La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), al margen de los procedimientos ordinarios (abierto y restringido), regula una serie de procedimientos de contratación para su utilización en determinados supuestos y que pueden aportar grandes ventajas, dependiendo de la necesidad de los poderes adjudicadores.

La legislación contractual hace un especial hincapié en la calidad de las prestaciones y su componente social, medioambiental y de innovación, y en este último aspecto, el procedimiento negociado puede ser el procedimiento idóneo cuando la prestación objeto del contrato incluya un proyecto o soluciones innovadoras, también cuando sea necesario un trabajo previo de diseño o de adaptación por parte de los licitadores, etc.

Por otra parte, en los criterios de adjudicación de los contratos, debe haber criterios cuantificables automáticamente, entre ellos el precio, y la subasta electrónica se constituye en un instrumento válido para obtener el mejor precio posible, u obtener la mejor oferta respecto de otro criterio que no dependa de un juicio de valor.

Ninguno de los dos procedimientos se usan de forma general en las administraciones; existe un desconocimiento de cómo y en qué casos realizar una subasta electrónica. Igualmente, en los procedimientos negociados hay una gran incertidumbre de cómo llevar a cabo la negociación con las empresas.

En este sentido, se proporcionarán instrumentos teóricos y prácticos para llevar a cabo estos procedimientos de forma ajustada a la legalidad, permitiendo alcanzar los objetivos que se pretendan.

Cargos electos, directivos, funcionarios con habilitación de carácter estatal y empleados públicos de las entidades locales con titulación superior, media o asimilada, que tengan a su cargo funciones relacionadas con la materia objeto de la actividad formativa. Si el número de solicitudes lo permitiese, podrán ser admitidos solicitantes que presten servicios en la Junta de Andalucía u otras administraciones y entidades públicas.

1. Conocer la normativa y la doctrina existente sobre los procedimientos de subasta electrónica y el negociado.

2. Proporcionar indicadores sobre la fortaleza y debilidad de dichos procedimientos de forma que resulte más fácil valorar la conveniencia de su uso.

3. Aprender a diseñar los pliegos, los aspectos a regular y la puesta en práctica de los citados procedimientos.

4. Conocer experiencias prácticas.