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I. El deber de urbanizar como carga real y sus consecuencias. Algunos conflictos. II. La obligación de pago del tercer adquirente de un bien afecto por ley al pago de la urbanización. III. El canon de urbanización ¿deuda de derecho público? Momento en que se adquiere tal condición y efectos jurídicos. IV. Garantías para el deudor en los procesos de gestión de cobro del canon, en tanto que deuda de derecho público. V. A modo de resumen.

I. Los principios generales de la nueva Ley del Suelo. II. La promesa del urbanismo sostenible. III. El derecho a la vivienda y los restantes derechos y deberes de los ciudadanos en relación con el urbanismo. IV. La evaluación ambiental del planeamiento urbanístico.

I. PLANTEAMIENTO GENERAL. II. CUESTIONES JURÍDICAS PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS URBANÍSTICAS. 1. La obligación de derribo y la ejecución de las sentencias urbanísticas. Supuestos de aplicación. 2. La ejecución de sentencias urbanísticas que estiman la nulidad de un plan urbanístico: entre la inseguridad jurídica y los pronunciamientos judiciales. a) La anulación de un plan urbanístico general. b) La anulación del plan urbanístico derivado. 3. La ejecución de sentencias urbanísticas que anulan instrumentos de gestión urbanística. III. LA POSICIÓN DE LOS TRIBUNALES Y LAS PARTES EN LA EJECUCIÓN (ART. 103 LJCA). 1. La potestad de hacer ejecutar las sentencias urbanísticas corresponde al órgano que la dictó en primera instancia (art. 103.1 LJCA). 2. La obligación de las partes de cumplir con las sentencias (art. 103.2 LJCA). 3. El deber de colaboración de las personas y entidades tanto públicas como privadas (art. 103.3 LJCA). 4. La nulidad de los actos y disposiciones contrarios al pronunciamiento de las sentencias dictados con la finalidad de eludir su cumplimiento (art. 103.4 y 103.5 LJCA). a) Actos y disposiciones que entran en el ámbito de aplicación del artículo 103.4 LJCA. b) La contradicción con el pronunciamiento del fallo de la sentencia como requisito objetivo para estimar la nulidad del acto o disposición administrativa. c) La finalidad de eludir el cumplimiento del pronunciamiento de la sentencia y su carácter subjetivo. d) El procedimiento para declarar la nulidad del acto o disposición administrativa (art. 103.5 LJCA). IV. LAS FASES DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. 1. La ejecución voluntaria (art. 104.1 LJCA). 2. La ejecución forzosa (art. 104.2 LJCA). a) La legitimación de las partes y personas afectadas para instar la ejecución forzosa de la sentencia. La nueva postura de los tribunales. 3. El incidente de ejecución de sentencia (art. 109 LJCA). V. LA PROHIBICIÓN DE INEJECUCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL FALLO Y LAS CAUSAS DE IMPOSIBILIDAD MATERIAL Y LEGAL. 1. La prohibición de suspender o declarar la inejecución total o parcial del fallo (art. 105 LJCA). 2. La causa de imposibilidad material. a) la concurrencia de la imposibilidad material o legal está sometida a las prescripciones procedimentales del art. 105.2 LJCA. La indemnización sustitutoria. b) La imposibilidad material y su interpretación restrictiva. c) El estado de la técnica y la complejidad en la demolición. d) La imposibilidad material no es sinónimo de complejidad o prolongación en el tiempo de la ejecución. 3. La causa de imposibilidad legal o jurídica. a) La imposibilidad legal o jurídica como característica propia en la ejecución de sentencias urbanísticas. b) La interpretación jurisprudencial de la imposibilidad legal o jurídica. c) La presencia de terceros adquirentes de buena fe no es causa de imposibilidad legal o jurídica. Especial referencia a la imposibildiad económica. VI. MEDIDAS PROPUESTAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS URBANÍSTICAS EN LA LJCA. 1. La insuficiente publicación y registro de las sentencias (art. 107 LJCA). 2. La potestad de sustitución en el ejercicio de potestades regladas y discrecionales en la ejecución de las sentencias (art. 108 LJCA). 3. Medidas previstas en el art. 112 de la LJCA para el cumplimiento de las sentencias urbanísticas. a) Las multas coercitivas y su inocente aplicación en la práctica. b) El testimonio de particulares ante la inejecución de una sentencia. VII. CONCLUSIONES.

I. Introducción. II. La complejidad y conflictividad del urbanismo y su proyección sobre el proceso contencioso-administrativo: el caso francés. III. El desbordamiento de los cauces propios de la ejecución de sentencias en España. IV. Breve referencia a la doctrina jurisprudencial más reciente. V. ¿Puede hacerse algo más?

I. Introducción. II. Definiciones. III. Situaciones básicas del suelo. IV. Métodos de valoración. V. Criterios de valoración. VI. Conclusiones. VII. Anexo.

I. INTRODUCCIÓN. II. PROPIEDAD PRIVADA Y FUNCIÓN SOCIAL EN LA CONSTITUCIÓN DE 1978. 1. Concepto constitucional de propiedad privada. 2. La función social de la propiedad privada. A) Problemática. Inexistencia de un único y unívoco concepto de función social. B) La diversidad de concepciones sobre la función social de la propiedad. C) La función social en la Constitución Española de 1978. III. PROPIEDAD DEL SUELO Y TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SUELO. 1. La propiedad del suelo y su función social. La clasificación del suelo. 2. El contenido del derecho de propiedad del suelo. El ius aedificandi. A) La necesaria correspondencia función social-contenido del derecho. B) Texto Refundido de la Ley de Suelo y exclusión del ius aedificandi del contenido del derecho. IV. CONCLUSIONES.

I. SOBRE LAS CAUSAS Y ORIGEN DE LA DOCTRINA JURISPRUDENCIAL SOBRE LA VALORACIÓN DE TERRENOS DESTINADOS A SISTEMAS GENERALES. II. SOBRE EL SENTIDO Y ALCANCE DE ESTA CONSTRUCCIÓN JURISPRUDENCIAL Y SU TRATAMIENTO LEGISLATIVO. III. LA PROTECCIÓN DE LA CIUDAD COMO CRITERIO DISTINTIVO QUE MODULA EL SENTIDO Y ALCANCE DE LA DOCTRINA JURISPRUDENCIAL. IV. CONSIDERACIONES FINALES.

I. Racionalización de la potestad de planeamiento como finalidad inexcusable de la actuación urbanística. II. El control de la arbitrariedad como presupuesto de la racionalización: información y debate público sobre el modelo de ciudad. III. Racionalización y motivación adecuada de la potestad de planeamiento, control judicial de la discrecionalidad. IV. Conclusión.

I. Introducción. II. Derechos de realojamiento y retorno: definiciones y presupuestos. III. Regulación legal histórica y actual. 1. Realojo y retorno en la Legislación del Estado. 2. Realojo y retorno en la Legislación Autonómica. IV. El derecho de realojamiento y la equitativa distribución de las cargas derivadas de la ordenación urbanística. V. Claves para una regulación por ley del estado del derecho de realojamiento de ocupantes legales de viviendas afectadas por actuaciones urbanísticas. VI. Conclusiones. VII. Bibliografía.

I. Medidas autonómicas implantadas a los efectos de limitar el crecimiento urbano en extensión superficial. II. Medidas autonómicas dirigidas a contener el crecimiento urbanístico desde la vertiente poblacional. III. Sobre el fenómeno del "Urban Sprawl" en los Estados Unidos de América. En especial, el caso de los Estatutos del Estado de Maine, ejemplo de un marco normativo adecuado para fomentar la ordenación racional del crecimiento municipal.