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I. INTRODUCCION. II. CARACTERIZACION DE LA CLAUSULA DE PRECARIO EN LOS TITULOS DE OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO. III. LAS SENTENCIAS DE 21 DE MAYO Y 3 Y 5 DE JUNIO DE 1.987. IV. COMENTARIO.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y ENTES LOCALES: LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL SOBRE EL REGIMEN LOCAL
1. Introducción. 2. Los entes locales como poderesìpublicos. 3. Sistema de fuentes: competencia normativa sobreìel Régimen Local. 4. Autonomía local. 5. Las competencias deìlos entes locales. 6. Funcionarios locales. 7. Haciendasìlocales. 8. Relación cronológica de sentencias y autos delìTribunal Constitucional relativos a entes locales.
1. ¿Una tutela excepcional y discrecional?. 2. La solicitud de suspensión. 3. El requisito esencial, la pérdida de la finalidad del recurso, y su alcance. 4. La minuciosa ponderación judicial y los supuestos de denegación de la suspensión. 5. Contenido, publicidad y eficacia. 6. Utilidad práctica de la suspensión cautelar.
TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y NO SUSPENSION EN VIA DE RECURSO.
1. UNA EFEMERIDES Y UNA REFLEXION. 2. EL ANORMALìDESARROLLO DEL PRIVILEGIO DE DECISION EJECUTORIA. 3. ELìPRIVILEGIO DE LA NO SUSPENSION. "FUNDAMENTOS REALES YìFICTICIOS. 4. LAS SENTENCIAS DE 17 Y 21 DE JULIO DE 1.932.ì5. CONCLUSION.
Tutela judicial y sistema de recursos en la contratación pública inglesa
I. Introducción. II. Control judicial y sistema de recursos. 1. Los dos niveles de tutela. Fuentes y cuestiones procesales comunes. 2. Los mecanismos de tutela tradicionales: la compensación por daños y perjuicios y las medidas provisionales. 3. Mecanismos de tutela disponibles en contratos bajo el alcance de las Directivas. 4. El novedoso sistema de recursos del National Health Service. III. Conclusión. IV. Bibliografía.
TUTELA JUDICIAL, LEY DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA Y PRÁCTICA FORENSE: VIEJAS DIFICULTADES Y NUEVAS PROPUESTAS
I. Jurisdicción contencioso-administrativa y Constitución Española: planteamiento general. II. La posible inconstitucionalidad del artículo 46 LJCA/1998 por vulneración del artículo 24 CE, en tanto en cuanto establece un plazo de seis meses para recurrir en caso de silencio. III. Aspectos negativos que pueden no suponer una vulneración de la tutela judicial efectiva, pero cuya corrección podría satisfacer mejor el cumplimiento de tal derecho y su percepción social. 1. Artículo 14.1, regla segunda: la cuestionable limitación jurisprudencial de la operatividad del fuero territorial electivo al ámbito de un Tribunal Superior de Justicia. 2. Artículo. 78.16: ¿es o no admisible el dictamen de peritos designados judicialmente en el procedimiento abreviado? 3. Artículo 104.2: cuando se inicia un contencioso-administrativo en ejercicio de la acción pública, ¿por qué excluir de su alcance la solicitud de la ejecución de la sentencia que eventualmente se dicte? 4. Artículo 139.1, párrafo segundo: una regla sobre la condena en costas bienintencionada, pero mal y escasamente utilizada. IV. Conclusiones.
UN COMPLEJO MODELO DE DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS QUE NECESITA OTRAS GARANTÍAS
I. El caso del regante del Guadalquivir. II. La actual coyuntura: el Tribunal Constitucional entre el Estado y las Comunidades Autónomas. III. La raíz del problema: el diseño del modelo competencial. IV. Un celoso guardián de su competencia. V. ¿Hay otras garantías? VI. Algunas conclusiones matizadas.
UN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SIN RECURSOS NI ACTIVIDAD IMPUGNADA
I. Introducción. II. El objeto del proceso y su determinación. III. La regulación no limitativa del objeto del proceso en los órdenes judiciales distintos del contencioso-administrativo. IV. La excepción del contencioso. V. La necesaria especificidad del recurso contra actos administrativos. VI. Ampliaciones indebidas del recurso contra actos: 1. La utilización del recurso contra actos como cauce para la impugnación de otras clases de actuación administrativa. 2. La utilización del recurso contra actos como cauce para las pretensiones de condena no relacionadas con la anulación de un acto administrativo. VII. Hacia una nueva acción judicial. VIII. Un contencioso sin recursos ni actos recurridos. La necesaria reforma de la LJ.
Un diagnóstico nada complaciente del Estado autonómico (A propósito del Informe sobre España de Santiago Muñoz Machado)
I. Introducción. II. La defensa del orden públicocomo causa legal de expulsión de extranjeros. III. La másreciente jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre lasactividades contrarias al orden público como causa deexpulsión: un ejemplo de la fuerza expansiva del DerechoComunitario sobre el ordenamiento estatal. IV. Brevereflexión conclusiva.
