Hemeroteca

1. Ejecución del planeamiento. A. Convenios urbanísticos: donación de terrenos. 2. Expropiación urbanística. A. Exclusión de la obtención de terrenos por expropiación. B. Obtención y valoración de terrenos. 3. Disciplina urbanística. A. Legalidad del acuerdo de restauración de la legalidad urbanística adoptado por la Comunidad Autónoma, cuando la obra en suelo rústico cuenta con licencia municipal, pero no con la autorización preceptiva autonómica. B. El dies a quo o de inicio del plazo de caducidad en procedimientos para el restablecimiento de la legalidad urbanística se computa desde que se inicia el expediente o desde que se realizan las diligencias informativas. Interpretación correcta de la expresión "el archivo de las actuaciones" del artículo 44.2, de la LJRJPAC. C. El tiempo transcurrido en la resolución de un recurso de reposición contra una resolución sancionadora urbanística no se computa a efectos de caducidad del procedimiento sancionador.

1. Consideraciones previas. 2. Cuestiones generales. 3. Acceso al empleo público. A. Igualdad en el acceso. a. Concepto de trabajador del artículo 45.1 TFUE y supuestos de empleos en las Administraciones Públicas que pueden reservarse a los nacionales de un Estado conforme al artículo 45.4 TFUE. b) Límites constitucionales de los procesos de funcionarización. c. Debe accederse a la solicitud de aspirante embarazada de celebrar el ejercicio selectivo en su domicilio o en el centro sanitario en que estuviere ingresada, ante la previsión de que en la fecha de las pruebas estuviera de parto. B. Procedimiento de selección. C. Control de la discrecionalidad técnica. La discrecionalidad técnica de los tribunales calificadores no excluye el deber de motivación de sus actos, pero esta exigencia no requiere la revisión presencial ante dichos tribunales. 4. Carrera administrativa. A. Provisión de puestos de trabajo. 5. Derechos fundamentales. A. Derecho a la igualdad y no discriminación por razón de sexo. B. Derecho a la libertad sindical. 6. Derechos colectivos. A. Derecho a la negociación colectiva. 7. Situaciones administrativas. A. Servicios especiales.

1. Consideración preliminar. 2. Acción y procedimiento. Responsabilidad por daños causados con ocasión de la ejecución de una obra pública. 3. Responsabilidad del legislador. A. Responsabilidad por la aplicación de leyes posteriormente declaradas inconstitucionales. Régimen de cotización a la Seguridad social de los administradores de sociedades mercantiles capitalistas. B. Responsabilidad por la omisión de aprobar leyes previstas que pongan fin a una regulación transitoria.

1. Concepto de sanción. 2. Principio de legalidad sancionadora: reserva de ley y tipicidad. 3. Retroactividad de la norma sancionadora más favorable. 4. Antijuridicidad. 5. Elemento subjetivo de las infracciones: culpabilidad. 6. Punibilidad de la conducta infractora. Causas personales de exclusión de la sanción y excusas absolutorias. 7. Sujetos responsables. 8. Procedimiento administrativo sanciondador. 9. En especial, la prueba y la presunción de inocencia. 10. Caducidad del procedimiento sancionador. 11. Extensión de la sanción procedente en cada caso. Proporcionalidad e individualización de las sanciones. 12. Ejecución de las sanciones. Suspensión de las recurridas en vía jurisdiccional. 13. Control jurisdiccional de la potestad sancionadora.

I. Consideración preliminar. II. Tribunal de Justicia de la Unión Europea. A. Doctrina sobre los contratos "in house". Interpretación del requisito del control análogo. B. Exclusión de la oferta de un licitador y principio de igualdad de trato. C. Plazo para la interporsición de un recurso de anulación contra la adjudicación de un contrato. III. Tribunal Constitucional. IV. Tribunal Supremo. A Hora de finalización del plazo de presentación de las ofertas. B. Suspensión de la obra e indemnización por los daños ocasionados al contratista. C. Crisis económica y aplicación de la cláusula rebus sic stantibus. D. Prohibiciones de contratar; legitimación para solicitar su imposición y prescripción. E. Consecuencias de la anulación de determinadas cláusulas de un pliego: apertura de un nuevo procedimiento de licitación. V. Tribunales Superiores de Justicia. La responsabilidad subsidiaria de la Administración por impago de los justriprecios expropiatorios por parte de los concesionarios.

1. Consideración preliminar. 2. Concepto de acto administrativo. A. Naturaleza. a. El acto jurídico por el cual se aprueba una relación de puestos de trabajo es un acto administrativo. 3. Procedimiento administrativo. A. Iniciación. a. La omisión de las alegaciones en el escrito de interposición de la reclamación económico-administrativa es un defecto subsanable. B. Tramitación. a. La eficacia probatoria de las actas y denuncias formuladas por los Agentes de la Autoridad en el ejercicio de sus funciones no vulnera el principio de presunción de inocencia. C. Terminación. a. Caducidad del procedimiento sancionador por demora en la resolución del expediente imputable a la Administración. 4. Invalidez del acto administrativo. A. Actos nulos de pleno derecho. B. Actos anulables. a. Es causa de anulabilidad la omisión del trámite de audiencia al interesado cuando se han considerado en la resolución elementos distintos a los aducidos por el interesado, como el dictamen del perito de la Administración. b. La modificación de la relación de puestos de trabajo sin motivación suficiente acarrea la invalidez de dicha modificación. c. Anulabilidad de la resolución de un concurso-oposición por vulneración de las bases de la convocatoria. 5. Eficacia y ejecución del acto administrativo. A. Caducidad. a. La caducidad de licencia municipal para la instalación de un establecimiento comercial no opera de forma automática por la simple inactividad del titular de la licencia; exige un acto declarativo de dicha caducidad previa la tramitación del correspondiente expediente. 6. Eliminación del acto administrativo. A. Recursos administrativos. B. Revisión de oficio.

1. Introducción. 2. El Banco de España y su consideración como organismo de transparencia. 3. El incremento generalizado de las medidas legislativas relacionadas con la transparencia. 4. Sobre la remuneración de directivos y el régimen de participaciones significativas. 4. Novedades en relación a la protección del cliente de servicios bancarios. 5. El curioso caso del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. 6. Conclusiones.

1. Introducción. 2. Aproximación histórica a la evolución del "Administrative Law". 3. Teoría política y teoría del Derecho: la concepción del Derecho púlbico y su condicionamiento político. 4. Metodología jurídica y ciencia del Derecho administrativo. 5. Conclusiones: el método del "Administrative Law" ante el proceso de transformación del Derecho administrativo.

I. Introducción. II. La contratación del sector público. III. Ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente. IV. El presupuesto y las cuentas públicas. V. Los cargos electos y el personal eventual de designación política. VI. Los empleados públicos: funcionarios y laborales. VII. La financiación pública de los partidos políticos y agentes sociales: sindicatos y organizaciones empresariales. VIII. Las subvenciones públicas. IX. Los servicios públicos de sanidad, educación, vivienda y servicios sociales. 1. Sanidad. 2. Educación. 3. Vivienda. 4. Servicios sociales. Bibliografía consultada.

I. Introducción. II. El sistema de atribución de competencias municipales previo a la reforma. III. La justificación de la reforma del sistema de competencias municipales. IV. Las competencias municipales propias. 1. La nueva naturaleza del art. 25 LBRL. 2. La determinación de las competencias municipales propias. 3. El listado de materias del art. 25.2 LBRL. 4. La opción por la delegación de competencias. V. Las competencias municipales distintas de las propias y de las atribuidas por delegación. 1. La definición de las competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación. 2. La regulación del nuevo tipo de competencias municipales. VI. Conclusiones. Bibliografía.