Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI)

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LA SITUACIÓN DEL CONTRATISTA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL FRENTE AL INCREMENTO DE LA CARGA TRIBUTARIA DISPUESTO POR LA AUTORIDAD LOCAL (COMENTARIO AL DICTAMEN 7/2002 DE LA PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN)

DURAND, JULIO C.

Revista Española de Derecho Administrativo, n.º 2002/2002, pág. 667 a 675

Sumario
I. MODIFICACIÓN DE LA CARGA TRIBUTARIA. II. UNA PREGUNTA PREVIA: ¿DEBEN TRASLADARSE A LAS TARIFAS NACIONALES LOS IMPUESTOS LOCALES INCONSTITUCIONALES?. III. CONCLUSIONES.

LA SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS Y EL EJERCICIO DE AUTORIDAD (SENTENCIA DEL TS DE 1 DE MARZO DE 2006)

CUETO PÉREZ, MIRIAM

Revista Española de Derecho Administrativo, n.º 132/2006, pág. 747 a 759

La Sociedad requiere normas útiles. El esfuerzo por mejorar la legislación tras la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. ¿Principios, reglas y directrices de técnica legislativa o núcleo esencial del procedimiento de elaboración de normas?

Montoro Chiner, María Jesús

Revista Española de Derecho Administrativo, n.º 182/2017, pág. 27 a 57

Sumario
I. Los esfuerzos por mejorar la calidad de las normas desde la idea del "poder" de la Ley. II. Breve reflexión sobre la estructura formal del título VI de la LPAC. ¿Se ha aplicado a sí misma la LPAC lo que para las futuras normas exige? ¿Mantiene autonomía regulativa? ¿Se comportan sus reglas como ley de procedimeinto? ¿favorecerán legislación útil? III. Los principios de buena legislación de la LPAC pueden generar leyes útiles. Plasman diversidad de opciones que permiten elaborar directrices para toda tipología de normas. Por no tratarse de trámites, ni su desarrollo ni la adición de otros distintos estarían sometidas al deber de ser establecidas mediante ley (artículos 1.2 y 129.4 LPAC). IV. Para que se verifiquen las normas, se evalúe periódicamente la normativa vigentes y se promueva su adaptación tiene que existir una autoridad especializada que promueva y determine la sistemática para llevar a cabo la tarea. V. Conclusiones.

LA STC 215/2000, DE 18 DE SEPTIEMBRE, O LA INFUNDADA CONFIRMACION DE LA NATURALEZA JURISDICCIONAL DE LA FUNCION DE ENJUICIAMIENTO CONTABLE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

ALSINA ENRIQUEZ, JOANA

Revista Española de Derecho Administrativo, n.º 112/2001, pág. 613

Sumario
1. La STC 215/2000 y sus antecedentes procesales.2. Los argumentos del solicitante de amparo. 3. La doctrinaque la sentencia comentada invoca para denegar el amparosolicitado. a) El TC rechaza elevar la cuestión deinconstitucionalidad al Pleno. b) El fondo de la cuestiónplanteada. c) La jurisprudencia constitucional sobre lafunción de enjuiciamiento contable del Tribunal de Cuentas.4. Conclusiones.

La subcontratación administrativa y el desafortunado mito urbano de la admisibilidad de la acción directa en la LCSP

Jordano Fraga, Jesús

Revista Española de Derecho Administrativo, n.º 207/2020, pág. 75 a 100

Sumario
I. Introducción. II. La subcontratación en el art. 215 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 1. Concepto y diferencias con la cesión. 2. Requisitos de la subcontratación. Novedades en la LCSP: la desaparición del límite máximo del 60% de subcontratación que fijaba el art. 227.2, letra e) del TRLCSP. 3. El derecho público sobre la subcontratación. Efectos y régimen de pagos. ¿Existe acción directa?, potestades de inspección, control y penalidades. III. Conclsusiones. IV. Bibliografía.

LA SUBSANACIÓN DE OFERTAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA ESTATAL. UN ANÁLISIS DESDE LOS PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

SÁ ZEICHEN, GUSTAVO

Revista Española de Derecho Administrativo, n.º 76/2011, pág. 353 a 389

Sumario
PARTE I. LOS PRINCIPIOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y LA SUBSANACIÓN DE OFERTAS. I. Introducción. II. Los principios en el procedimiento de selección del cocontratante estatal. 1. Los principios en el procedimiento de selección. 2. La subsanación de ofertas en el procedimiento de selección. III. Los principios del procedimiento administrativo aplicables a la subsanación de ofertas. 1. Juridicidad. 2. La verdad jurídica objetiva. El informalismo. 4. Debido procedimiento previo. 5. Los principios de celeridad, economía, sencillez y eficacia. IV. La subsanación de ofertas y los principios propios del proceso de selección. 1. El principio de concurrencia. 2. El principio de igualdad. PARTE II LA SUBSANACIÓN DE OFERTAS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL COCONTRATANTE ESTATAL. I. La oferta. II. Los defectos sustanciales y no sustanciales y su incidencia en la posibilidad de subsanar la oferta. 1. Defectos sustanciales y no sustanciales. a) Defectos sustanciales. i) Formales. ii) No formales. b) Defectos no sustanciales. i) Formales. ii) No formales. 2. Algunas pautas prácticas. III. Los requisitos y la subsanación de defectos. El "principio de saneamiento" y su aplicación práctica. Somero análisis de la cuestión en el orden nacional. 1. Artículo 65 del decreto 436/2000 (formalidades de la oferta). 2. Artículo 66 del decreto 436/2000 (contenido de la oferta). 3. Artículo 74 del decreto 436/2000 (causales de inadmisibilidad). 4. Los artículos 138 y 140 del decreto 436/2000 expresan cuál es la información que deben presentar los interesados en participar en procedimientos de selección al momento de su primera presentación y por única vez, a los efectos de su incorporación al Sistema de Proveedores (SIPRO). 5. La indicación del plazo de mantenimiento de oferta. IV. La contratación electrónica como mecanismo de simplificación y desburocratización del procedimiento. V. Síntesis. VI. Conclusiones.

LA SUBSANACION RETROACTIVA DE REGLAMENTOS NULOS MEDIANTE LA ELEVACION DE RANGO

GARCIA LUENGO, JAVIER

Revista Española de Derecho Administrativo, n.º 111/2001, pág. 439

Sumario
1. Introducción. 2. Planteamiento de la litis. 3.La doctrina del Tribunal Constitucional sobre sucesión en eltiempo de normas tributarias: la aplicación del principio deprotección de la confianza. 4. Crítica a la doctrina delTribunal Constitucional.

LA SUCESION DE SUSPENSIONES DE LICENCIAS URBANISTICAS EN LA JURISPRUDENCIA RECIENTE

DOMINGUEZ VILA, ANTONIO

Revista Española de Derecho Administrativo, n.º 60/1988, pág. 597

Sumario
I. REGIMEN LEGAL. II. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL. III. ALTERNATIVAS EN LA GESTACION DEL PLAN.

LA SUPERVIVENCIA DE LOS INTERDICTOS CONTRA LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LOS RELACIONADOS CON LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA JURÍDICO-PRIVADA

HUERGO LORA, ALEJANDRO

Revista Española de Derecho Administrativo, n.º 152/2011, pág. 859 a 875

Sumario
1. LA SITUCIÓN PREVIA A LA LJ DE 1998. a) La posibilidad de plantear interdictos contra la actuación administrativa constitutiva de vía de hecho. b) La admisión de recursos contencioso-administrativos contra la vía de hecho a partir de una interpretación extensiva del concepto de acto administrativo. 2. LA INTRODUCCIÓN DEL RECURSO CONTRA LA VÍA DE HECHO. a) Un recurso pensado para cerrar la huida a la jurisdicción civil. b) Las lagunas y los defectos del recurso contra la vía de hecho. 3. ¿CABE FORMULAR INTERDICTOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN TRAS LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LJ? a) La jurisprudencia que rechaza esta opción. b) Las ventajas que justifican la necesidad de los interdictos. c) La justificación dogmática de los interdictos contra la Administración. d) La jurisprudencia que admite la formulación de interdictos contra la Administración. 4. EN PARTICULAR, LOS INTERDICTOS CONTRA ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS QUE SUSTRAEN A LOS TRIBUNALES CIVILES EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO.

La supletoriedad de la normativa general sobre transparencia respecto a las regulaciones especiales de acceso a la información

Guichot, Emilio

Revista Española de Derecho Administrativo, n.º 221/2022, pág. 81 a 108

Sumario
I. Planteamiento de la cuestión. II. El concepto de "Régimen jurídico específico de acceso a la información" y la cuestión de las regulaciones que establecen un mero mandato de reserva o confidencialidad. III. Las materias con un régimen "completo" de acceso a la información y sentido de la supletoriedad, en particular, la competencia de las autoridades de transparencia para conocer de reclamaciones derivadas de su aplicación. IV. Valoración y propuestas.

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