Hemeroteca

1. Objeto del contrato. 2. Duración del acuerdo marco. 3. Precio estimado y precio de licitación. 4. Procedimiento de adjudicación. 5. Publicidad de la licitación. 6. Gastos a cargo de los contratistas. 7. Consulta de los pliegos y obtención de copias. 8. Aptitud para contratar, capacidad y solvencia. 9. Lugar y plazo de presentación de proposiciones. 10. Documentos a presentar por los licitadores. 11. Admisión de variantes o alternativas. 12. Garantía provisional. 13. Documentos originales y copias. 14. Idioma. 15. Mesa de Contratación. 16. Apertura de plicas. 17. Adjudicación. 18. Garantía definitiva. 19. Formalización del acuerdo marco. 20. Cumplimiento de la normativa laboral, de Seguridad Social y de protección de datos de carácter personal. 21. Causas de resolución del acuerdo marco e imposición de penalidadaes. 22. Contratos derivados del acuerdo marco. 23. Régimen Jurídico.

1. Consulta. 2. Resupuesta.

1. Consulta. 2. Respuesta.

Introducción. A. El objeto social como requisito personalísimo y su diferencia con las condiciones de solvencia. La casuística de las UTE. a) UTE que es admitida a la licitación aun cuando entre sus miembros cuenta con al menos una empresa cuyo objeto social no abarca en su totalidad el objeto del contrato licitado. b) UTE que es excluida del procedimiento porque no todas y cada una de las empresas que la componen integran en su objeto social la plenitud de las prestaciones que se están licitando. B. La definición del objeto del contrato y su concordancia con el objeto social. C. El objeto social no es subsanable.

I. Introducción. II. Marco jurídico. III. Comentarios a resoluciones. IV. Conclusión. V. Bibliografía.

1. Planeamiento urbanístico. 2. Régimen del suelo. 3. Ejecución del planeamiento. 4. Disciplina urbanística.

1. Acceso al empleo público. A. El límite máximo de edad de 30 años para ingresar en la policía local es contrario al derecho europeo. B. El desconocimiento por los aspirantes de los criterios de calificación de una prueba vulnera los principios de igualdad, mérito y capacidad. C. No pueden valorarse como mérito para el acceso ni para la promoción en el empleo público los servicios prestados como personal eventual. D. Los servicios prestados a la Administración mediante contrato de servicios de analista informático no constituyen mérito valorable en concepto de experiencia por prestación de servicios en administraciones públicas. E. El control judicial de la discrecionalidad técnica de los órganos de selección no permite sustituir la decisión motivada del tribunal calificador, que no incurre en error patente, por la estimación del órgano judicial basada en la opinión sustentada en un informe pericial. 2. Provisión de Puestos de Trabajo. A. Concurso de méritos. Méritos de conciliación familiar: concepto de "acceso desde municipio distinto". B. Libre designación: motivación del cese. C. Nombramiento en comisión de servicios: su carácter voluntario implica convocatoria pública. D. Cese de funcionario en comisión de servicios: desviación de poder. 3. Derechos individuales. A. Ni siquiera el legislador autonómico puede dispensar del requisito de la titulación para la promoción interna funcionarial. B. Es discriminatorio privar a los interinos de larga duración del complemento de carrera profesional. 4. Derechos colectivos. A. Los criterios generales en materia de acceso, carrera y provisión de un puesto directivo deben ser materias objeto de negociación. B. La obligatoriedad de lo negociado condiciona al ejercicio ulterior de la potestad presupuestaria del ayuntamiento, que ha de ordenarse al cumplimiento de lo acordado. 5. Extinción de la relación de servicio. A. Motivación de la denegación de la solicitud de prolongación del servicio activo.

1. Consideración preliminar. 2. Causalidad, objetividad y antijuridicidad. 3. Acción y procedimiento. 4. Responsabilidad del legislador. 5. Responsabilidad del Poder Judicial. Funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. Plazo para reclamar en el caso de una actuación que posibilita la sustracción de menores: distinción entre daños continuados y daños permanentes. 6. Responsabilidad por infracción del Derecho de la Unión Europea. Falta de una violación suficientemente caracterizada.

1. Concepto de sanción. 2. Principio de legalidad sancionadora: reserva de Ley y tipicidad. 3. Retroactividad de la norma sancionadora más favorable. 4. Elemento subjetivo de las infracciones: culpabilidad. 5. Sujetos responsables. 6. Concurso de infracciones. Concurso de normas punitivas: non bis in idem. 7. Procedimiento administrativo sancionador. 8. En especial, la prueba y la presunción de inocencia. 9. Caducidad del procedimiento administrativo sancionador. 10. Extensión de la sanción procedente en cada caso. Proporcionalidad e individualización de las sanciones. 11. Extinción de la responsabilidad sancionadora por prescripción. 12. Extinción de la responsabilidad sancionadora por muerte del sancionado. 13. Ejecución de las sanciones. Suspensión de las recurridas en vía jurisdiccional. 14. Control jurisdiccional de la potestad sancionadora.

1. Administración local. A. Autonomía local. a. Alteración de términos municipales. b. La utilización de los bienes municipales para fines específicos propios de una determinada ideología vulnera el principio de neutralidad política. c. La actuación en contra del principio de la neutralidad política constituye un límite al ejercicio de la autonomía local. B. Competencias municipales. a. El uso de técnicas de prospección y extracción de hidrocarburos no es competencia municipal, ni asunto que se circunscriba al ámbito local. b. La organización territorial del Estado escapa de las competencias atribuidas a los municipios. C. Impugnación de acuerdos de las entidades locales. D. Organización Municipal. E. Régimen de funcionamiento de las entidades locales. a. Nulidad de acuerdo municipal por no estar en plazo a disposición de los concejales la documentación de los asuntos incluidos en el orden del día. b. Nulidad de acuerdo municipal por no estar justificada la situación de urgencia que habilita para la convocatoria extraordinaria de la sesión y por vulnerarse el derecho a la información sobre los asuntos incluidos en el orden del día. 2. Colegios profesionales y profesiones tituladas.