El transporte urbano de pasajeros mediante vehículos turismo es uno de los sectores en los que la economía de las plataformas digitales ha tenido un mayor impacto social. Estas plataformas han revolucionado la manera que pueden contratarse y prestarse dichos servicios, mejorando sustancialmente su eficiencia. El funcionamiento de estas plataformas, sin embargo, también está generando incontables problemas sociales y jurídicos, de resultas de la circunstancia de que la normativa del sector frecuentemente no da una respuesta clara y equilibrada a las cuestiones que aquí se plantean. Los problemas planteados tienen una enorme relevancia práctica, desde los puntos de vista económico y jurídico, como consecuencia de la gran cantidad de personas afectadas y de la relevancia de los intereses en juego. En la jornada propuesta, se pretende analizar la conformidad con nuestro ordenamiento jurídico, así como la oportunidad, de las medidas adoptadas por el Estado, algunas Comunidades Autónomas y Entidades locales –en particular, por las andaluzas– con el fin de regular específicamente el mercado de los taxis y los VTC.

Cargos electos, directivos, funcionarios con habilitación de carácter nacional y empleados públicos de las entidades locales con titulación superior, media o asimilada, que tengan a su cargo funciones relacionadas con la materia objeto de la actividad formativa. Si el número de solicitudes lo permitiese, podrán ser admitidos solicitantes que presten servicios en la Junta de Andalucía u otras administraciones y entidades públicas.

Comprender cómo la irrupción de las plataformas digitales está transformando el sector de los taxis y los VTC.

Comprender por qué la regulación tradicional de este sector ha quedado en gran medida obsoleta por la aparición de las referidas plataformas.

Conocer las distintas medidas que las Administraciones estatales, autonómicas y locales han adoptado o podrían adoptar para regular los problemas que aquí se plantean.

Analizar la oportunidad y la legalidad de esas medidas.

Analizar y evaluar, en particular, las medidas adoptadas para regular dichos problemas por las Administraciones andaluzas.