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I. Consideración preliminar. II. Tribunal de Justicia de la Unión Europea. III. Tribunal Supremo. 1. Adjudicación del contrato: valoración de la experiencia como criterio de solvencia (STS de 29 de mayo de 2019). 2. Criterios de adjudicación: el precio como único criterio (STS de 30 de mayo de 2019). 3. Criterios de valoración: fijación de subcriterios (STS de 29 de junio de 2019). 4. Naturaleza de la retribución que percibe el concesionario de servicios públicos. 5. Imposición de penalidades. Caducidad del expediente (STS de 21 de mayo de 2019). 6. Reequilibrio económico del contrato de concesión (STS de 22 de mayo de 2019). 7. Pago del precio: fijación de un interés de demora distinto al legal (STS de 29 de octubre de 2018).8. Resolución del contrato: cláusula que establece la indemnización correspondiente a la resolución del contrato por causa imputable a la Administración (STS de 1 de julio de 2019). 9. Resolución del contrato: supuesto que permite resolver el contrato a instancias el contratista (STS de 29 de junio de 2019). IV. Audiencia Nacional. 1. Solvencia técnica y económica de la licitadora (SAN de 20 de febrero de 2019). V. Tribunales Superiores de Justicia y Tribunales Administrativos Contractuales.

I. Consideración preliminar. II. Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 1. Concesiones no comprendidas en la legislación sobre contratación pública. 2. Acuerdos de suministro de medicamentos y posible calificación como contratos públicos. 3. Límites a la subcontratación. III. Tribunal Supremo. IV. Audiencia Nacional. V. Tribunales Administrativos de Recursos Contractuales. 1. División en Lotes. 2. Normas de garantía de la calidad (artículo 80 del TRLCSP y artículos 44 y 62 de la Directiva 2014/24/UE). 3. Cláusulas sociales. 4. Contratos de gestión de servicios públicos. 5. Contratos sujetos a regulación armonizada (umbrales). 6. Contratos de concesión de servicios. 7. Medios alternativos para la acreditación de la solvencia económica y financiera. 8. Efecto directo del art. 41 de la Directiva 2014/24/UE: objetivo evitar la participación previa de una empresa en un procedimiento de licitación pueda falsear la competencia. 9. Contratos de servicios sujetos a regulación armonizada. 10. Precio de los contratos (arts. 87.1 del TRLCSP y 88.4 y 5 del TRLCSP).

I. Consideración preliminar. II. Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 1. Extensión de los recursos en materia de contratación a los actos de trámite. 2. Acreditación de la experiencia basado en las capacidades de otras empresas y sus límites. 3. Limitaciones a la subcontración contrarias a los principios generales. III. Audiencia Nacional. 1. Intereses de demora que pueden derivarse de la relación contractual. 2. Las certificaciones parciales no son autónomas del contrato principal. 3. El importe de las revisiones que procedan se hará efectivo mediante el abono o descuento correspondiente en las certificaciones o pagos parciales. Procedn también intereses por la demora en su pago. 4. Intereses moratorios devengados por la cuota correspondiente al IVA. 5. Intereses de demora que pueden derivarse de la relación contractual. IV. Tribunales Superiores de Justicia y Tribunales administratvos contractuales. 1. Indebida ...

I. Consideración preliminar. II. Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 1. Efecto directo de las directivas sobre contratación pública y su alcance. 2. Disolución de UTE y autorización a una de las dos empresas que formaban parte de una UTE a participar en la licitación en su propio nombre. 3. Contrato de gestión de servicios públicos y mantenimiento de los derechos de los trabajadores. III. Tribunal Supremo. 1. Resolución de un contrato por parte de un poder adjudicador no Administración pública: cuantía de la indemnización. 2. Impago al subcontratista y ejercicio de la acción directa frente a la Administración. 3. Delimitación del concepto de gastos de primer establecimiento. 4. Revisión de precios en los contratos de redacción de proyecto y ejecución de obra. 5. Mantenimiento del equilibrio económico de las concesiones: interpretación de la DA 8ª de Ley 43/2010. 6. La inviabilidad de los denominados préstamos participativos solicitados por los concesionarios en concurso. 7. Doctrina del acto propio. No puede estimarse la petición de resolución del contrato cuando previamente se ha solicitado y obtenido, por la misma causa, el reequilibrio económico del mismo. IV. Audiencia Nacional. 1. Requerimiento de subsanación. Exclusión del procedimiento de licitación: estimación del recurso por parte de la AN. 2. Falta de legitimación activa de un sindicato (CC.OO.).

I. Consideración preliminar. II. Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 1. Denegación a un licitador del acceso a los documentos de una licitación en lotes. 2. Prohibición de contratar por la condena penal del administrador de una empresa licitadora. 3. Requisito de satisfacer necesidades de interés general para ser considerada poder adjudicador. III. Tribunal Supremo. 1. Division en lotes: criterio de formación de los lotes. 2. El precio cierto como elemento de contrato administrativo. 3. Procedimiento de contratación: aclaraciones a los licitadores. 4. Reducción del objeto contractual por motivos económicos. 5. Inexigibilidad de acuerdo formal para determinar que la ejecución de un contrato ha sido suspendido. 6. Suspensión y posterior modificación del contrato ...

I. Consideración preliminar. II. Tribunal de Justicia de la Unión Europea. A. Precio medio y oferta económicamente más ventajosa. Baja temeraria. B. Obligación de motivación e información a los licitadores de la decisión de adjudicación del contrato. C. La negociación en el procedimiento negociado. D. La jurisprudencia del TJUE y las modificaciones contractuales. III. Tribunal Supremo. A. El expediente de aprobación de un proyecto de obras está sometido a caducidad. B. Supuestos que no justifican el requilibrio económico del contrato público: descenso del tráfico en autopistas y aplicación de un tipo impositivo de IVA inferior al previsto. C. Vulneración de los principios de libre competencia y neutralidad tecnológica. IV. Tribunales administrativos de recursos contractuales. A. Interpretación del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid de cómo se han de valorar las ofertas anormales y desproporcionadas (art. 152 TRLCSP) cuando el único elemento de valoración es el precio.

I. Consideración preliminar. II. Tribunal de Justicia de la Unión Europea. A. Concepto de contrato público y aplicación a las encomiendas entre entidades públicas. B. Los Colegios profesionales no se consideran poderes adjudicadores. C. Posibilidad de acumular capacidades de varios operadores económicos para cumplir las exigencias mínimas de capacidad establecidas por la entidad adjudicadora. III. Tribunal Supremo. A. La resolución del contrato no conlleva la pérdida del objeto procesal del recurso interpuesto en su día contra los actos preparatorios. B. Exención del visado colegial de los proyectos arquitectónicos correspondientes de contratos de obras. IV. Audiencia Nacional. A. El sorteo, "con lanzamiento de moneda al aire", como criterio de desempate no previsto en procedimientos con varios criterios de adjudicación. V. Tribunales Administrativos de recursos contractuales. A. Interpretación del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACREC) en relación a la admisión de legitimación para la interposición de los recursos especiales: el interés legítimo. B. El mecanismo de la cuestión de nulidad en relación con una cesión de contrato.

I. Consideración preliminar. II. Tribunal de Justicia de la Unión Europea. A. Doctrina sobre los contratos "in house". Interpretación del requisito del control análogo. B. Exclusión de la oferta de un licitador y principio de igualdad de trato. C. Plazo para la interporsición de un recurso de anulación contra la adjudicación de un contrato. III. Tribunal Constitucional. IV. Tribunal Supremo. A Hora de finalización del plazo de presentación de las ofertas. B. Suspensión de la obra e indemnización por los daños ocasionados al contratista. C. Crisis económica y aplicación de la cláusula rebus sic stantibus. D. Prohibiciones de contratar; legitimación para solicitar su imposición y prescripción. E. Consecuencias de la anulación de determinadas cláusulas de un pliego: apertura de un nuevo procedimiento de licitación. V. Tribunales Superiores de Justicia. La responsabilidad subsidiaria de la Administración por impago de los justriprecios expropiatorios por parte de los concesionarios.

I. Introducción: ¿es la innovación tecnológica un nuevo remedio a una vieja necesidad? II. La transposición de la Directiva 2004/18/CE: crónica de una oportunidad perdida. III. ¿Se puede tropezar dos veces sobre la misma piedra? Breve referencia al Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público. IV. La relativa automatización de los procesos de adjudicación: ¿fortalecimiento de las garantías de objetividad o necesidad de restructuración de la organización? V. ¿Puede la contratación pública dejar de ser un obstáculo a la innovación? VI. Reflexiones finales.

I. Consideración preliminar. II. Tribunal de justicia de la unión europea. 1. Irregularidades en los contratos públicos para la gestión de los fondos. estructurales de la unión europea. criterios aplicables a las correcciones financieras. 2. Alcance de la obligación de motivación que incumbe al órgano de contratación en las ofertas anormalmente bajas III. Tribunal supremo. 1. Posibilidad de un ente público de ser adjudicatario de un contrato. 2. Solvencia económica y financiera y principio de proporcionalidad. 3. Aptitud del licitador: contrato de servicios de terapia respiratoria domiciliaria. 4. Anulación del «céntimo sanitario» y doctrina del enriquecimiento injusto. 5. Reequilibrio económico del contrato. 6. Aprobación de la certificación final de obra y devengo de intereses de demora. 7. Liquidación de una concesión: concepto de «inversiones indemnizables». 8. Invalidez del rescate de una concesión que no se fundamenta en un interés. público sobrevenido. IV. Audiencia nacional. 1. La demora en el pago del precio de un contrato devenga intereses si el contratista presenta la factura correctamente. 2. Justificación de la suficiencia económica y financiera por acumulación de la acreditada por un componente de la UTE. 3. La causa de resolución del apartado d) del artículo 284 de la ley 30/2007. requiere que al momento de la adjudicación exista un contrato principal. V. Tribunales superiores de justicia y tribunales administrativos contractuales. 1. Solicitud de resarcimiento por la imposibilidad de ejecución del contrato: indemnización de daños y perjuicios: acreditación de la concurrencia de daños. 2. Reconocimiento de los intereses de demora. 3. Revisión de precios.