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I. Introducción. II. La discrecionalidad administrativa y su control. III. La actividad discrecional de los órganos legislativo y judicial y su posibilidad de control mediante la técnica de la desviación de poder. 1. Derecho extranjero. 2. Derecho argentino. 3. Nuestra opinión. IV. La senda abierta por nuestros tribunales. V. Supuestos en los que puede configurarse desviación de poder en los órganos legislativo y judicial. VI. Conclusiones.

1. EL PLANTEAMIENTO CENTRAL: HACIA UNA CONCERTACIÓN ASIMÉTRICA DE LOS DERECHOS DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS. 2. UNA CUESTIÓN PREVIA: LOS ACUERDOS Y PACTOS EN EL EBEP Y SU VINCULACIÓN ENTRE LAS PARTES. 3. EL TRATAMIENTO DE LA CUESTIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL. 4. LA "DESVINCULACIÓN" UNILATERIAL DE LO PACTADO. 4.1. En el ámbito funcionarial. a) Quien debe declarar la suspensión o modificación. b) En qué casos. c) Por qué procedimiento. d) La revisión jurisdiccional de la decisión. e) La "desvinculación" ¿es o no un conflicto colectivo susceptible de ser sometido a los sistemas de solución de conflictos?. 4.2. En el ámbito laboral. 5. UNA CUESTIÓN RELEVANTE: EL TRATAMIENTO PRESUPUESTARIO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE PERSONAL. 5.1. La Ley General Presupuestaria de 1988. 5.2. La Ley General Presupuestaria de 2003. 5.3. El tratamiento de los gastos plurianuales en la Hacienda Local. 5.4. El tratamiento en algunas normas de finanzas de las Comunidades Autónomas. A) En línea con la normativa estatal anterior. 1.- Comunidad Autónoma de Cataluña. 2.- Castilla-La Mancha. 3.- Región de Murcia. 4.- Principado de Asturias. 5.- País Vasco. B) Adaptadas a regulación de los escenarios presupuestarios y con una visión plurianual del gasto. 1.- Ley de Cantabria 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria. 2. Navarra. 6. LAS DOS FORMAS DE DESVINCULACIÓN.

1.- DIAS Y HORAS HABILES. 2.- DIAS HABILES. 3.-ìHORAS INHABILES.

I. Introducción. II. Ámbito de aplicación de las normas sobre determinación de las sanciones administrativas. III. Supuestos de reducción obligada de la sanción. IV. La aplicación de la sanción en el grado inferior. V. El concurso medial de infracciones administrativas. VI. La infracción continuada. VII. Bibliografía.

I. Planteamiento general de los intereses enfrentados. II. El alcance de la obligación de actuar con la diligencia debida en la práctica de las notificaciones según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Posibles contradicciones con las resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). III. Propuesta de solución. IV. Conclusión.

I. Buen gobierno y buena administración en la historia, el arte, la filosofía... y el Derecho público: los paradigmas existentes. II. Derecho administrativo, mala administración y corrupción. III. Por un nuevo paradigma. IV. Deber de buen gobierno y derecho a una buena administración: la jurisprudencia. Semejanzas y diferencias con la buena gobernanza. V. Buen gobierno y buena administración en las leyes. 1. Evaluación de la calidad normativa y establecimiento de una huella normativa". 2. Selección y estatuto jurídico de empleados públicos de libre designación, eventuales, directivos y funcionarios locales habilitados estatales. 3. Definición del derecho a una buena administración y de su estándar de debida diligencia y extensión a privados que ejercen funciones públicas. 4. Códigos éticos y de conducta, formación e infraestructura ética. Los compliance officers. 5. Derecho a una buena administración y criterios no jurídicos en la motivación. 6. La regulación del indulto y su control judicial. 7. La mejora de la imparcialidad y de la objetividad y la reforma de la regulación de la abstención y la recusación de las incompatibilidades y de los conflictos de intereses. 8. La regulación de los lobbies. 9. Las Cartas de Servicio, los estándares de buena administración, la inactividad y la responsabilidad patrimonial. 10 La evaluación de las políticas públicas y su institucionalización. 11. La organización administrativa al servicio de la buena administración. 12. El reforzamiento de los controles de la Administración. A. Mejoras en organismos constitucionales y estatutarios de control. B. Mejoras en relación a las funciones y a la protección de la labor de los controladores en el ámbito local. C. Mejora del control de los actos trámite y de las medidas cautelares en el control judicial de la administración. D. Acción pública en materia de mal gobierno y mala administración. E. Regulación de la figura del Whistelblowing. VI. Conclusiones. VII. Bibliografía.

I.- INTRODUCCION. II. CRITERIOS JURISPRUDENCIALES QUE AVALAN LA AMPLIA OPERATIVIDAD DE LA IDEA DE DISCRECIONALIDAD TÉCNICA DE LOS TRIBUNALES DE OPOSICIONES Y CONCURSOS. III.- CRITERIOS JURISPRUDENCIALES QUE ESTIMAN ...

EL AUTOR DEFIENDE LA TEORIA DE LA ADMISIBILIDAD DEìLA ACCION POPULAR, FRENTE A LA ACTUAL SITUACION EN LA QUE SEìEXIGE LA EXISTENCIA DE UN INTERES DIRECTO PARA PODERìPLANTEAR UN RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO.- ANALIZA LASì

1. Introducción: contenido y efectos del artículo 30.2 de la Ley del Parlamento de Andalucía 15/2001, de 26 de diciembre, y de la disposición adicional sexta de la Ley del Parlamento de Canarias 2/2002, de 27 de marzo. 2. Las competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas en relación con la colegiación. 3. La singularidad de la dispensa de colegiación prevista por las normas andaluza y canaria. 4. Una precisión sobre el alcance de la regla de la colegiación obligatoria en la normativa básica estatal. 5. Breve apunte sobre el fundamento de la colegiación obligatoria y su proyección a las diversas categorías de empleados públicos por razón de las actividades que desarrollan. 6. Consideración final.

1. La eficacia como exigencia institucional de los actos administrativos. 2. La distinción entre eficacia interna y eficacia externa de los actos administrativos. A) La complejidad de las relaciones entre eficacia y validez. B) El alcance de la eficacia interna de los actos. C) La ineficacia interna de los actos administrativos nulos de pleno derecho.