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ALGUNAS CONSIDERACIONES DESDE LA PERSPECTIVA DELìORDENAMIENTO ESPAÑOL.

I. PROPOSITO DEL ESTUDIO. II. EL ORGANO, LA APLICABILIDAD EN CONFLICTOS Y LA FISCALIZACION JUDICIAL. III. LA DEROGABILIDAD NORMATIVA: ESPECIALIDAD Y CAPACIDAD DEROGATORIAS. IV. LA FUNDAMENTACION DE LA VALIDEZ NORMATIVA. V. DEBER DE ACATAMIENTO Y REGLA DE RECONOCIMIENTO.

I. La opinión del prof. Díez-Picazo sobre la "socialización del riesgo" y la aparición en la jurisprudencia y la doctrina españolas de un sistema de responsabilidad patrimonial del Estado legislador. II. El supuesto respaldo constitucional del art. 9.3. Sentencias del Tribunal Supremo. La rectificación de la Sentencia de 30 de noviembre de 1992: aunque se refiriese a la responsabilidad del legislador, es insuficiente para poder decidir sobre su solo texto. III. Doctrina dominante sobre el art. 9.3. como alusivo a la responsabilidad patrimonial. La tesis de este trabajo: el art. 9.3. no se refiere a la responsabilidad patrimonial, sino a la responsabilidad política, según los orígenes mismos del constitucionalismo occidental. La salida de un régimen político que desconocía, y aun negaba, esa responsabilidad. IV. El tema en los orígenes del moderno constitucionalismo en el siglo XVIII. La consagración del lexema responsabilidad y su significación. V. En concreto, en el constitucionalismo norteamericano. VI. En los orígenes de la Revolución Francesa. El art. 15 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano y sus precedentes explícitos. VII. El origen en Locke de la doctrina de la responsabilidad de los gobernantes. Su esencialidad en la doctrina democrática originaria y actual y la justificación de su inclusión en el Título Preliminar de la Constitución. VIII. La tradición de nuestro propio constitucionalismo: La Constitución de Cádiz. IX. El respaldo a esa tesis por otros conceptos constitucionales y por un sector doctrinal cualificado. J. Leguina. M. Beltrán de Felipe. En la Constitución el término "Responsabilidad" se usa siempre y exclusivamente para la responsabilidad política. X. Una apreciación somera de los demás argumentos invocados en favor del reconocimiento general de una responsabilidad patrimonial del Estado legislador. La radical falta de jurisdicción de los Tribunales Contencioso-Administrativos para entender de acciones de condena contra el legislador. Conclusión.

1. Sobre la redundancia y sus modalidades. 2. Elìprincipio de legalidad como principio de juridicidad. 3.ìSobre la posibilidad constitucional del Reglamentoìindependiente. 4. El principio de legalidad como sujeciónìplena a la Ley. 5. Principio de legalidad y reserva de Ley.ì6. La "materia" de la Ley. 7. Conclusión.

I. Introducción. II. Caracterizando el problema de base: insuficiencia del principio de proporcionalidad como canon de revisión constitucional en situaciones de incertidumbre fáctica. III. Posibles vías para abordar el problema. IV. Conclusiones. Bibliografía

1. La introducción del principio de subsidiariedad en el ordenamiento jurídico comunitario. 2. La batalla por la interpretación y el desarrollo del principio de subsidiariedad. 3. A modo de conclusión: algunas propuestas de desarrollo del control del principio de subsidiariedad como instrumento de control democrático.

I. La coerción estatal como derecho de excepción. II. La institución de la coerción estatal como ultima ratio de la coerción estatal que determina la naturaleza del procedimiento de control. III. El requerimiento del Gobierno al Presidente de la Comunidad Autónoma.

I. ACOTACIÓN PRELIMINAR. II. EXAMEN DE LAS CONSTITUCIONES EUROPEAS VIGENTES: 2.1. CONSTITUCIONES QUE RECOGEN UN PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL EN DOS LEGISLATURAS. 2.2. FASES DEL PROCEDIMIENTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL EN DOS LEGISLATURAS: A) LA INTERVENCIÓN DE LA PRIMERA LEGISLATURA. B) LA DISOLUCIÓN PARLAMENTARIA. C) LA APROBACIÓN DE LA REFORMA POR LA SEGUNDA LEGISLATURA. D) EL REFERÉNDUM POSTERIOR. III. EXAMEN DE LAS CONSTITUCIONES HISTÓRICAS ESPAÑOLAS: 3.1. CONSTITUCIONES QUE RECOGEN UN PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL EN DOS LEGISLATURAS. 3.2. FASES DEL PROCEDIMIENTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL EN DOS LEGISLATURAS: A) LA INTERVENCIÓN DE LA PRIMERA LEGISLATURA. B) LA DISOLUCIÓN PARLAMENTARIA. C) LA APROBACIÓN DE LA REFORMA POR LA SEGUNDA LEGISLATURA. IV. REFLEXIONES FINALES.

I. INTRODUCCIÓN: A) LA FUNCIÓN LEGISLATIVA. B) EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO: 1. CONCEPTO Y FASES: A) CONCEPTO. B) DELIMITACIÓN DE LAS FASES DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. 2. FINALIDAD. 3. EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN LA ACTUALIDAD: A) DESVIRTUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ACTUAL ESTADO DE PARTIDOS. B) EXTRAPARLAMENTARIZACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN Y DE LA DECISIÓN POLÍTICA. II. EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN LAS CORTES GENERALES: A) NOTAS: 1. PLURALIDAD DE MODELOS. 2. PRINCIPIO DISPOSITIVO. FLEXIBILIDAD DEL PROCEDIMEINTO. VICIOS. 3. PREDOMINIO DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS. 4. PUEDE ACTUAR TAMBIÉN COMO INSTRUMENTO DE CONTROL POLÍTICO. 5. UN PROCEDIMIENTO PARA LOS CIUDADANOS SIN LOS CIUDADANOS. 6. PROCEDIMIENTO EMINENTEMENTE PÚBLICO. 7. CONFIGURACIÓN REITERATIVA DEL PROCEDIMIENTO, CON PREDOMINIO DE LAS COMISIONES, DESIGUAL INTERVENCIÓN DE LAS CÁMARAS Y DURACIÓN IMPREVISIBLE. B) BASES PARA UNA REFORMA DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO: 1. PUNTO DE PARTIDA. 2. PRINCIPIOS INSPIRADORES DE LA REFORMA: A) EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL PARLAMENTARISMO COOPERATIVO. B) UN PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EQUILIBRADO Y ÁGIL. C) UN PROCEDIMIENTO QUE POTENCIE LA PARTICIPACIÓN DEL DIPUTADO INDIVIDUAL SIN PRIVAR DEL PROTAGONISMO A LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS. D) UN PROCEDIMIENTO QUE PERMITA EL ACERCAMIENTO A LA SOCIEDAD Y LA ADAPTACIÓN A SUS TRANSFORMACIONES. E) UN PROCEDIMEINTO QUE MEJORE LA CALIDAD Y EFICACIA DE LAS LEYES.

I. Introducción. II. Soberanía, autodeterminación y democracia en la fase inicial del procés. III. La búsqueda (infructuosa) de vías para la expresión política del procés: del referéndum a la consulta informal. IV. La nueva expresión política del procés: el tránsito constituyente hacia la desconexión estatal. V. La hora de la ruptura: el Tribunal ante la quiebra del orden constitucional. VI. Conclusiones.