1.Las Leyes 39 y 40/2015 introducen matices que pueden afectar a las entidades locales. Pensemos en la nueva regulación de la responsabilidad patrimonial derivada de leyes inconstitucionales o contrarias al Derecho de la Unión europea (arts. 32-4 y 32-5 de la Ley 40/2015. Además, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre el sentido y alcance de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones en la sentencia 112/2018; y sobre los problemas competenciales en la STC 79/2019.

2. La Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, al propiciar una reasignación de competencias y el refuerzo del papel de las Diputaciones, sobre todo en municipios de menos de 20000 habitantes, da pie a plantear cuestiones como la determinación del sujeto responsable y la responsabilidad concurrente; incluso tras las SSTC 41 y 111/2016.

3. El curso, sin olvidar los fundamentos teóricos de la responsabilidad patrimonial, busca sobre todo atender a los aspectos prácticos. Así, se considera prioritario el análisis de la jurisprudencia más reciente, civil, contencioso administrativa –por ejemplo, debido a la declaración de inconstitucionalidad de parte de la normativa del IVTNU, para el personal de las entidades locales puede ser relevante conocer la nueva jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la responsabilidad derivada de leyes inconstitucionales- y en su caso del TEDH. También se tratará de incitar al diálogo a los participantes, a fin de poner en común cuestiones que se les suscitan en su práctica profesional diaria. En este sentido, ediciones anteriores demuestran que lo más enriquecedor estriba precisamente en el diálogo permanente entre los participantes.

A efectos de una mejor comprensión de la materia, a lo largo del curso se irán formulando casos prácticos, a fin de que todos los participantes puedan aportar ideas para su resolución. Además, se realizarán asimismo videoconferencias, donde se podrán tanto debatir aspectos monográficos sobre un tema concreto como también resolver dudas generales que puedan tener sobre la responsabilidad patrimonial los participantes del curso.

Cargos electos, directivos, funcionarios con habilitación de carácter estatal y empleados públicos de las Entidades Locales con titulación superior, media o asimilada, que tengan a su cargo funciones relacionadas con la materia objeto de la actividad formativa. Si el número de solicitudes lo permitiese, podrán ser admitidos solicitantes que presten servicios en la Junta de Andalucía u otras Administraciones y Entidades Públicas.

El curso puede interesar especialmente al personal de las Administraciones locales; pero asimismo a profesionales a los que la actividad de estos entes pueda interesar, fundamentalmente profesionales de la Abogacía.

1. Comprensión, a nivel teórico y a nivel de práctica procesal, de los problemas sustantivos generales sobre la responsabilidad patrimonial, tanto la derivada de hechos jurídicos como de actos jurídicos.

Este objetivo se corresponde esencialmente con el módulo primero; si bien la responsabilidad derivada de actos urbanísticos es el objeto del módulo cuarto.

2. Análisis de la regulación del procedimiento para exigir responsabilidad patrimonial en la Ley 39/2015; con especial hincapié en el problema de la prescripción y su casuística y en los problemas relativos a los casos en que media contratista o concesionario interpuesto.

Estas cuestiones son objeto de análisis en el módulo primero y en el módulo segundo.

3. Análisis y comprensión del funcionamiento de las acciones de regreso frente a autoridades y funcionarios; así como, en sentido inverso, de la responsabilidad que los funcionarios públicos podrían exigir por los daños causados en acto de servicio o por riesgos derivados de su cargo.

Estas cuestiones se tratarán en el módulo primero. Se introduce su análisis como objetivo del curso dadas las dudas suscitadas por los alumnos en relación con estas cuestiones en ediciones anteriores.

4. Análisis de la problemática procesal ligada a la responsabilidad patrimonial, incluyendo los casos en que uno de los sujetos es la compañía aseguradora; lo que resulta sobre todo relevante para quienes se dedican al ejercicio de la Abogacía, pero que también resulta conveniente conocer a todos los que se dedican profesionalmente a la responsabilidad patrimonial.

Estas cuestiones se desarrollarán básicamente en la tercera unidad..