentro de un plazo razonable. 3.3.2. Publicidad de las decisiones de la Comisión. III. A modo de conclusión.