Hemeroteca

1. INTRODUCCIÓN. 2. TIPOLOGÍAS DE VIVIENDAS PROTEGIDAS. 3. RÉGIMEN LEGAL DE LAS VIVIENDAS PROTEGIDAS. 4. NOVEDADES INTRODUCIDAS POR EL NUEVO PLAN DE VIVIENDA 2009-2012. 4.1. El requisito de la inscripción en los registros públicos de demandantes. 4.2. Duración del régimen de protección de las viviendas protegidas. 5. La reserva de suelo para vivienda protegida. 5.1. La vinculación de terrenos a la construcción de vivienda protegida en la jurisprudencia. 5.2. La vinculación de terrenos a la construcción de vivienda protegida en la normativa urbanística autonómica. 5.3. Las reservas de suelo para viviendas protegidas en la normativa urbanística autonómica y los efectos producidos por la normativa estatal. i) Comunidades autónomas que cumplían totalmente los parámetros de la LS/2007 antes de su entrada en vigor. ii) Comunidades Autónomas que sólo cumplen parcialmente el régimen jurídico de la reserva de suelo y que no se han adaptado. iii) Comunidades Autónomas que han aprobado normas específicas para adaptarse a los criterios estatales de reserva de suelo para vivienda protegida. iv) Comunidades Autónomas que no cumplen los parámetros estatales y para las que resulta aplicable el régimen transitorio.

I. El marco normativo en el que se inserta el Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias. II. Las circunstancias condicionantes de la adaptación al marco legal estatal y autonómico. III. El alcance de la adaptación reglamentaria al marco legal aplicable. 1. La finalidad y los objetivos del Reglamento. 2. Las principales adaptaciones realizadas por el Reglamento. 2.1. Las variables económicas: Memoria de Viabilidad Económica e Informe de Sostenibilidad Económica. 2.2. Informes sectoriales. 2.3. Información pública. 2.4. Las Actuaciones de Dotación, los Complejos Inmobiliarios y la ejecución sustitutoria para la edificación y/o rehabilitación. IV. La capacidad del Reglamento para incorporar las innovaciones que acomete y su condición de complemento indispensable: límites.

1. LA POTESTAD DE EJECUCIÓN FORZOSA. 2. PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD. 2.1. Requisitos de la prescripción. 2.2. Requisitos de la caducidad. 2.3. El tiempo. 2.4. Cómputo de plazos. 2.5. Interrupción y suspensión de plazos. 2.6. Efectos. 2.7. Renuncia de la prescripción. 2.8. Diferencia entre prescripción, caducidad de la acción y caducidad del procedimiento. 2.9. Caducidad del recurso contencioso-administrativo. 2.10. Imposibilidad de declarar la caducidad del procedimiento de ejecución subsidiaria por causa imputable a la administración. 2. PLAZO DE PRESCRIPCIÓN PARA LA EJECUCIÓN SUBSIDIARIA DE UNA ORDEN DE DEMOLICIÓN. 3.1. Plazo de cinco años para ejecutar una orden de demolición dictada tras la entrada en vigor de la ley de enjuiciamiento civil en aplicación de su art. 518. 3.2. Plazo de cuatro años para ejecutar una orden de demolición por aplicación analógica del plazo de caducidad previsto para el ejercicio de la acción de restablecimiento de la legalidad urbanística. 3.3. Plazo de quince años para la ejecución subsidiaria de órdenes de demolición anteriores a la entrada en vigor de la LEC 7/2000, por aplicación supletoria del art. 1964 de Código Civil. 3.4. Efectos del transcurso del plazo de prescripción para ejecutar subsidiariamente una orden de demolición. 3.5. Perpetuidad en el tiempo para ejecutar subsidiariamente una orden de demolición. 3.6. Retroactividad en la aplicación del plazo de prescripción de cinco años para ejecutar subsidiariamente una orden de demolición dictada con anterioridad a la entrada en vigor de la LEC 7/2000. 4. LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA DESESTIMATORIA QUE CONFIRMA LA VALIDEZ DE UNA ORDEN DE DEMOLICIÓN. 4.1. Imposibilidad de ejecutar judicialmente una sentencia desestimatoria que confirma la validez de una orden de demolición. 4.2. La ejecución de sentencias corresponde siempre al poder judicial. 4.3. La ejecución de una sentencia desestimatoria que confirma la validez de un acto administrativo puede solicitarse por los interesados ante la administración que dictó el acto o ante el tribunal que dictó la sentencia.

I. INTRODUCCIÓN. II. LOS ANTECEDENTES DE LA SENTENCIA. III. EL POSIBLE DESTINO DE LOS BIENES QUE INTEGRAN LOS PATRIMONIOS PÚBLICOS DE SUELO Y SU EVENTUAL VOCACIÓN URBANÍSTICA COMO PARÁMETRO DE VALORACIÓN. IV. LAS VALORACIONES URBANÍSTICAS Y SU REPERCUSIÓN EN EXPEDIENTES EXPROPIATORIOS PARA LA CONSTITUCIÓN O AMPLIACIÓN DE PATRIMONIOS PÚBLICOS DE SUELO. V. UNA ÚLTIMA REFLEXIÓN: EL SISTEMA DE VALORACIONES DEL PROYECTO DE LEY DEL SUELO.

I. Sobre el control judicial de la discrecionalidad de la potestad de planeamiento. II. Antecedentes del asunto litigioso. III. La sentencia de 21 de junio de 2013 (PO n.º 215/2011). Una interpretación complaciente con la Administración municipal y, además, errónea. IV. La sentencia del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 2015 (RC N.º 2678/2013). La salvaguardia del principio de equidistribución y, con el, de la igualdad de todos en el ejercicio del derecho de propiedad. V. Valoración general.

I. Introducción. II. El tratamiento normativo en las legislaciones urbanísticas de la caducidad en la acción de restablecimiento de la legalidad urbanística y del reconocimiento posterior de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación. Evolución normativa a raíz de la jurisprudencia. III. La STS de 10 de noviembre de 2022. La «firmeza» de la caducidad. Inexistencia de renuncia a la prescripción ganada. IV. Obras y usos amparados en la caducidad ganada. La normativa urbanística versus la STS de 10 de noviembre de 2022. V. Conclusiones.

I. CONCEPTO, ORIGEN, EVOLUCIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA DE COOPERACIÓN. 1) PRESUPUESTOS Y ELEMENTOS. 2) NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS. 3) FASES E INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN. 4) NATURALEZA JURÍDICA. II. LA COOPERACIÓN EN LA LEGISLACIÓN ESTATAL. III. EL SISTEMA DE COOPERACIÓN EN LA LEGISLACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. A) ASTURIAS. B) ANDALUCÍA. C) CANARIAS. D) CATALUÑA. E) CANTABRIA. F) CASTILLA Y LEÓN Y EXTREMADURA. G) GALICIA. H) BALEARES. I) REGIÓN DE MURCIA. J) COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. K) LA RIOJA. L) PAÍS VASCO.

1. La Ley de vivienda de 2023 y su operatividad: objetivos declarados y objetivos por alcanzar. 2. El recurso de inconstitucionalidad planteado. Los preceptos impugnados. 3. Los argumentos de la impugnación. 4. La confirmación de la constitucionalidad de la Ley. Excepción: matices en la regulación de las viviendas protegidas y de los parques públicos de vivienda. 5. El voto particular como contrapunto. Algunas consideraciones sobre la interpretación constitucional de las Leyes, a modo de cierre.

I. Introducción. II. La sentencia del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 2016. 1. Comentario.