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1.- INTRODUCCION: LA SITUACION PRECONSTITUCIONAL DEìNUESTRO DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO Y LA INCIDENCIAìDE LA CONSTITUCION. 2.- LA SENTENCIA DE 30 DE ENERO 1981 YìLA CONSAGRACION DEL PRINCIPIO "NOS BIS IN IDEM" Y LA ...

1. Introducción a la evolución del recurso de casación en un contexto de reformas. 2. El Real Decreto-ley 5/2023: Agilidad procesal y ajustes en el interés casacional. 3. El Real Decreto-ley 6/2023: Reconfiguración de las vías de impugnación. 4. La Ley Orgánica 1/2025: Transformación de la legitimación y el procedimiento abreviado y sus ecos en el recurso de casación. 5. Reflexiones finales sobre un sistema casacional que ha de asentarse

1. Introducción: la compleja articulación de unsistema de garantías acomodable a la singularidad delprocedimiento electoral. 2. El presupuesto de la"autocuestión" de inconstitucionalidad: la estimación delamparo solicitado por infracción del derecho de audiencia enla tramitación de un recurso de alzada ante la JuntaElectoral Central. 3. El estudio de la constitucionalidad dela prohibición de ulterior vía jurisdiccional frente a lasresoluciones de los recursos de alzada previstos en elartículo 21 de la LOREG. 4. Consideraciones finales.

I. Cuestión esencial, pero apenas tratada. El argumento formalista inicial (Sentencia TS de 15 de julio de 1987): la petición a la Administración hace que la decisión de ésta entre en el ámbito jurisdiccional Contencioso-Administrativo. Crítica del criterio. II. Las Sentencias condenatorias al pago de indemnizaciones interfieren la potestad legislativa y condicionan directamente su eficacia. III. Las Sentencias que declaran la obligación de indemnizar por hecho de las Leyes son Sentencias de condena que, como todas las de este carácter, sustituyen la voluntad del condenado, aquí del Legislador. Sólo el Tribunal Constitucional ostenta jurisdicción sobre las Leyes, pero esta jurisdicción es puramente declarativa de anulación de las Leyes, nunca de condena. IV. La configuración constitucional y legal de la jurisdicción Contencioso-Administrativa no tolera su condición de jurisdicción de condena sobre el Legislador. Art. 106.1 de la Constitución: "control de la legalidad de la actuación administrativa" y de la "potestad reglamentaria"; el art. 103.1 declara el "sometimiento pleno" de la Administración a la Ley. El "derecho a indemnización" que puede declarar es el relativo al "funcionamiento de los servicios públicos", lo que incluye exclusivamente a la Administración. V. La corroboración en las Leyes que configuran y delimitan la jurisdicción de los Tribunales Contencioso-Administrativos. VI. Las únicas excepciones a la regla anterior: Leyes que infrinjan el Derecho Comunitario y Leyes declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. Remisión. VII. La cuestión en la doctrina. 1. Galán Vioque: La "arrogación" de la competencia por los Tribunales Contencioso-Administrativos; el art. 24 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se refiere sólo al problema de delimitación internacional de las jurisdicciones; el art. 139.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones. Remisión. 2. González Pérez, Garrido Falla. 3. Otros autores. Conclusión.

1. El caso resuelto por el Auto: rechazo de laalegación previa de inadmisibilidad por haber transcurridoel plazo de seis meses desde la producción del efectodenegatorio del silencio, contra el tenor literal delartículo 46.1 LJ de 1998. 2. El argumento específico ycircunstancial de la aplicación retroactiva de la LJ en elcaso del recurso. 3. La motivación sustancial del Auto: elartículo 46.1 LJ estaba en relación con la regulación delsilencio administrativo en la Ley 30/1992. La modificaciónde ésta por la Ley 4/1999 implica la derogación de la regladel artículo 46.1 LJ restituyendo la anterior reglajurisprudencial. 4. Justificación de los criterios del Auto.Ha de hablarse de derogación expresa, no sólo por ladesaparición del "certificado de acto presunto" y laeliminación de este último concepto, restituyendo alsilencio su carácter de mera facultad del ciudadano, sinotambién por el nuevo artículo 58.3 LPA, en su redacción dela Ley 4/1999, por cuanto el silencio no ofrece unanotificación regular. Apertura indefinida del recurso. 5. Lasuperioridad del razonamiento del Auto respecto de lafórmula de provocar, mediante el recurso contra lainactividad, una resolución expresa de la Administración unavez vencidos los seis meses del artículo 46.1 LJ, que es unavía larga, complicada e innecesaria. 6. La significación deesta jurisprudencia ante el papel de instancia ordinaria delcontencioso-administrativo por parte de los TribunalesSuperiores de Justicia y por el largo período que habrá queesperar antes de que el Tribunal Supremo dicte sus primerassentencias interpretando la Ley 4/1999.

1. Introducción. 2. El reparto de competenciasìentre la Federación y los Länder. 3. La armonización deìnormas técnicas y el reconocimiento mutuo deìreglamentaciones.

I. Introducción. II. La contratación del sector público. III. Ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente. IV. El presupuesto y las cuentas públicas. V. Los cargos electos y el personal eventual de designación política. VI. Los empleados públicos: funcionarios y laborales. VII. La financiación pública de los partidos políticos y agentes sociales: sindicatos y organizaciones empresariales. VIII. Las subvenciones públicas. IX. Los servicios públicos de sanidad, educación, vivienda y servicios sociales. 1. Sanidad. 2. Educación. 3. Vivienda. 4. Servicios sociales. Bibliografía consultada.

I. Panorámica del procedimiento administrativo sancionador en el orden social. II. La iniciación del procedimiento sancionador en el orden social. III. La iniciación por denuncia.

I. Las entidades instrumentales del sector público local tras la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. II. Un apunte general sobre la iniciativa económica del sector público en nuestro derecho positivo. 1. La iniciativa pública y privada en la Constitución Española. 2. El marco comunitario. II. El nuevo régimen de iniciativa económica de las entidades locales tras la reforma de la LRSAL. 1. Condiciones para el ejercicio económico de la iniciativa económica de las entidades locales. 2. Las actividades sujetas a reserva legal. III. Las entidades locales frente al derecho de la competencia. 1. Planteamiento general. 2. La oferta de servicios por debajo del precio de coste en el ámbito de las competencias locales. 3. La convergencia de funciones de regulador y de operador económico en una misma entidad.