Hemeroteca

I. Introducción. II. El alcance de las previsiones sobre iniciativa legislativa y potestad reglamentaria de la Ley del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas: su establecimiento con carácter básico para todas las administraciones públicas y su consiguiente aplicación a las administraciones locales. III. Las previsiones de la Ley del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas en relación con el ejercicio de la potestad reglamentaria local. IV. Los principios de buena regulación y su aplicación en el ámbito local. V. Los cambios introducidos por la Ley del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas en el procedimiento de elaboración de ordenanzas locales. VI. La publicidad de las normas locales. VII. Las nuevas obligaciones con relación a la potestad normativa local. VIII. La necesaria adaptación de la normativa local en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la Ley del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

I. Introducción. II. Fundamentos constitucionales de la proyección organizativo-procedimental de los derechos fundamentales. 1. Principio de efectividad de los derechos fundamentales. 2. Dimensión objetiva de los derechos fundamentales. 3. Decisiones valorativas constitucionales. III. Límites constitucionales a la proyección organizativo-procedimental de los derechos fundamentales: 1. Sistema de fuentes: Constitución y legalidad ordinaria. 2. Principio de división de poderes. 3. Eficiencia administrativa. IV. Problemas metodológicos. V. Conclusiones. VI. Bibliografía.

I. Los objetivos del TTIP en el ámbito de la contratación pública. II. Naturaleza jurídica. III. La importancia económica de la contratación pública en el TTIP. IV. La regulación de la contratación pública en el TTIP. 1. Ámbito de aplicación. Entes subestatales. Empresas públicas y prestadoras de servicios públicos. Colaboración Público-Privada. 2. Reglas y principios. Consideraciones ambientales y sociales. Las PYME y el TTIP. V. Conclusiones. VI. Bibliografía.

I. Introducción. II. Panorama general de la fiscalidad internacional. III. Diversidad de ramas en la contemplación internacional del tributo. IV. La ineficacia del poder tributario del Estado fuera de su territorio. V. Concepción actual de la soberanía fiscal internacional. VI. Perspectiva territorial de la soberanía. VII. Sobre la existencia o no de un principio de Derecho internacional general relativo a la cooperación internacional en la aplicación de los tributos. VIII. Reflexiones finales.

I. Consideraciones generales. II. El nuevo estándar de intercambio automático de información de cuentas financieras. III. Intercambio automático de "tax rulings" y APAs transfronterizos. IV. Intercambio automático de la información "país por páis". V. Intercambio automático de información sobre el "beneficial ownership". VI. Las necesidades de protección del contribuyente en el intercambio automático de información.

I. Introducción. II. La configuración legal de los órganos de control externo. 1. Independencia y fiscalización. 2. La jurisdicción contable. III. Algunos aspectos de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de Racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa y de la LO 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos, por la que se modifican la LO 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, la LO 6/2002, de 27 de junio, de partidos políticos y la LO 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas. IV. La reforma del control externo.

I. Introducción. II. La disociación de la potestad para comprobar e investigar (imprescriptible, salvo en el caso de los llamados créditos fiscales) y del derecho a liquidar (prescriptible). 1. ¿Novedad de la reforma?: el reconocimiento explícito en la LGT de que la potestad comprobadora de la Administración "no prescribe" salvo que afecte a "créditos fiscales" (bases imponibles negativas, deducciones o cuotas a compensar) que se limita a diez años. 2. ¿Qué puede comprobar e investigar la Administración de ejercicios prescritos? 3. ¿En qué procedimientos puede desarrollarse esa comprobación e investigación de situaciones acontecidas en ejercicios prescritos? 4. Si la Administración puede comprobar e investigar hechos "prescritos" ¿puede el obligado tributario rectificar las autoliquidaciones afectadas por dicha comprobación? 5. ¿Puede interrumpirse el plazo limitado de comprobación e investigación referido a "créditos fiscales" (bases imponibles, deducciones o cuotas compensadas o pendientes de compensación)? 6. ¿Tienen carácter preclusivo las comprobaciones e investigaciones que se hubieran realizado sobre los mismos hechos en otros ejercicios? los límites derivados de la seguridad jurídica, la confianza legítima y la doctrina de los actos propios. 7. ¿Puede la Administración alterar la calificación fiscal de los hechos y actos realizados en ejercicios prescritos? 8. La acreditación de datos originados en ejercicios prescritos una vez superado el plazo máximo de comprobación. III. La interrupción de la prescripción en el caso de obligaciones tributarias conexas (artículo 68.9 LGT). IV. Cómputo del plazo para determinar la deuda tributaria en los tributos de cobro periódico (artículo 67.1 "in fine").

I. Introducción. II. Una aproximación general al problema de la justicia ambiental y las barreras económicas. 1. Particularidades de las barreras económicas en los litigios medioambientales. III. Principales barreras económicas en el acceso a la justicia ambiental en España. 1. Costos de servicios profesionales. 2. Condena en costas. 3. Cauciones. 4. Tasas y depósitos judiciales. IV. Marco normativo de acceso a la justicia ambiental y su incidencia en las barreras económicas. 1. Derecho internacional. 2. Situación en Europa. 3. Nivel constitucional y legal. V. Principales mecanismos jurídicos para superar las bareras económicas en el acceso a la justicia ambiental. 1. Derecho a la asistencia jurídica gratuita. 2. Modificación del régimen de condena en costas. 3. Modificación de las exigencias para la adopción de medidas cautelares. 4 Modificación del régimen de tasas judiciales. VI. Conclusiones.

I. Introducción. II. Huida del concepto de monte. III. La titularidad de la propiedad en los montes vecinales en mano común. IV. Concurrencia de las notas del dominio público. V. Gestión comunitaria del uso y aprovechamiento. VI. La expresión de la voluntad de los comuneros a través de los Estatutos de la Comunidad. VII. Forma de participación en los aprovechamientos del monte vecinal. VIII. Alcance de la intervención administrativa. 1. Los jurados de montes vecinales en mano común. 2. La obligación de deslinde y amojonamiento. 3. Las obligaciones de la Administración pública en los supuestos de extinción de la agrupación vecinal o abandono del monte. IX. Conclusiones. X. Bibliografía.