Hemeroteca

1. Reflexiones previas sobre el origen de la confusión conceptual entre convenio, encomienda de gestión y encargo a un medio propio. 1.1. La ausencia de concepto jurídico normativo del convenio. 1.2. La dificultad de distinguir entre encomiendas de gestión de la LRJPAC y del TRLCSP. 1.3. Los encargos a medios propios. 2. Las encomiendas de gestión y los encargos a medios propios en la LRJSP. 2.1. El concepto de encomienda de gestión en la nueva Ley del sector público; su formalización. 2.2. Los encargos a medios propios o servicios técnicos en la nueva Ley del sector público: requisitos. 3. La regulación de los convenios en la LRSJP y en la LPAC. 3.1. El concepto de convenio administrativo. 3.2. Clases de convenios administrativos. 3.3. Requisitos de validez y eficacia de los convenios administrativos. 3.4. El contenido de los convenios administrativos y el procedimiento para su aprobación. 3.5. La extinción de los convenios administrativos. Efectos de su resolución.

1. La encomienda de gestión. 1.1. Su regulación en la legislación anterior. 1.2. Las novedades de la LRSJP. 2. La regulación de los convenios en la legislación anterior y sus insuficiencias. 2.1. Datos legales. 2.2. Apunte sobre el estado de la cuestión en la jurisprudencia. 2.3. Las propuestas de mejora formuladas por el Tribunal de Cuentas. 3. La regulación de los convenios en la LRSJP. 3.1. Régimen general. 3.1.1. Definición y tipos. 3.1.2. Requisitos de validez y eficacia. 3.1.3. Extinción. 3.1.4. Adaptación de los convenios vigentes. 3.2. Crítica.

1. Introducción. 2. Las novedades en materia de validez de las disposiciones y resoluciones administrativas. 2.1. ¿Una nueva causa de nulidad? Inderogabilidad singular de los reglamentos. 2.2. Cuestiones no contempladas por el legislador. 3. Las novedades en materia de eficacia de los actos administrativos. El régimen de las notificaciones. 3.1. La figura del requerimiento entre Administraciones Públicas. 3.2. La notificación. 3.2.1. Determinación del órgano que debe practicar la notificación y del sujeto destinatario de la misma. 3.2.2. La constancia de la notificación en el Registro Electrónico de la Administración. 3.2.3. Obtención del domicilio del interesado en los procedimientos iniciados de oficio a partir de los datos del padrón municipal. 3.2.4. Momento en que se efectúa la notificación. 3.2.5. Práctica de la notificación en papel. El intento de notificación. 3.2.6. La notificación infructuosa. 3.2.7. La notificación electrónica. 4. Bibliografía.

1. Proemio. 2. Razones principales de las nuevas leyes administrativas. 3. Novedades respecto de la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 4. Aciertos de las innovaciones. 5. Errores y problemas. 6. Tareas pendientes para las entidades locales.

1. Marco de la nueva regulación del procedimiento administrativo común contenido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 2. Novedades que incorpora la Ley. 2.1. Medidas provisionales (artículo 56). 2.2. Fomento de la iniciación del procedimiento administrativo mediante denuncia y premio para el delator (artículo 62). 2.3. Inicio del procedimiento sancionador y del procedimiento de responsabilidad patrimonial (artículos 63 a 65). 2.4. Iniciación del procedimiento a solicitud del interesado (artículo 66). 2.5. Expediente administrativo (artículo 70). 2.6. Instrucción del procedimiento (artículos 75 a 83). 2.7. Finalización del procedimiento (artículos 84 a 95). 2.8. Tramitación simplificada del procedimiento administrativo común (artículo 96). 2.9. Ejecución de la resolución (artículo 97 y siguientes).

1. Consideración previa. 2. El ámbito subjetivo de aplicación de la LPAC. 3. Principales novedades en la regulación del procedimiento administrativo común. 3.1. Una precisión inicial sobre la tensión entre el procedimiento administrativo común y los procedimientos administrativos especiales. 3.2. Las actuaciones previas al inicio del procedimiento. 3.3. Las medidas provisionales antes y después de la iniciación del procedimiento administrativo. 3.4. La iniciación del procedimiento por denuncia, la delación y la clemencia. 3.5. El expediente administrativo: documentos que forman parte del mismo. 3.6. El nuevo supuesto de terminación de los procedimientos iniciados de oficio por desistimiento de la Administración y la reiniciación del procedimiento caducado cuando no se hubiere producido la prescripción. 3.7. Supuestos de suspensión del plazo para resolver el procedimiento y notificar la resolución. 3.8. El sempiterno problema del silencio administrativo: un nuevo supuesto de silencio desestimatorio, la cuestión del silencio en la resolución de los recursos de alzada y de reposición, y la expedición de oficio del certificado acreditativo del silencio. 3.9. El cómputo del nuevo plazo por horas, el carácter inhábil de los sábados en el cómputo de los plazos por días, y el cómputo de los plazos cuando se fijen en meses o años. 3.10. El nuevo procedimiento administrativo de tramitación simplificada. 3.11. La ampliación del plazo para la resolución de los procedimientos de revisión de oficio a seis meses y la supensión administrativa de la ejecución de la resolución o acto como consecuencia de la declaración de lesividad. 3.12. Los recursos administrativos: mantenimiento del status quo, con la única rectificación de la regla del plazo de interposición de los recursos de alzada y potestativo de reposición en los casos de silencio administrativo, y la previsión de las causas de inadmisión de los recursos. 3.13. La supresión de las reclamaciones administrativas previas y su mantenimiento en determinados asuntos propios de la competencia del orden jurisdiccional social.

I. Planteamiento. II. La jurisprudencia europea desde 2004: Carolina y su progenie. III. El cambio de posición del TC en 2014. IV. La inadecuación de la jurisprudencia española a los criterios establecidos por el TEDH. V. Dos divergencias finales de fondo. VI. Conclusiones.

I. Introducción. II. El planteamiento de la seguridad ciudadana en la LO 4/2015. III. Los fundamentos constitucionales de un sistema sancionador dual. IV. Las manifestaciones y reuniones no comunicadas en espacios públicos. 1. El planteamiento general de la materia en la LOPSC. 2. Infraestructuras o instalaciones donde se presten servicios básicos para la comunidad. 3. Las sedes de las Cortes Generales o de las asambleas legislativas autonómicas. V. Las restricciones al uso de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Bibliografía.

I. Introducción. II. Pluralidad de jurisdicciones y tutela de derechos. III. El TC ante el derecho de la UE y la excepción de los derechos. 1. La excepción de los derechos. 2. Inflexiones e inflexibilidades. 3. La doble visión del TC. IV. Los derechos fundamentales de la UE y la jurisdicción ordinaria: pequeño repertorio: 1. Tutela judicial efectiva. 2. Igualdad y no discriminación. 3. Protección de datos. V. Conclusiones: bajo la visión supranacional y desde la visión del juez ordinario. Bibliografía.

I. El bicameralismo en cuestión. II. A la búsqueda de una "verdadera" cámara de representación territorial. III. Los esfuerzos por descifrar el enigma de la representación territorial en los Estados compuestos. IV. Las segundas cámaras federales no son órganos de las entidades federadas y no expresan la voluntad de éstas. V. La dinámica partidista de las segundas cámaras federales neutraliza su pretendida especificidad territorial. VI. La participación de las entidades territoriales en la formación de la voluntad legislativa estatal no precisa de la existencia de una segunda cámara. VII. La representación territorial como quimera en la democracia de partidos. VIII. Corolario: la representación territorial del art. 69.1 de la Constitución Española es un enunciado vacío de imposible realización. Bibliografía.