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1. INTRODUCCIÓN. 2. EL VALOR DE LA INFORMACIÓN EN LOS SECTORES LIBERALIZADOS Y SOMETIDOS A UNA INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA DE REGULACIÓN. 3. LAS VÍAS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LOS OPERADORES EN EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES. 3.1. EL SUMINISTRO DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LOS OPERADORES. 3.2. LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS AUTORIDADES REGULADORAS. 3.3. EN PARTICULAR, LA DISTINCIÓN CON RESPECTO A LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DEL EJERCICIO DE POTESTADES INSPECTORAS Y SANCIONADORAS. 4. LA CONFIGURACIÓN NORMATIVA DEL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN A LOS OPERADORES POR PARTE DE LA COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES. 4.1. LA CONFIGURACIÓN ORIGINARIA DE LA POTESTAD DE LA COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES PARA REQUERIR INFORMACIÓN A LOS OPERADORES BAJO LA LEY 12/1997, DE 24 DE ABRIL, DE LIBERALIZACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES. 4.2. LA RECONFIGURACIÓN DE LA POTESTAD DE LA COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES PARA REQUERIR INFORMACIÓN A LOS OPERADORES BAJO LA VIGENTE LEY 32/2003, DE 3 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE TELECOMUNICACIONES. 5. ANÁLISIS Y DELIMITACIÓN DE LA POTESTAD DE LA COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES PARA REQUERIR INFORMACIÓN A LOS OPERADORES. 5.1. NATURALEZA DE LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN. A) EL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN COMO EJERCICIO DE UNA POTESTAD PRIVATIVA DE LA COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES. B) EL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN COMO ACTO DEFINITIVO DE CARÁCTER DECISORIO Y CONSTITUTIVO QUE INCIDE SOBRE LA ESFERA JURÍDICA DE SUS DESTINATARIOS. C) EL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN COMO ACTO AUTÓNOMO EJERCITABLE EN CUALQUIER MOMENTO. D) EL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN COMO ACTO EJECUTORIO. 5.2. COMPETENCIA PARA ACORDAR LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN COMO ACTO EJECUTORIO. 5.2. COMPETENCIA PARA ACORDAR LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN. 5.3. ALCANCE DE LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN. A) ALCANCE SUBJETIVO O PERSONAL DE LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN. B) ALCANCE OBJETIVO O MATERIAL DE LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN. 5.4. CONDICIONES DEL EJERCICIO DE LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN. A) EJERCICIO MOTIVADO Y PROPORCIONADO DE LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN. B) LA DESVIACIÓN DE PODER Y LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN. 6. CONCLUSIONES.

I. Introducción. II. Breve premisa acerca de la esquizofrenia del legislador y las incoherencias de la normativa aplicable: la mutación de la función del padrón municipal. III. Los supuestos de acceso a los datos del padrón municipal por parte de otras Administraciones públicas en materia de extranjería. A. El acceso al dato del domicilio. B. El acceso a los datos padronales de los interesados en procedimientos de extranjería. C. El acceso a los datos padronales de extranjeros por parte de la Dirección General de la Policía al padrón municipal para el ejercicio de sus competencias en materia de extranjería. V. Conclusión.

I. A MODO DE INTRODUCCIÓN: EL ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO EN RÉGIMEN LABORAL EN CRECIMIENTO Y BAJO SOSPECHA. II. LOS PUNTOS DÉBILES DEL SISTEMA DE FUENTES REGULADORAS DEL ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO LABORAL. II.1. El tardío reconocimiento del derecho fundamental a acceder en condiciones de igualdad al empleo público en régimen laboral. II.2. El sistema de fuentes: el controvertido papel de la negociación colectiva. III. LAS PRINCIPALES DEFICIENCIAS E INSUFICIENCIAS DEL RÉGIMEN JURÍDICO-MATERIAL DEL ACCESO DIRECTO E INDIRECTO AL EMPLEO PÚBLICO LABORAL. III.1. Las sociedades públicas y los principios de mérito y capacidad. III.2. La sospechosa primacía del concurso de méritos. III.3. La polémica implicación de los representantes de los trabajadores en los órganos de selección. III.4. La selección del personal laboral temporal mediante listas de espera: una oportunidad perdida por el EBEP. III.5. La consolidación del empleo público precario como inaceptable medida estructural. III.6. Los problemas derivados de la utilización de la contratación laboral ante la ausencia de previsiones normativas específicas y las limitaciones de la jurisprudencia.

I. Introducción. II. La Jurisprudencia comunitaria sobre los abusos de las relaciones laborales de carácter temporal en la Administración. III. La respuesta de nuestra Jurisdicción Social: la creación de la figura del «personal indefinido no fijo» (PINF). IV. EL punto de inflexión: la reciente STJUE de 22 de febrero y la «fijeza» como posible sanción a dichas irregularidades. V. Las primeras consecuencias: incertidumbre judicial y sentencias contradictorias. VI. Algunas consideraciones críticas al respecto. VII. Bibliografía.

1. La doble faceta del acoso en el ámbito que nos ocupa: como infracción o vulneración jurídica inicial de la que se informa, por un lado, y como represalia al que ha informado, por otro. 2. La existencia de situaciones de acoso laboral susceptibles de ser consideradas como delito; como infracción administrativa disciplinaria de empleados públicos; como infracción administrativa sancionadora general respecto de trabajadores del sector privado; como lesión de derechos fundamentales (como los de los arts. 15 y 18 CE); o como base de otro tipo de acciones. 3. El concepto de “trato degradante” lesivo del “derecho fundamental a la integridad física y moral”, al que se asocia el concepto de acoso laboral, en la jurisprudencia del TEDH y en la de nuestro TC. 4. El tratamiento del acoso laboral, en la jurisprudencia del Tribunal europeo de derechos humanos y en la jurisprudencia de nuestro tribunal constitucional. 5. El tratamiento del acoso laboral como delito, en la jurisprudencia de la sala de lo penal del TS español 6. El tratamiento del acoso laboral en la jurisprudencia de la sala de lo social del TS español. 7. El tratamiento del acoso laboral en la jurisprudencia de la sala de lo contencioso-administrativo del TS español. 8. Actuaciones vinculadas al acoso laboral en la jurisdicción civil. 9. La necesidad de tomar como punto de partida común para todas las jurisdicciones el concepto de acoso laboral, requisitos y conductas típicas de la resolución de la secretaría de estado para la función pública de 5/5/2011. 10. Conclusiones sobre los requisitos del acoso laboral a considerar en los distintos tipos de acciones y pretensiones ejercitables ante el mismo. Bibliografía.

1. Introducción. 2. Documentos y textos normativos de derecho internacional y de derecho europeo en la materia. 3. Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y demás órganos judiciales de la Unión Europea. 4. Legislación general española sobre sobre igualdad de género, de garantía integral de la libertad sexual y de prevención de riesgos en el trabajo. 5. Jurisprudencia del Tribunal Constitucional español. 6. Tratamiento por el Código Penal y la Jurisdicción Penal españoles. 7. Tratamiento por el Derecho Laboral y la Jurisdicción Social españoles. 8. Tratamiento por la legislación disciplinaria de los empleados públicos y por la Jurisdicción contencioso-administrativa españolas. 9. Tratamiento por el Derecho Militar y la jurisdicción militar españoles. 10. Tratamiento por la Jurisdicción Civil española. 11. Conclusiones de una visión conjunta, sintética y sistemática. 12. Bibliografía

I. Fundamento y evolución de la nulidad del acto administrativo constitutivo de delito. II. Relación entre la infracción penal y el acto administrativo a efectos de la nulidad de pleno derecho. III. El papel del juez penal en la nulidad del acto administrativo constitutivo de infracción penal o dictado como consecuencia de ella. IV. Conclusiones. V. Bibliografía.

I. Introducción. II. Principales características del acto administrativo transnacional. III. Modelos regulativos que se corresponden con el empleo del acto transnacional. IV. Tendencias actuales hacia la sustitución de los actos transnacionales por actos dictados por la Administración central europea. V. ¿Cuándo se ha de emplear el acto transnacional?. VI. Breve "excursus" en relación con las "autorizaciones con efectos para todo el territorio nacional" reguladas en la redacción original de la LGUM. VII. Bibliografía.

I. Derecho penal y derecho administrativo. II. Licencias urbanísticas. III. Contratos y subvenciones. IV. Conclusiones y recomendaciones de lege ferenda.

1. Antecedentes. 2. Concepto y clases de actoìpresunto. 3. La sistemática clasificatoria. 4. El sedicenteìbeneficio del acto estimatorio. 5. La certificación. a)ìNaturaleza. b) Contenido y efectos. c) Autoría. d) Losìterceros. e) La obligación de resolver. f) La prohibición deìresolver. g) La certificación imposible.