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Perfeccionamiento y Profesionalización

Responsabilidad patrimonial de la administración local (VII edición)

Del 15 de febrero al 14 de marzo de 2019

Esta actividad ha finalizado.
Modalidad
Formación virtual.
Dirección académica / Coordinación
Dña. María José Alonso Mas.
Introducción

El curso busca la puesta al día y la profundización en relación con la responsabilidad de las entidades locales.

Las Leyes 39 y 40/2015, si bien siguen en esencia el mismo esquema que la Ley 30/1992 en cuanto a la regulación de la responsabilidad patrimonial, introducen matices que pueden afectar a las entidades locales. Pensemos en la nueva regulación de la responsabilidad patrimonial derivada de leyes inconstitucionales o contrarias al Derecho de la Unión europea (arts. 32-4 y 32-5 de la Ley 40/2015). En relación con esto último, la Ley 40/2015 plantea problemas relacionados con los principios de equivalencia y efectividad, ya que se confunde la responsabilidad del Estado legislador con el Estado juez y además se exigen mayores requisitos que en el caso de responsabilidad por leyes inconstitucionales.

La Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, al propiciar una reasignación de competencias y el refuerzo del papel de las Diputaciones, sobre todo en municipios de menos de 20000 habitantes, da pie a plantear cuestiones como la determinación del sujeto responsable. Recordemos que las SSTC 41/2016, 168/2016 y 111/2016, con algún matiz, han confirmado la constitucionalidad de la reforma legal, salvo en puntos concretos.

El curso, sin olvidar los fundamentos teóricos de la responsabilidad patrimonial, busca sobre todo atender a los aspectos prácticos. Así, se considera prioritario el análisis de la jurisprudencia más reciente. También se tratará de incitar al diálogo a los participantes, a fin de poner en común cuestiones que se les suscitan en su práctica profesional diaria. En este sentido, ediciones anteriores demuestran que lo más enriquecedor estriba precisamente en el diálogo permanente entre los participantes.

A efectos de una mejor comprensión de la materia, a lo largo del curso se irán formulando casos prácticos, a fin de que todos los participantes puedan aportar ideas para su resolución.

Destinatarios
Cargos electos, directivos, funcionarios con habilitación de carácter estatal y empleados públicos de las entidades locales con titulación superior, media o asimilada, que tengan a su cargo funciones relacionadas con la materia objeto de la actividad formativa. Si el número de solicitudes lo permitiese, podrán ser admitidos solicitantes que presten servicios en la Junta de Andalucía u otras administraciones y entidades públicas.
Objetivos
Comprensión, a nivel teórico y a nivel de práctica procesal, de los problemas sustantivos generales sobre la responsabilidad patrimonial. Análisis de la nueva regulación del procedimiento para exigir responsabilidad patrimonial en la Ley 39/2015, y de los cambios producidos respecto de la regulación anterior; con especial hincapié en el problema de la prescripción y su casuística y en los problemas relativos a los casos en que media contratista o concesionario interpuesto. Análisis y comprensión del funcionamiento de las acciones de regreso frente a autoridades y funcionarios; así como, en sentido inverso, de la responsabilidad que los funcionarios públicos podrían exigir por los daños causados en acto de servicio o por riesgos derivados de su cargo. Análisis de la problemática procesal ligada a la responsabilidad patrimonial; lo que resulta sobre todo relevante para quienes se dedican al ejercicio de la Abogacía y a los funcionarios encargados de la defensa en juicio de las entidades locales, pero que también resulta conveniente conocer, en sus líneas maestras, a todos los que se dedican profesionalmente a la responsabilidad patrimonial.
Avance de programa

1. Unidad didáctica I (del 15 al 21 de febrero): fundamento, requisitos y procedimiento para la exigencia de responsabilidad patrimonial. Responsabilidad por hechos jurídicos y por actos jurídicos.

1.1. Responsabilidad de la Administración local por funcionamiento normal: estándares y deber jurídico de soportar el daño.

1.2. Responsabilidad por funcionamiento anormal: estudio especial de la responsabilidad por omisión.

1.3. Responsabilidad por hechos jurídicos y por actos jurídicos.

1.4. Procedimiento para exigir la responsabilidad patrimonial.

1.5. La indemnización. 6. Responsabilidad del Estado legislador: En especial, la nueva regulación de la responsabilidad derivada de leyes inconstitucionales o de leyes contrarias al Derecho de la Unión europea.

1.6. Responsabilidad patrimonial y enriquecimiento injusto.

1.7. Responsabilidad de autoridades y funcionarios.

1.8. El funcionario público como sujeto damnificado.

2. Unidad didáctica II (del 22 al 28 de febrero): responsabilidad por daños causados en la ejecución de contratos del sector público.

2.1. Responsabilidad patrimonial de la Administración local y responsabilidad del contratista: ¿exclusividad, solidaridad, subsidiariedad?

2.2. Responsabilidad del contratista: ¿Responsabilidad objetiva, o responsabilidad exigible conforme a las reglas jurídico-civiles?

2.3. Procedimiento para exigir la responsabilidad cuando media contratista o concesionario en los contratos administrativos: ¿Subsiste la potestad de decisión ejecutoria de la Administración contratante?

2.4. Procedimiento para exigir la responsabilidad en caso de contratos privados.

2.5. Problemas procesales

3. Unidad didáctica III (del 1 al 7 de marzo): responsabilidad concurrente. Responsabilidad patrimonial y compañías de seguros.

3.1. Responsabilidad concurrente de la Administración local y otras Administraciones: supuestos.

3.2. Concurrencia de responsabilidades entre la Administración y uno o varios particulares.

3.3. Problemas procesales de la concurrencia de responsabilidades.

3.4. Responsabilidad patrimonial y seguros de responsabilidad civil

4. Unidad didáctica IV (del 8 al 14 de marzo): responsabilidad patrimonial por actos urbanísticos.

4.1. Responsabilidad en caso de cambios lícitos de planeamiento: modificaciones anticipadas, inejecución imputable a la Administración y vinculaciones singulares. El problema del fuera de ordenación.

4.2. Responsabilidad derivada de la declaración de nulidad del planeamiento.

4.3. Responsabilidad derivada de la anulación de licencias, denegación improcedente y demora injustificada en su otorgamiento.

4.4. Responsabilidad derivada de la extinción y modificación de licencias.

4.5. Otros supuestos: en especial, informaciones urbanísticas erróneas, ocupación directa y la no terminación de la ejecución del planeamiento.

Precio
250.00 €
Si es la tercera o siguiente actividad de 2019: 185.00 €.
Para otras bonificaciones consulta las bases de la convocatoria.
Duración
Horas de asistencia: 40 horas.
Horas con aprovechamiento: 50 horas.
Puntuación
Baremo estatal: 0.40 puntos (0.70 puntos con aprovechamiento).
Observaciones
Publicado en B.O.P. nº 248, de 28 de diciembre de 2018.

Actividad homologada por el Instituto Andaluz de Administración Pública (Resolución de 3 de diciembre de 2018).
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