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1.- POSICIONES DOCTRINALES. 2.- LA JURISPRUDENCIAìRECIENTE. 3.- CONTRAPOSICION DEL ART. 3. DE LA LEYìJURISDICCIONAL Y DEL ART. 4 DE LA LEY DE CONTRATOS DELìESTADO. 4.- CONCLUSIONES.

I. Consideraciones previas. II. La preservación de la unidad de mercado a través de los principios garantes de las libertades de empresa y de circulación de bienes. En especial, los principios de necesidad y proporcionalidad, y de eficacia en todo el territorio nacional, de las actuaciones de las autoridades competentes. III. Reflexión final.

I. Introducción. II. Las uniones de empresarios en las Directivas 2014/24/UE y 2014/23/UE: regulación mínima. III. Naturaleza jurídica y rasgos definidores de las uniones de empresarios. IV. El régimen jurídico de las uniones de empresarios contenido en la LCSP. V. Uniones de empresarios y la salvaguarda del principio de libre competencia: su compleja interacción a raíz del artículo 69.2 LCSP.

I. Planeamiento urbanístico. II. Régimen del suelo. III. Ejecución del planeamiento. IV. Disciplina urbanística.

I. Planeamiento urbanístico. II. Régimen del suelo. III. Ejecución del planeamiento. IV. Disciplina urbanística.

1. Planeamiento urbanístico. 2. Régimen del suelo. 3. Ejecución del planeamiento. 4. Disciplina urbanística.

I. Régimen del suelo. II. Planificación urbanística. III. Ejecución del planeamiento. IV. Intervención urbanística. V. Índice de voces.

I. Planeamiento urbanístico. II. Régimen del suelo. III. Ejecución del planeamiento. IV. Disciplina urbanística.

I. Planeamiento urbanístico. II. Régimen del suelo. III. Ejecución del planeamiento. IV. Disciplina urbanística.

I. Planeamiento urbanístico. 1. La evaluación ambiental estratégica de un PGOU debe realizarse en la fase preliminar de borrador. 2. En ausencia de un análisis material comparativo, la mera reviviscencia de un plan urbanístico por la anulación de su revisión no vulnera el principio de no regresión ambiental. II. Ejecución de planeamiento. 1. Aprobación definitiva de proyecto: informes sectoriales previos a la información pública III. Intervención en los usos del suelo y la edificación. 1. La administración autonómica carece de legitimación para instar la revisión de oficio de una licencia urbanística y demás actos de la administración local, salvo que una ley expresamente se la atribuya para materias determinadas o que la legitimación haya sido admitida previamente por sentencia firme. el TS ratifica su doctrina. 2. No se pierde la caducidad ganada por la realización de nuevas obras que excedan de la mera conservación, ornato, seguridad o salubridad, sobre instalaciones, obras y construcciones en situación asimilada a fuera de ordenación, por haber caducado la acción de restablecimiento de la legalidad urbanística. 3. No procede suspender cautelarmente la ejecución del cese de una actividad clandestina, ya que supondría una declaración de naturaleza positiva, accediendo al otorgamiento de una licencia inexistente o denegada, por el tiempo que durara la tramitación del recurso. IV. Voces. 1. Ejecución del planeamiento. 2. Intervención urbanística. 3. Planeamiento urbanístico.