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1. INTRODUCCIÓN. 2. IMPORTANCIA DE LOS CIUDADANOS PARA GARANTIZAR LA APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL (CITIZEN ENVIRONMENTAL ENFORCEMENT). 3. LAS ACCIONES CIUDADANAS (CITIZEN SUITS) COMO PRINCIPAL MECANISMO DE LOS CIUDADANOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL ANTE LA INACTIVIDAD ADMINISTRATIVA: 3.1. CONCEPTO. 3.2. ORIGEN Y SITUACIÓN ACTUAL. 3.3. FUNDAMENTO. 3.4. REQUISITOS: A) NOTIFICACIÓN PREVIA AL INFRACTOR Y A LA AGENCIA COMPETENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LAS LEYES. B) AUSENCIA DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA QUE PERSIGA DILIGENTEMENTE LAS INFRACCIONES. C) LEGITIMACIÓN (STANDING). D) VIGENCIA DEL OBJETO LITIGIOSO (MOOTNESS). 3.5. REMEDIES: A) PRETENSIONES DE CONDENA (INJUNCTIONS). B) SANCIONES PECUNIARIAS (CIVIL PENALTIES). C) ACUERDOS DE TERMINACIÓN DEL PROCESO (CONSENT DECREES). D) CONDENA EN COSTAS. 3.6. EL PRINCIPIO DE INMUNIDAD SOBERANA Y LAS CITIZEN SUITS. 4. INCIDENCIA DE LAS CITIZEN SUITS EN EUROPA Y ESPAÑA A TRAVÉS DEL CONVENIO EN AARHUS: 4.1. LA INCIDENCIA DE LAS CITIZEN SUITS EN EL CONVENIO DE AARHUS. 4.2. LAS CITIZEN SUITS EN LAS PROPUESTAS LEGISLATIVAS EN MATERIA DE ACCESO A LA JUSTICIA EN EL DERECHO COMUNITARIO. 4.3. LA IMPORTANCIA DE LAS CITIZEN SUITS PARA SUPERAR LOS DÉFICITS DE APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL EN EL DERECHO ESPAÑOL Y LA INSUFICIENCIA DE LA LEY 27/2006, DE 18 DE JULIO, POR LA QUE SE REGULAN LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN AMBIENTAL, DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y DE ACCESO A LA JUSTICIA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE. 5. BIBLIOGRAFÍA.

I. Introducción. II. El intento de notificación debidamente acreditado. 1. La doctrinal legal fijada inicialmente para delimitar lo que debe entenderse por "intento de notificación debidamente acreditado". 2. La nueva doctrina legal que recoge la STS de 3 de diciembre de 2013. III. El lugar a efecto de notificaciones en los procedimientos iniciados de oficio. El criterio de la STS de 3 de julio de 2013. IV. La unificación y sistematización de la práctica de la notificación edictal.

1. Introducción. 2. La objeción de conciencia en laìlegislación y en la jurisprudencia constitucional. 3. La leyì48/1984, de 26 de diciembre: crónica de una desobedienciaìanunciada. 4. Algunas reflexiones acerca del servicioìmilitar obligatorio y de la objeción de conciencia. 5.ìRecapitulación.

1. La enfática afirmación de la exposición demotivos sobre la mejora sustancial de la regulaciónanterior. 2. El criterio de que "la base" para acordarcualquier medida cautelar ha de partir de una "valoraciónmotivada de todos los intereses en conflicto" resultaincompatible con la calificación del derecho a la tutelacautelar como incluido en el derecho fundamental delartículo 24 de la Constitución. Al juez no toca "ponderarintereses", sino aplicar el Derecho. La correccióninterpretativa del precepto conforme a la Constitución. 3.El criterio legal del otorgamiento de las medidas cautelarescuando sin ellas pudiera perderse la finalidad legítima delproceso y su procedencia de la Ley Orgánica del TribunalConstitucional. 4. La admisión de medidas cautelaresindeterminadas y los riesgos de la fórmula legal. 5. Lafalta de medidas cautelares o provisionales autónomas y noincidentales de un proceso principal. 6. La imperfección delrégimen procesal de las medidas cautelares en la LJ.

INTRODUCCION.- EL SIGNIFICADO DE LA O.T. EN EL AMBITO DE LA INSTITUCION EXPROPIATORIA: 1.- LOS ORIGENES LEGISLATIVOS DE LA O.T., SU SIGNIFICADO ORDINARIO. 2.- BREVE ANALISIS DE LA DOCTRINA EN EL DERECHO COMPARADO. 3.- LA DELIMITACION DE LA O.T. COMO INSTITUCION EXPROPIATORIA EN EL DERECHO ESPAÑOL.- SUPUESTOS LEGALES DE LA O. T.: 1.- A O.T. PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS.-

INTRODUCCION.- I.- EL SIGNIFICADO DE LA O.T. EN EL AMBITO DE LA INSTITUCION EXPROPIATORIA: 1) LOS ORIGENES LEGISLATIVOS DE LA O.T.: SU SIGNIFICADO ORDINARIO. 2)BREVE ANALISIS DE LA DOCTRINA EN EL DERECHO COMPARADO. 3)LA DELIMITACION DE LA O.T. COMO INSTITUCION EXPROPIATORIA EN EL DERECHO ESPAÑOL. II.- SUPUESTOS LEGALES DE LA O.T.-

I. Contexto: la competencia, un principio poliédrico. II. Los contratos públicos como negocios jurídicos onerosos. III. El precio en los contratos públicos. IV. ¿Es posible determinar un límite cuantitativo legal por debajo del cual una oferta económica deja de ser admisible en los contratos públicos? V. La compra pública estratégica: del precio más bajo a la menor relación calidad-precio. VI. Reflexiones finales.

I. Que la Ley sea la norma suprema no significa que deba ser opulenta, por el contrario, de manera modesta debe dirigirse a establecer una regulación coherente de una materia. II. Que la Ley se defina por su naturaleza formal, su aprobación parlamentaria, no puede significar que se beneficien del carácter legal previsiones que se introducen en el último momento del procedimiento parlamentario. III. Que la Ley sea suprema no significa que su lenguaje sea superior ni elevado. La Ley debe expresarse de manera clara, precisa y concisa. IV. Que las Leyes se dirijan a la consecución del bien común excluye que deban incluir disposiciones vacuas o cándidas. V. La Ley ha de responder a una necesidad concreta, no a realidades inexistentes. VI. La progresiva complicación de las relaciones sociales no debe trasladarse a la Ley e implicar una innecesaria complejidad. VII. Las Leyes han de dirigirse a ordenar y facilitar las relaciones sociales, no a crear o a incrementar de manera gratuita la conflictividad. VIII. Las Leyes deben creer en sí mismas y no retractarse a continuación, y menos aún, que los Gobiernos perturben su adecuada interpretación. IX. Las Leyes deben procurar la estabilidad y buscar su permanencia. Por tanto, no pueden ser objeto de incesantes modificaciones. X. Las Leyes son expresión del poder legislativo, en consecuencia, no deben contener actos administrativos. XI. El legislador constitucional debe mantenerse dentro de los contornos de su función, sin interferir ni desautorizar los pronunciamientos judiciales. XII. Premática.

I. El "compliance" y la Administración pública. La transposición de la Directiva (UE) 2019/1937. II. Los canales de denuncia. III. La autoridad administrativa independiente de lucha contra la corrupción y protección del denunciante. IV. Conclusiones.

I.- TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE. II.- INSTRUMENTOSìDE PLANIFICACION TERRITORIAL A NIVEL NACIONAL. 1.- PLANìNACIONAL DE ORDENACION. 2.- EL PLAN NACIONAL DE CARRETERAS.ì3.- PLANIFICACION NACIONAL DE LOS APROVECHAMIENTOS DE ...