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I. Introducción: el régimen económico de los cargos electos locales. I.1. Las retribuciones de los cargos electos locales. I.2. Asistencias a las sesiones de órganos colegiados. 1.3. Indemnizaciones. II. Los nuevos límites retributivos introducidos por la LRSAL. II.1. La competencia para regular los límtes retributivos. II.2. La aplicación de los límites establecidos "por todos los conceptos retributivos y asistencias". II.2.1. El criterio de la interpretación "auténtica". II.2.2 Los criterios históricos y teleológicos. II.2.3. El criterio sistemático. II.2.4. El criterio gramatical o literal. III. Conclusiones. IV. Bibliografía.

I. Introducción. II. Evolución y situación actual del arco competencial. III. Las figuras contractuales del PDI universitario en la legislación estatal. III.1. Reconocimiento normativo. III.2. El carácter de las disposiciones estatales como normas básicas. III.3. Los requisitos de acceso a las categorías contractuales y la intervención de la ANECA. IV. El PDI laboral en las Comunidades Autónomas que adoptan las categorías contractuales de la LOU. IV.1. Situación actual del marco regulatorio. IV.2. La selección del PDI contratado. IV.3. La configuración de las categorías contractuales. V. El profesorado contratado en los sistemas universitarios de Cataluña y el País Vasco. V.1. Desarrollo normativo. V.2. Análisis crítico en relación al marco competencial. VI. Valoraciones finales.

I. El desbocado corcel de la conciencia. II. Breve evocatorio de los caracteres generales del dilema. III. La objeción de conciencia al almacenaje de la píldora postcoital y la revisión del paradigma constitucional. IV. Una apurada reflexión a modo de epílogo.

I. Las oposiciones, el mérito, la capacidad y la igualdad. II. El temario como referencia del esfuerzo a realizar. III. ¿El juez puede anular las preguntas por incompatibilidad con el temario? IV. Conclusiones: propuestas para una regulación adecuada del derecho a examen de acceso a la función pública. V. Bibliografía.

I. Introducción. II. El derecho a la protección de datos y la libertad de información. III. El derecho a ser olvidado frente a los medios de comunicación digitales. 1. La posibilidad de reconocer el derecho a ser olvidado frente a los medios de comunicación digitales. 2. La fundamentación del derecho a ser olvidado en los derechos de las personas y los principios de calidad reconocidos en la LOPD. 3. La relevancia pública como criterio utilizado por el Tribunal Supremo para justificar el ejercicio del derecho a ser olvidado. IV. El derecho a ser olvidado, hemerotecas digitales y buscadores internos. V. Conclusión. VI. Bibliografía.

I. Introducción. 1. La caducidad de las autorizaciones de oficina de farmacia al alcanzar el farmacéutico una determinada edad. 2. La obligatoriedad de contratar farmacéuticos adjuntos por razón de la edad del titular. 3. La prohibición de participar en concursos de autorización de nuevas oficinas de farmacia a partir de una edad. A. La argumentación del TC sobre la inconstitucionalidad de la prohibición. B. Valoración de la jurisprudencia constitucional sobre la cuestión. C. Jurisprudencia dictada a la luz de los pronunciamientos del TC. D. Posible responsabilidad patrimonial por acto legislativo declarado inconstitucional.

I. Introducción. II. La configuración legal de la unidad de mercado: definición progresiva del modelo. 1. La aportación de la Directiva de Servicios. 2. Progresiva ampliación de los principios a través del proceso de adaptación de la Directiva de Servicios. 3. La configuración en la Ley de garantía de la Unidad de Mercado. III. Las técnicas empleadas para configurar la unidad de mercado. 1. Instrumentos de armonización. A. Armonización negativa: los principios de necesidad y de proporcionalidad. B. Armonización normativa y coordinación. a. Medidas organizativas. B. Cooperación en la elaboración y aprobación de proyectos normativos. 2. El principio de eficacia de las actuaciones de las autoridades competentes en todo el territorio nacional. A. Configuración legal de la eficacia territorial. B. Eficacia nacional y territorialidad de las competencias autonómicas. IV. Conclusiones.

I. La invalidez del contrato administrativo. II. Contratos del sector público y Derecho penal. III. La infracción penal en el iter contractual. 1. Actos de preparacion del contrato. A. Omisión del expediente de contratación: la contratación verbal. B. Participación en la elaboración del contrato. C. Fraccionamiento del contrato: el contrato menor. D. Invitaciones a presentar ofertas en un contrato negociado sin publicidad. 2. Selección del contratista y adjudicación del contrato del sector público. 3. Ejecución del contrato del sector público. A. Inejecución o ejecución defectuosa del contrato. B. Modificación del contrato y revisión de precios. C. Régimen de prórrogas. IV. El plus penal en la infracción administrativa. 1. Infracción administrativa vs. delito. A. Prevaricación y contrato del sector publico. B. Fraude a la Administración y contrato del sector pùblico. C. Falsedad en documento oficial y contrato del sector público. D. Falsedad en documento mercantil y contrato del sector público. E. Tráfico de influencias y contrato del sector público. C. falsedad en documento oficial y contrato del sector público. D. Falsedad en documento mercantil y contrato del sector publico. E. Tráfico de influencias y contrato del sector público. 2. Arbitrariedad administrativa y arbitrariedad penal. 3. Ausencia de daño material y utilidad pública. V. Efectos de la infracción penal sobre el contrato del sector público. 1. No siempre existen efectos sobre el contrato administrativo. A. Si el delito invalida el contrato o no. B. Si el contrato ya se ha ejecutado o no. 2. Quién y cómo se anula el contrato administrativo. 3. La posición del licitador no adjudicatario. 4. Valoración crítica. VI. El Derecho penal, la unidad militar de emergencias de la Administración y del Derecho público.

I. Buen gobierno y buena administración en la historia, el arte, la filosofía... y el Derecho público: los paradigmas existentes. II. Derecho administrativo, mala administración y corrupción. III. Por un nuevo paradigma. IV. Deber de buen gobierno y derecho a una buena administración: la jurisprudencia. Semejanzas y diferencias con la buena gobernanza. V. Buen gobierno y buena administración en las leyes. 1. Evaluación de la calidad normativa y establecimiento de una huella normativa". 2. Selección y estatuto jurídico de empleados públicos de libre designación, eventuales, directivos y funcionarios locales habilitados estatales. 3. Definición del derecho a una buena administración y de su estándar de debida diligencia y extensión a privados que ejercen funciones públicas. 4. Códigos éticos y de conducta, formación e infraestructura ética. Los compliance officers. 5. Derecho a una buena administración y criterios no jurídicos en la motivación. 6. La regulación del indulto y su control judicial. 7. La mejora de la imparcialidad y de la objetividad y la reforma de la regulación de la abstención y la recusación de las incompatibilidades y de los conflictos de intereses. 8. La regulación de los lobbies. 9. Las Cartas de Servicio, los estándares de buena administración, la inactividad y la responsabilidad patrimonial. 10 La evaluación de las políticas públicas y su institucionalización. 11. La organización administrativa al servicio de la buena administración. 12. El reforzamiento de los controles de la Administración. A. Mejoras en organismos constitucionales y estatutarios de control. B. Mejoras en relación a las funciones y a la protección de la labor de los controladores en el ámbito local. C. Mejora del control de los actos trámite y de las medidas cautelares en el control judicial de la administración. D. Acción pública en materia de mal gobierno y mala administración. E. Regulación de la figura del Whistelblowing. VI. Conclusiones. VII. Bibliografía.

I. Introducción. II. Una regulación perfectamente superflua de la iniciativa legislativa. III. Condicionantes formales y materiales de la potestad reglamentaria. 1. Titularidad y ejercicio de la potestad. 2. Reserva de ley y jerarquía. 3. Los "principios de buena regulación". IV. Planificación normativa. V. Disposiciones sobre procedimiento. 1. Primera consulta pública, previa a la elaboración del texto. 2. Segunda consulta pública y audiencia a las organizaciones representativas (sobre el texto). 3. Los trámites internos y la Memoria de Impacto Normativo. 4. La fase final del procedimiento. VI. Publicación y entrada en vigor de las normas. 1. Publicación. 2. Entrada en vigor. VII. Evaluación a posteriori de las normas.