Entrevista a D. Juan Antonio Rios Peláez

La incorporación de la actividad electrónica en sentido amplio, mas allá de la mera administración electrónica, en el sector público, ha supuesto una revolución de gran magnitud en su seno, especialmente en la forma de llevar a cabo los diferentes procedimientos y procesos, que han afectado a su organización y funcionamiento, asi como en sus actividades y servicios, como consecuencia de los nuevos instrumentos y medios técnicos utilizados. Ello ha repercutido también en el ámbito de la contratación administrativa. Desde tu punto de vista como experto en la materia, que beneficios aporta para la contratación pública la gestión íntegramente electrónica de todos sus expedientes, conforme al nuevo sistema establecido por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Publico? ¿consideras que está adecuadamente configurado ese sistema? ¿Qué crees que sobra o falta?

Efectivamente, la gestión íntegramente electrónica de los expedientes de contratación pública, impulsada por la Ley 9/2017, ha supuesto una transformación profunda en la forma de entender la contratación en el sector público.

Desde mi punto de vista, los principales beneficios son claros:

• Transparencia y trazabilidad: al quedar todo el expediente registrado electrónicamente, se refuerza el control y la rendición de cuentas.

• Eficiencia y agilidad administrativa: se reducen tiempos, errores y desplazamientos, y se facilita la comunicación entre los distintos agentes.

• Accesibilidad y participación: las empresas, especialmente las pymes, pueden licitar en igualdad de condiciones desde cualquier lugar.

• Sostenibilidad: la eliminación del papel y la automatización de procesos contribuyen a una gestión más responsable y sostenible.

Ahora bien, pese a estos avances, considero que el sistema no está plenamente bien configurado. Lo electrónico en la Ley 9/2017 se concentra únicamente en tres disposiciones adicionales (15ª, 16ª y 17ª), cuando debería haberse integrado de forma transversal en todo el texto. La contratación electrónica no debe entenderse como un elemento accesorio, sino como una nueva manera de gestionar los procedimientos administrativos, que impacta directamente en la organización, la cultura y la relación con las empresas.

Esta falta de integración ha provocado que muchas administraciones perciban la digitalización más como una obligación técnica que como un aliado estratégico. A ello se suma que las plataformas disponibles son a menudo complejas y poco intuitivas, mientras que en otros ámbitos —como la AEAT o la TGSS— encontramos entornos digitales mucho más estables, homogéneos y centrados en el usuario.

En este contexto, sobran plataformas dispersas y falta una visión unificada que garantice la interoperabilidad real entre sistemas, la simplificación de los procedimientos y una apuesta firme por la formación y el acompañamiento del personal gestor. También considero que el ROLECE (Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público) podría tener un papel más relevante: si se potenciara su uso como repositorio centralizado de la documentación empresarial, se evitaría que las empresas tuvieran que presentar repetidamente la misma información, aliviando cargas administrativas y favoreciendo la eficiencia.

Por otro lado, detecto una falta de normalización en los documentos asociados a los expedientes de contratación. Cada administración utiliza sus propios formularios, índices y modelos de pliegos, sin un criterio común, lo que dificulta enormemente la entrada de nuevos operadores económicos. Las pymes y las empresas de reciente creación, que no cuentan con una estructura jurídica sólida, encuentran serias dificultades para comprender y preparar documentación en entornos tan dispares y jurídicamente complejos. Esto, en la práctica, está provocando una reducción del número de licitadores por expediente, lo que empobrece la competencia y limita el acceso de nuevos actores al mercado público.

En definitiva, la contratación electrónica ha supuesto un salto cualitativo incuestionable, pero aún estamos en una fase de consolidación. La verdadera modernización no pasa solo por digitalizar procedimientos, sino por repensarlos, normalizarlos y hacerlos más accesibles, de modo que la tecnología sea una herramienta de inclusión, eficiencia y transparencia, y no una barrera adicional para quienes quieren participar en la contratación pública.

La contratación electrónica no debe ser el destino final, sino el punto de partida para una contratación más inteligente, interoperable y orientada al ciudadano.”

En este contexto, la Plataforma de Contratación del Sector Publico (PLASP) aparece como instrumento imprescindible para proceder a la gestión de los expedientes en esta materia, por lo que hay que estar perfectamente formado en el uso de los procedimientos de contratación a través de esta herramienta por parte de todos aquellos que de una manera o de otra intervienen en el procedimiento, lo cual dada su complejidad entraña verdaderas dificultades su aprendizaje, que me constan en lo que concierne al CEMCI, a pensar de tu gran dedicación y solvencia. Desde tu experiencia formativa, ¿cuáles son las principales dificultades a las que se enfrentan las personas que desean adquirir las competencias necesarias para desenvolverse con seguridad y eficacia y eficiencia este entorno digital y por qué se producen? ¿qué mejorarías de la Plataforma actual o que eliminarías?

Desde mi experiencia formativa con la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP), puedo afirmar que la principal dificultad no reside tanto en la resistencia al cambio como en la complejidad técnica y procedimental que implica su uso. La PLACSP es, sin duda, un instrumento imprescindible para la gestión de los expedientes de contratación, pero exige un conocimiento profundo no solo de la herramienta, sino también del flujo procedimental que marca cada fase del expediente electrónico.

Las principales dificultades que observo en el alumnado son las siguientes:

1. Comprender y aplicar el flujo completo del procedimiento. Antes, en el entorno en papel, era más sencillo “retrotraer actuaciones”: se podía devolver un expediente a una fase anterior, rehacer un informe o incorporar un documento sin mayores complicaciones. El conocido “el papel lo aguanta todo” describía bien esa flexibilidad.

Sin embargo, en un entorno íntegramente electrónico esto cambia por completo. La plataforma requiere que las actuaciones se desarrollen en un orden secuencial y cerrado, porque cada acción condiciona el estado del sistema y determina qué pasos pueden ejecutarse a continuación. Esto genera mucha tensión e inseguridad entre el personal, especialmente cuando se comete un error o se necesita rectificar un acto ya tramitado.

2. Complejidad técnica y falta de usabilidad. El lenguaje y la estructura de la plataforma son poco intuitivos, obligando al usuario a memorizar rutas y opciones en lugar de comprender de manera natural el flujo de trabajo.

3. Cambios continuos y falta de estabilidad. En municipios pequeños, que pueden gestionar apenas cuatro o cinco expedientes al año, esta situación se agrava. Las actualizaciones trimestrales de la plataforma introducen modificaciones que alteran procedimientos previamente aprendidos, de modo que cada vez que vuelven a tramitar un expediente deben “reaprender” el sistema.

4. Falsa percepción de que se trata de memorizar. Es importante insistir en que no se trata de aprender de memoria los procedimientos, ya que cada expediente tiene sus particularidades y debe resolverse en función de las ofertas y circunstancias reales. Lo que se necesita es comprender la lógica del procedimiento electrónico y disponer de herramientas que acompañen al usuario en ese razonamiento.

5. Escasa normalización e interoperabilidad. Cada administración emplea documentos y formularios distintos, sin un índice o estructura común. Esto complica la participación, especialmente de nuevas empresas y pymes, que carecen de asesoramiento jurídico propio y se enfrentan a pliegos cada vez más técnicos.

En cuanto a mejoras necesarias, creo que hay varios ámbitos de actuación claros:

• Mayor usabilidad y diseño centrado en el usuario. La interfaz debería guiar visualmente al gestor a lo largo del procedimiento, con advertencias claras sobre dependencias y consecuencias de cada acción, evitando bloqueos innecesarios.

• Entorno de formación plenamente operativo y estable. El entorno de pruebas debería reproducir fielmente el de producción para que el aprendizaje sea realista y sin frustraciones.

• Normalización documental y procedimental. Sería deseable establecer un índice común y formularios normalizados para todos los órganos de contratación, lo que reduciría errores y facilitaría la participación de nuevos licitadores.

• Potenciación del ROLECE. El Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público debería desempeñar un papel más decisivo. Si se convirtiera en un repositorio centralizado y dinámico de la documentación administrativa de las empresas, permitiría simplificar notablemente el proceso de licitación y reducir la carga documental repetitiva.

• Formación continua y acompañamiento real. Más allá de la normativa o la técnica, la clave está en formar a los usuarios en la comprensión del proceso y no solo en el manejo de botones. El objetivo no es memorizar secuencias, sino entender la lógica de la contratación electrónica.

En definitiva, la PLACSP ha supuesto un avance innegable, pero necesita evolucionar hacia una herramienta más estable, intuitiva y pedagógica, que acompañe al usuario en su razonamiento y no lo obligue a adaptarse a una estructura rígida y cambiante. Solo así podremos conseguir que la digitalización sea una verdadera palanca de eficiencia, transparencia y participación, y no una fuente de estrés o exclusión para quienes gestionan o participan en la contratación pública.

“En mis formaciones insisto mucho en que el aprendizaje no puede basarse solo en la memorización de secuencias, sino en la comprensión del flujo y la lógica jurídica detrás de cada actuación electrónica.”

Recientemente se ha producido una adaptación de la Plataforma de Contratación del Sector Publico (PLACSP) al Reglamento de Ejecución (UE) 2023/2884, que es la segunda modificación del Reglamento de Ejecución 2019/1780, ya que también en el año 2022 hubo otra con el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2303. ¿Qué impactos ha producido en la Plataforma las novedades introducidas en los Reglamentos y que beneficios ha aportado?

La adaptación de la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP) a los Reglamentos de Ejecución de la Unión Europea —2019/1780, 2022/2303 y la más reciente 2023/2884— representa un cambio significativo tanto en el plano técnico como operativo, que refleja la evolución de la contratación pública hacia un modelo cada vez más electrónico, estructurado y transparente. Estos Reglamentos establecen formularios normalizados para la publicación de anuncios en el DOUE, con el objetivo de homogeneizar la información de los procedimientos de contratación en todos los Estados miembros y facilitar su trazabilidad, comparabilidad y control.

En términos operativos, la incorporación de estos Reglamentos ha supuesto la introducción de un gran número de nuevos campos obligatorios y validaciones automáticas en la PLACSP, que abarcan desde el valor estimado por lote y por categoría, acuerdos marco y número máximo de participantes, hasta criterios de adjudicación específicos, contratación social, verde o innovadora, y datos sobre los licitadores, como la forma jurídica, nacionalidad o experiencia. Estas modificaciones permiten una mayor transparencia y uniformidad de la información, lo que es un paso muy positivo para garantizar igualdad de condiciones entre los operadores económicos y facilitar la supervisión y el control por parte de la administración y de organismos externos.

Sin embargo, esta evolución normativa y tecnológica tiene un impacto profundo en el funcionamiento interno de las administraciones. La necesidad de rellenar más datos y de cumplir estrictamente con validaciones automatizadas introduce una sobrecarga administrativa significativa, especialmente en municipios pequeños o en entidades con poca experiencia en contratación electrónica. En muchos casos, los pliegos y procedimientos internos existentes no estaban diseñados para contemplar todos estos campos obligatorios, por lo que los órganos de contratación deben realizar ajustes adicionales, retrabajo y consultas frecuentes, lo que genera nerviosismo y retrasos.

Otro aspecto relevante es que la tendencia de la Unión Europea es incorporar cada vez más datos estructurados, con el objetivo de permitir búsquedas más precisas y análisis más completos por parte de los operadores económicos. Esto, aunque facilita la transparencia y la trazabilidad, aumenta la complejidad de la parametrización del expediente y requiere un conocimiento técnico elevado por parte de los gestores públicos, especialmente cuando cada procedimiento es diferente y no basta con memorizar un flujo de trabajo.

Desde el punto de vista de los beneficios, la incorporación de estos Reglamentos permite:

• Homogeneización y estandarización de los anuncios de contratación a nivel europeo.

• Mejora de la transparencia, trazabilidad y control de los procedimientos.

• Facilitación de la contratación estratégica, social, verde e innovadora, alineándose con políticas europeas de sostenibilidad y competitividad.

• Posibilidad de análisis avanzados de los datos de contratación, contribuyendo a la toma de decisiones basada en evidencia.

No obstante, los retos son claros:

• Sobrecarga administrativa y complejidad de la gestión interna.

• Necesidad de formación continua y acompañamiento para los órganos de contratación.

• Adaptación constante de los pliegos y procedimientos internos, que en ocasiones no contemplan todos los campos exigidos por la plataforma.

• Riesgo de que pequeñas empresas o nuevos licitadores tengan dificultades para participar, dado que la parametrización y la documentación requerida se vuelve más compleja y técnica.

En conclusión, los Reglamentos europeos aportan un marco claramente más estructurado y transparente, pero también incrementan la complejidad de la gestión administrativa. La eficacia de la PLACSP dependerá no solo de cumplir con los requisitos normativos, sino también de fortalecer la interoperabilidad, la simplificación de flujos y la formación del personal, de manera que los gestores puedan aprovechar las ventajas de la normalización sin que ello suponga un obstáculo para la eficiencia y la participación de los operadores económicos.

“En definitiva, los nuevos Reglamentos son una oportunidad para evolucionar hacia una contratación más basada en datos, siempre que la Administración acompañe este cambio con simplificación, interoperabilidad y formación real.”

Para utilizar adecuadamente la PLACSP, no solo es necesario conocer los distintos conceptos técnicos y jurídicos relacionados con la contratación electrónica, sino que es necesario dominar su implementación practica en la misma, es decir, se sepan aplicar correctamente en su entorno. ¿Del paso de la teoría a la praxis, cuales son desde tu punto de vista los principales problemas? ¿Crees que los nuevos cambios, que parece ser que se van a operar en la plataforma, son suficientes?

El paso de la teoría a la praxis en la PLACSP constituye uno de los mayores retos para los gestores públicos, y no solo por el dominio de los conceptos jurídicos y técnicos de la contratación electrónica, sino por la capacidad de aplicarlos correctamente en un entorno totalmente digital, que funciona bajo flujos estrictamente secuenciales y con validaciones automáticas.

Uno de los problemas principales es que, mientras en la contratación tradicional en papel era posible retrotraer actuaciones, rectificar errores o añadir documentos con cierta flexibilidad, en la plataforma electrónica cada acción debe realizarse en un orden determinado para que el sistema permita continuar con el expediente. Esto genera ansiedad y errores frecuentes, especialmente en administraciones pequeñas que gestionan pocos expedientes al año. Allí, cada nuevo procedimiento exige recordar la secuencia de pasos, aunque los expedientes sean diferentes, y adaptarse a las modificaciones periódicas de la plataforma, que pueden alterar el flujo de trabajo aprendido.

Otro desafío fundamental es la complejidad de los pliegos y la documentación asociada, que muchas veces no están alineados con la estructura y los campos obligatorios de la plataforma. Esto obliga a los gestores a interpretar y traducir la información jurídica a formatos técnicos, aumentando la probabilidad de errores y la carga de trabajo. En este sentido, herramientas como el ROLECE podrían simplificar mucho la praxis si permitieran centralizar la documentación de las empresas, evitando la necesidad de introducir repetidamente la misma información para cada expediente.

A esto se suma la sobrecarga de datos estructurados introducida por los Reglamentos europeos: aunque estos datos facilitan búsquedas, análisis y transparencia, su incorporación práctica requiere habilidades técnicas avanzadas y tiempo, lo que incrementa la dificultad de aplicar correctamente los procedimientos.

Respecto a los cambios que se prevé implementar en la plataforma, si bien pueden mejorar ciertos aspectos funcionales, no parecen suficientes para abordar los problemas de fondo: la complejidad inherente del flujo de actuaciones, la falta de normalización de los documentos de expediente y la escasa interoperabilidad entre sistemas. Sin una estrategia que combine simplificación de procesos, integración de documentación y formación continua, los cambios técnicos por sí solos no garantizan que la transición de la teoría a la práctica sea fluida ni que los gestores puedan desenvolverse con seguridad y eficiencia en la plataforma.

En definitiva, dominar la PLACSP en la praxis requiere más que conocer procedimientos y normativas; exige una visión integral de la tramitación electrónica, habilidades para adaptar la documentación y capacidad para anticipar y gestionar los puntos críticos del flujo digital, siempre considerando que cada expediente es único y que la plataforma es solo una herramienta, no un sustituto del juicio profesional del gestor.

“Creo que la clave está en pasar de una plataforma que condiciona el procedimiento a una que lo acompaña. La tecnología debe adaptarse al gestor, no al revés.”

La contratación pública local, tiene sus peculiaridades. ¿crees que el actual diseño de la PLASP, los tiene en cuenta? ¿Incorporarías algunas singularidades al respecto o lo mantendrías en su configuración actual?

La contratación pública local, sobre todo en los municipios de población reducida, presenta peculiaridades claras que, en muchos casos, no están completamente contempladas en el diseño actual de la PLACSP. Entre estas particularidades destacan:

1. Volumen reducido de expedientes: Muchos municipios gestionan pocos procedimientos al año, lo que dificulta la adquisición de experiencia práctica y hace más costoso el aprendizaje de la plataforma.

2. Recursos humanos limitados: En ayuntamientos pequeños, el personal encargado de la contratación a menudo combina funciones y carece de formación específica continua en contratación electrónica.

3. Diversidad de procedimientos y documentación: Los pliegos locales suelen variar significativamente de un municipio a otro y, con frecuencia, no están totalmente adaptados a los requerimientos de la PLACSP o de la normativa europea, lo que genera una carga de trabajo para su adaptación.

El diseño actual de la plataforma, aunque funcional para la mayoría de los casos, tiende a homogeneizar procedimientos y a priorizar grandes administraciones o aquellas con experiencia en contratación electrónica. Esto puede generar dificultades para los municipios locales, especialmente en la parametrización de expedientes, la adaptación de la documentación y la gestión de flujos electrónicos secuenciales.

Desde mi perspectiva, sería recomendable incorporar algunas singularidades que respondan específicamente a la contratación local:

• Plantillas y formularios adaptados a expedientes de pequeño volumen, que reduzcan la complejidad de la parametrización y los datos obligatorios.

• Integración con ROLECE, para que la documentación administrativa de los licitadores se centralice y evite duplicidades, facilitando la participación de operadores económicos en múltiples municipios.

• Asistentes guiados y flujos simplificados, especialmente para pequeñas administraciones que realizan pocos procedimientos al año, permitiendo una transición más segura de la teoría a la práctica.

• Módulos de formación y soporte contextualizado, que acompañen a los gestores en la interpretación de pliegos, criterios de adjudicación y validaciones automáticas de la plataforma.

“Incorporar estas singularidades no es solo una cuestión técnica, sino de equidad administrativa: garantizar que cualquier municipio, por pequeño que sea, pueda gestionar sus contratos con el mismo nivel de eficacia y transparencia que una gran administración.”

En este punto, quiero hacer un inciso, y poner en relieve el papel que desempeñan las Diputaciones Provinciales en el apoyo a los pequeños municipios. Dada la limitación de recursos humanos y técnicos de muchas entidades locales, la asistencia que prestan las Diputaciones resulta esencial para garantizar la correcta tramitación de los expedientes. Las Diputaciones cuentan con grandes profesionales y con un conocimiento técnico y jurídico muy sólido, capaces de ofrecer apoyo especializado en materia de contratación, supervisión documental y uso de la plataforma electrónica.

En la práctica, llevar a buen puerto un contrato requiere un equipo multidisciplinar —jurídico, técnico y económico—, algo que en los municipios más pequeños es difícil de conformar internamente. Por ello, la cooperación institucional y el refuerzo del papel de las Diputaciones como soporte técnico-jurídico y formativo son claves para garantizar que la contratación pública local se desarrolle con seguridad jurídica, eficacia y transparencia.

En definitiva, mantendría la estructura general de la PLACSP, pero introduciría adaptaciones específicas para la contratación local, buscando un equilibrio entre cumplimiento normativo, eficiencia en la gestión y accesibilidad para municipios de todos los tamaños. Estas modificaciones no solo mejorarían la operativa diaria, sino que también favorecerían la participación de licitadores locales y pequeñas empresas, fortaleciendo el ecosistema de contratación pública y contribuyendo a una mayor competencia y transparencia.

Como bien sabes, el CEMCI se ha volcado especialmente, a través de su actual y holístico sistema de aprendizaje, en la contratación pública local, tratándola de diversa forma tanto en formación, en investigación, así como en publicaciones y en documentación, ya que consideramos que es pieza clave en el proceso de modernización, innovación y crecimiento de las Entidades Locales. En este sentido, agradecemos tu participación en las acciones del CEMCI en esta materia y tu colaboración en pos de estos objetivos, que además realizas con una entrega absoluta y resolutiva. Nos gustaría que nos dieses tu opinión sobre las actividades diversas que realiza el CEMCI en materia de contratación pública local y su papel en apoyo de las Entidades Locales.

Desde mi experiencia, considero que las actividades que desarrolla el CEMCI en materia de contratación pública local son absolutamente esenciales para el fortalecimiento y modernización de las Entidades Locales. La combinación de formación, investigación, publicaciones y documentación constituye un enfoque holístico que no solo aporta conocimientos técnicos, sino que también genera un marco de apoyo práctico y estratégico para los gestores locales.

En términos de formación, el CEMCI aborda la complejidad de la contratación electrónica y de los procedimientos locales con un enfoque muy adaptado a la realidad municipal: proporciona no solo contenidos teóricos sobre normativa y procedimientos, sino también casos prácticos, ejercicios en entornos simulados y acompañamiento en el uso de la plataforma PLACSP, lo que facilita enormemente la transición de la teoría a la práctica y ayuda a consolidar competencias operativas.

En el ámbito de investigación y publicaciones, el CEMCI realiza un trabajo crucial al analizar tendencias, identificar dificultades recurrentes y proponer mejoras tanto en la operativa de los municipios como en la normativa aplicable. Esto permite que las Entidades Locales cuenten con información actualizada y con criterios prácticos que favorecen la eficiencia, la transparencia y la competitividad en la contratación pública.

Además, el papel del CEMCI como facilitador y acompañante de las Entidades Locales es notable: la centralización de recursos, la creación de guías y FAQ, y la orientación sobre mejores prácticas permiten que los municipios, independientemente de su tamaño o experiencia previa, puedan desenvolverse con seguridad en la contratación electrónica. Esta labor contribuye también a reducir desigualdades entre grandes y pequeñas administraciones, favoreciendo la participación de licitadores locales y pequeñas empresas, y promoviendo la innovación y el crecimiento en el ámbito local.

En definitiva, considero que el CEMCI desempeña un rol estratégico y transformador, no solo como institución formativa, sino como motor de modernización y mejora de capacidades de los municipios. Su enfoque integral y proactivo permite que la contratación pública local evolucione hacia un modelo más profesionalizado, eficiente y transparente, alineado con las exigencias de la administración electrónica y de los entornos digitales actuales.

El CEMCI no solo forma, sino que acompaña; y en un proceso tan complejo como la transformación digital de la contratación pública, ese acompañamiento es lo que marca la diferencia.