Hemeroteca

1. Introducción. 2. Conformación histórica de los consorcios antes de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración Local. 2.1. Nacimiento y evolución. 2.2. Los consorcios como entidades locales. 3. Las innovaciones de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, y la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa. 3.1. Las modificaciones introducidas en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. 3.1.1. Régimen general. 3.1.2. Regímenes especiales. 3.2. Los artículos 12 a 15 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa. 4. La regulación de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Efectos de la regulación vigente sobre los consorcios en el ámbito local. 5. Conclusión.

1. La nueva regulación del artículo 108.3 de la Ley 29/1998 de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 2. El origen del artículo 108.3 de la Ley 29/1998: su génesis parlamentaria. 3. Las paralelas reformas penal y administrativa: el nuevo artículo 319.3 del Código Penal. 4. Los antecedentes del artículo 108.3 de la Ley 29/1998: leyes autonómicas y declaración de inconstitucionalidad. 5. El examen de las cuestiones controvertidas que suscita la interpretación del artículo 108.3 de la Ley 29/1998.

1. El debate sobre la remunicipalización: precisiones iniciales sobre su finalidad. 2. El contexto de regulación y del modelo económico como condicionantes de la remuncipalización. 2.1. Breve referencia a la evolución de la posición de las Administraciones Públicas en el desarrollo de actividad económica. 2.2. Límites generales y contextualización de la colaboración público-privada en Europa. 3. Delimitación conceptual y "resituación" de la posibilidad de remunicipalizar en el marco normativo vigente. 4. La necesaria delimitación conceptual de contrato de gestión de servicios públicos y servicios. 5. Las limitaciones derivadas del derecho europeo de la contratación pública a la posibilidad de "remunicipalizar" los servicios. La desaparición de la posibilidad del rescate como una prerrogativa. 5.1. La equivalencia de prestaciones en las fórmulas de colaboración público-privada: plazos y protección de las inversiones a efectuar. 5.2. El rescate de la concesión como opción expropiatoria y no como prerrogativa del contrato administrativo. 6. Epílogo conclusivo.

1. Introducción. 2. Naturaleza jurídica de los actos administrativos de renuncia y desistimiento: ¿actos de trámite o actos que ponen fin al procedimiento de adjudicación? 3. Las causas legitimadoras. 3.1. El concepto de "interés público" (renuncia). 3.2. La infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o del procedimiento de adjudicación (desistimiento). 4. La exigencia temporal. 5. Las exigencias formales. 6. La compensación a los candidatos o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido.

1. Una observación previa. 2. Un nuevo principio nuclear en la actuación de las Administraciones Públicas: la estabilidad presupuestaria. 3. Concepto y clasificación del sector público local. 4. El sector público local y su redimensionamiento: ideas previas. 5. El Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (versión publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales-Congreso de los Diputados de 7 de noviembre de 2013). 5.1. Medidas que inciden en el redimensionamiento del sector público local. 5.2. Cuestiones que no abordan el Proyecto y que ayudarían a racionalizar el sector público local. 6. Medidas concretas de redimensionamiento: la nueva disposición adicional novena LBRL. 7. Enmiendas presentadas a la disposición adicional novena. 8. La redacción definitiva de la Ley 27/2013. Los cambios introducidos en el Senado.

1. Introducción. 2. Regulación: causas y efectos. 3. La potestad de resolución. 4. Incumplimiento de las obligaciones esenciales. 5. El interés público en la resolución del contrato. 6. La obligación esencial en el pliego y el contrato. 7. Conclusiones. 8. Bibliografía consultada.

1. LA RESPONSABILIDAD COMO PRINCIPIO GENERAL DEL DERECHO. 2. DIFERENCIA ENTRE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y LAS PRESTACIONES O AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL. 3. LA OBJETIVACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. 4. COMPATIBILIDAD DE PRESTACIONES. 5. LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN LAS RELACIONES DE SUJECIÓN ESPECIAL. 6. EL NEXO CAUSAL. 7. CARACTERES DEL NEXO CAUSAL. 8. LA PRUEBA DEL NEXO CAUSAL. 9. LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DERIVADA DE LA INACTIVIDAD ADMINISTRATIVA. 10. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DERIVADA DE FESTEJOS POPULARES ORGANIZADOS O AUTORIZADOS POR LOS AYUNTAMIENTOS. 11. LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y EL CASO FORTUITO O LA FUERZA MAYOR. 12. LAS TRASFERENCIAS DE SERVICIOS Y LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN.

I. LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LAS ENTIDADES LOCALES. 1. INTRODUCCIÓN. 2. MARCO LEGAL ACTUAL. 2.1. LOS POSTULADOS CONSTITUCIONALES DE LA RESPONSABILIDAD. 2.2. NORMATIVA DE RÉGIMEN LOCAL Y LEY 30/1992, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN. II. LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LAS AUTORIDADES Y LOS EMPLEADOS LOCALES. 1. CONSIDERACIONES GENERALES. 2. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE A LA RESPONSABILIDAD EXIGIDA POR LA PROPIA ADMINISTRACIÓN A SUS AUTORIDADES O FUNCIONARIOS. 2.1. REQUISITOS SUBJETIVOS. 2.2. REQUISITOS OBJETIVOS. 2.3. PLAZO. 3. PROCEDIMIENTO PARA EXIGIR LA RESPONSABILIDAD. 3.1. INICIACIÓN. 3.2. NOTIFICACIÓN A LOS INTERESADOS. 3.3. INSTRUCCIÓN. 3.4. AUDIENCIA Y VISTA. 3.5. RESOLUCIÓN. 4. EFECTOS. 4.1. EFECTOS JURÍDICO-PROCESALES. 4.2. EFECTOS JURÍDICO-MATERIALES. III. LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL. 1. RESPONSABILIDAD PENAL Y RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DEL DELITO. 2. RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DEL DELITO VERSUS RESPONSABILIDAD CIVIL. ¿UNA ÚNICA INSTITUCIÓN O DOS INSTITUCIONES DISTINTAS?. 3. TRASLADO DE LAS CONCLUSIONES ALCANZADAS AL ÁMBITO DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. IV. ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 121 DEL CÓDIGO PENAL DE 1995. 1. CONSIDERACIONES GENERALES. 2. TRABAJOS PARLAMENTARIOS EN TORNO AL PROCESO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LA NORMA. 3. ANÁLISIS DE LA JURISPRUDENCIA DICTADA AL AMPARO DEL ARTÍCULO 121 DEL CÓDIGO PENAL. 4. EL CRITERIO QUE SOSTENEMOS EN RELACIÓN CON LA INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 121 DEL CÓDIGO PENAL. V. RESPONSABILIDAD PENAL DE ALCALDES Y CONCEJALES. VI. CONCLUSIONES. ANEXO I. TRABAJOS PARLAMENTARIOS EN TORNO AL PROCESO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL ARTÍCULO 121 DEL CÓDIGO PENAL. VII. BIBLIOGRAFÍA.

1. Introducción. 2. Concepto de medio ambiente. 3. El medio ambiente en el Derecho (positivo). 3.1. Derecho estatal. 3.1.1. Etapa preconstitucional. 3.1.2. Constitución española de 1978. 3.2. Derecho comunitario. 3.2.1. Tratados constitutivos. 3.2.2. Derecho derivado. 3.2.2.1. Incorporación de España a la Comunidad Europea. 3.2.2.2. Principales reglamentos y directivas aprobadas en el ámbito de la responsabilidadd medioambiental, con alusión a las normas -vigentes- de transposición a nuestro Derecho interno. 3.2.2.2.1. Intervención administrativa. Actuaciones. 3.2.2.2.2. Ámbitos concretos de protección. 3.2.3. Otros textos. 4. Diferentes sistemas de responsabilidad y su relación con el medio ambiente. 5. Responsabilidad medioambiental en la vía penal. 5.1. Acción comunitaria europea. 5.2. Responsabilidad medioambiental derivada de los ilícitos penales. 6. Responsabilidad civil por daños medioambientales. 6.1. Responsabilidad extracontractual. Título de imputación. 6.2. Acciones de cesación basadas en las relaciones de vecindad. 7. Derecho Administrativo y daños al medio ambiente. 7.1. Reparación y Derecho Sancionador. 7.2. Responsabilidad patrimonial de la Administración. 7.3. Otros supuestos. 8. Hacia un régimen común. La Directiva 2004/35/CE y su transposición al ordenamiento jurídico español. La Ley 26/2007, de 30 de octubre. 8.1. Aspectos en los que la Ley 26/2007, de 23 de octubre, implica una "mejora" o extensión de las previsiones contenidas en la Directiva comunitaria. 8.2. Régimen común, no completo, de responsabilidad por daños ambientales. 9. Conclusiones.

1. Introducción. 2. El concepto de autoridad o funcionario público. 3. La responsabilidad penal de autoridades y funcionarios públicos en los delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo. 3.1. El informe favorable. 3.2. La tolerancia administrativa. 3.3. La resolución favorable. 4. La responsabilidad penal de autoridades y funcionarios públicos en los delitos contra el medio ambiente. 4.1. El informe favorable. 4.2. La tolerancia administrativa. 4.3. La resolución favorable. 4.4. La Administración contaminante. Bibliografía.