Desde un tiempo a esta parte venimos asistiendo a la proliferación de un cierto tipo de ordenanzas que se denominan de convivencia vecinal y que vienen, en la mayoría de los casos, a sustituir a las antiguas ordenanzas de buen gobierno, y que se caracterizan por: regular aspectos que inciden sobre el uso y utilización de espacios y servicios públicos , contemplar una realidad cada vez más frecuente, y es que los causantes de conductas contrarias a esa convivencia vecinal sean menores de edad e incorporar el recurso a un tipo de sanción administrativa poco frecuente hasta el momento, como son las prestaciones en beneficio de la comunidad.

Esas normas que inciden de la manera dicha en los administrados, requieren el respaldo normativo de un régimen sancionador frente a posibles incumplimientos, lo que reconduce al ejercicio de la potestad sancionadora de la administración y a su plasmación en las ordenanzas locales, todo ello orientado a asegurar la convivencia ciudadana en el marco de las competencias municipales.

El desarrollo y aplicación de estas normas plantea una serie de cuestiones que tienen que ver con el concepto de convivencia ciudadana, el papel de las Administraciones locales para conseguir esta finalidad de interés local, las competencias locales implicadas y las posibilidades de las Ordenanzas, en cuanto instrumento jurídico- normativo de las Administraciones locales para ejercer su potestades de intervención y sancionadora.

Todas estas cuestiones serán objeto de examen a lo largo de este trabajo, como también lo será el estudio de una sanción específica en la que centramos nuestra atención por su especificidad y su vinculación a la regulación de la convivencia vecinal: las prestaciones en beneficio de la comunidad.