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I. Planteamiento. II. Contratación pública en la normativa comunitaria. II. La sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 12 de julio de 2001 (asunto C-399/98). 1. Antecedentes. 2. Legislación examinada. 3. Examen del litigio y cuestiones prejudiciales. IV. Procedimiento de selección del agente urbanizador previsto en la LRAU y análisis de su adecuación a las normas de derecho comunitario. 1. Estudio del procedimiento de adjudicación de Programas de Actuación Integrada y la selección de Agente Urbanizador en la LRAU. 2. Análisis sobre la adecuación de la LRAU a la Directiva.

I. Estructura de la Ley. II. Ámbito subjetivo de la Ley. III. Régimen jurídico de los contratos típicos. IV. El procedimiento de selección y adjudicación del contratista. 1) Nuevos criterios de valoración de ofertas. 2) Un nuevo procedimiento, el diálogo competitivo. 3) Criterios de adjudicación. V. El nuevo recurso en materia de contratos. VI. Técnicas de simplificación y racionalización en la contratación.

1. LOS CONTRATOS BANCARIOS Y DE SEGUROS; PRÉSTAMOS, OPERACIONES DE TESORERÍA Y OPERACIONES FINANCIERAS. A) CALIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS BANCARIOS Y DE SEGUROS. B) PRESTAMOS. C) OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS.

1. El precio. 2. Mejoras ofertadas. 3. Plazo de ejecución. 4. Ubicación de la empresa. 5. Otros criterios de valoración.

I. Fundamento y requisitos de validez de la factra electrónica. II. Regulación legal. A) Ámbito tributario. B) Ámbito general o administrativo. C) Ámbito de contratación con el Sector Público. D) Ámbito autonómico. E) Ámbito foral. F) Ámbito local. III. Obligatoriedad de la factura electrónica. IV. Formatos de facturas electrónica: formato "factura-e". V. Programa de ayuda de "factura-e". VI. El punto de general de entrada de facturas de la Administración general del Estado: FACe. VII. Problemas originados con la puesta en marcha de la obligatoriedad de la factura electrónica obligatoria.

I. La regulación del recurso especial en materia de contratación. Órganos encargados de resolución. II. Análisis de resoluciones dictadas en recursos que impugnan los pliegos. 1. Sobre el plazo de interposición del recurso contra pliegos. 2. Sobre la legitimación para la interposición del recurso contra pliegos.

1. Introducción. 2. Ampliación del ámbito subjetivo (art. 3). 3. Negocios y contratos excluidos (art.4). 4. Concepto de contrato de concesión de obra públicas (art.7). 5. Contrato de gestión de servicios públicos (art.8). 6. Concepto de contrato de servicios (art.10). 7. Contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado (art. 11). 8. Contratos sujetos a regulación armonizada (art. 13). 9. Contratos subvencionados sujetos a una regulación armonizada (art. 17). 10. Contratos privados (art. 20). 11. Jurisdicción competente (art. 21). 12. Duración del contrato (art. 23.2). 13. Recurso especial en materia de contratación (art. 37). 14. Responsable del contrato (art. 41). 15. Perfil de contratante (art.42). 16. Integración de solvencia con medios externos (art. 52). 17. Clasificación (art. 54). 18. Vigencia de las clasificaciones (art. 59). 19. Solvencia económica financiera (art. 64). 20. Solvencia técnica en los contratos de obras (art. 65). 21. Solvencia técnica en los contratos de suministro (art. 66). 22. Objeto del contrato (art. 74). 23. Precio (art. 75). 24. Cálculo del valor estimado de los contratos (art. 76). 25. Garantía provisional (art. 91). 26. Tramitación anticipada (art. 94.2). 27. Condiciones especiales de ejecución del contrato (art. 102). 28. Contratación conjunta de proyecto y obras (art. 108.4). 29. Contratos menores (art. 122.3). 30. Procedimiento negociado (arts. 153 y ss.) 31. Presentación de documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos (art. 130). 32. Subasta electrónica (art. 132). 33. Criterios de valoración de las ofertas (art. 134). 34. Adjudicación provisional y definitiva (art. 135). 35. Prestaciones complementarias (arts. 155.b y 158.b). 36. Diálogo competitivo (arts. 163 y ss.). 37. Normas aplicables por los poderes adjudicadores que no tengan el carácter de Administraciones Públicas (art. 173 y ss.). 38. Normas aplicables por otros entes del sector público que no sean poderes adjudicadores (art. 176). 39. Racionalización técnica de la contratación (art. 178 y ss.). 40. Pago del precio (art. 200). 41. Modificaciones del contrato (art. 202). 42. Subcontratación (art. 210). 43. Obras a tanto alzado y obras con precio cerrado (art. 216). 44. Mantenimiento del equilibrio económico del contrato de concesión de obra pública (art. 241). 45. Duración de los contratos de servicios (art. 279). 46. Mesas de Contratación (art. 295). 47. Plataforma de contratación del Estado (art. 309). 48. Normas especiales para la contratación del acceso a base de datos y la suscripción a publicaciones (Disp. Adic. 12.ª). 49. Medios de comunicación utilizables en los procedimientos regulados en esta Ley (Disp. Adic. 18.º). 50. Uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en los procedimientos regulados en la Ley (Disp. Adic. 19.ª). 51. Régimen jurídico de TRAGSA, y de sus filiales (Disp. Adic. 30.ª). 52. Disposición final segunda. Retención adicional de crédito del 10% del importe de adjudicación en los contratos de obras plurianuales. 53. Disposición final quinta. El Administrador de infraestructuras ferroviarias (ADIF) ajustará su actividad contractual a las normas establecidas para las Administraciones Públicas en esta Ley.

I. Cuestión planteada. II. Consideraciones jurídicas. III. Opinión.

1. Introducción. 2. Ámbito de análisis. 3. Presupuesto de la responsabilidad: contrato con causa lícita y culpabilidad de una de las partes. 3.1. Celebración de un contrato con causa lícita. 3.2. Culpabilidad del contratista. 3.3. Culpabilidad de la Administración. 4. Efectos indemnizatorios. 4.1. Determinación de los daños y perjuicios causados a la Administración. 4.2. Determinación de los daños y perjuicios causados al contratista. 5. Cauce procedimental para la reclamación de daños y perjuicios. Cuadro de Dictámenes del Consejo de Estado.

I. Cuestión planteada. II. Fundamentación jurídica. III. Opinión.