La interiorización de la ética en la gestión pública ha ido ganando relevancia en los últimos años, fuertemente impulsada por las normativas en materia de transparencia y buen gobierno y como una evolución más de la misma, se ha introducido también en el ámbito del sector público la técnica del Compliance. Se produce, de este modo, la constatación de cómo una técnica articulada, inicialmente, para su aplicación en el sector privado, está paulatinamente integrándose en el sector público, no sólo desde la voluntad de un cambio cultural exigido por las nuevas dinámicas de integridad institucional sino desde la voluntad legislatoris que, a través de distintas normas y de un modo sectorial, está incorporando este tipo de técnicas, permitiendo su permeabilización como elemento de mejora de los marcos de integridad institucional y como una potente herramienta en la prevención de la corrupción, alineado con el cumplimiento de la misión de servicio público y defensa del interés general que corresponde a la administración.

De este modo acciones como la gestión de riesgos, la prevención de los conflictos de intereses y la integridad se presentan ya como una demanda a la que debe hacerse frente desde el sector público, en las diferentes áreas materiales de gestión, como la gestión de recursos humanos, el control interno y con el análisis de novedosas figuras de control. Y sobre esta línea ha venido a incidir de un modo decisivo la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que introduce, por primera vez, en nuestro ordenamiento jurídico básico las medidas de self-cleaning o autocorrección para los licitadores, pero también desde la exigencia de adopción de medidas concretas a los órganos de control.

Cargos electos, directivos, funcionarios con habilitación de carácter estatal y empleados públicos de las entidades locales con titulación superior, media o asimilada, que tengan a su cargo funciones relacionadas con la materia objeto de la actividad formativa. Si el número de solicitudes lo permitiese, podrán ser admitidos solicitantes que presten servicios en la Junta de Andalucía u otras administraciones y entidades públicas.

1. Proporcionar los conocimientos normativos, jurisprudenciales y doctrinales en una materia todavía novedosa, delimitando los principales puntos de atención, desde una visión transversal de conjunto.

2. Identificar los elementos necesarios para la aplicación de las técnicas de Compliance en la gestión pública, para la adecuada construcción de marcos de integridad.

3. Facilitar las herramientas prácticas para trasladar esta técnica a aspectos materiales concretos de la gestión pública.

4. Analizar el impacto del Compliance en la contratación pública, desde una doble visión, interna y externa, en su exigencia y eficacia práctica para los participantes en las licitaciones.