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Jornadas de Excelencia

Jornada: la ejecución de sentencias firmes por las entidades locales y su financiación

5 de abril de 2017

¡¡¡Aún quedan plazas disponibles!!! Inscríbete
Modalidad
Formación presencial.
Dirección académica / Coordinación
D. Pedro Corvinos Baseca y D. José María Agüeras Angulo.
Introducción

La ejecución de las sentencias dictadas por los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa, cuando son contrarias a los intereses de las Administraciones demandadas, suele plantear problemas. Son continuas las quejas acerca de las dificultades que acompañan la ejecución de estas sentencias, que en muchos casos se alarga en el tiempo hasta hacer imposible el cumplimiento de estas resoluciones, con todos los perjuicios que ello conlleva, tanto para los demandantes como para las Administraciones demandadas.

Se ha sido crítico con la regulación sobre la ejecución de sentencias contenida en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (en adelante LJCA), considerando que es insuficiente, sobre todo si se compara con la detallada regulación contenida en la Ley de Enjuiciamiento Civil. La crítica se extiende también al importante papel que la LJCA reserva a las Administraciones públicas en la ejecución de las sentencias que les son desfavorables y a las prerrogativas de las que se benefician.

Las dificultades para ejecutar estas sentencias se han acentuado con la crisis económica, que ha amenazado la sostenibilidad financiera de las Administraciones públicas, en particular de las Entidades Locales. La considerable reducción de los ingresos en este contexto de crisis y el mantenimiento –o incluso el incremento- del gasto, ha llevado a algunos Municipios a una situación financiera complicada, que ha exigido la adopción de medidas legislativas drásticas.

Además, ha sucedido que, en algunos casos, los conflictos judiciales suscitados durante el periodo de bonanza económica, relacionados con importantes actuaciones urbanísticas o de obra pública, se han resuelto de forma desfavorable para los Municipios, con la obligación de abonar a los demandantes cuantiosas indemnizaciones. Ello ha supuesto que algunos pequeños y medianos Municipios tengan que afrontar en ejecución de estas sentencias, el pago de unas indemnizaciones que pueden dejarlos en una situación de insolvencia. En esta situación se pone en riesgo la prestación de servicios públicos obligatorios para los Municipios, esenciales para los vecinos, y el propio funcionamiento de estos.

Esta delicada situación que afecta a un buen número de Municipios, ha determinado la adopción de medidas extraordinarias para financiar la ejecución de sentencias firmes por las Entidades Locales, contenidas en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

De ahí la oportunidad y el intereses que tiene abordar en una jornada la problemática de la ejecución de la sentencias desfavorables para las entidades locales.

Destinatarios
Cargos electos, directivos, funcionarios con habilitación de carácter nacional y empleados públicos de las entidades locales con titulación superior, media o asimilada, que tengan a su cargo funciones relacionadas con la materia objeto de la actividad formativa. Si el número de solicitudes lo permitiese, podrán ser admitidos solicitantes que presten servicios en la Junta de Andalucía u otras administraciones y entidades públicas.
Objetivos
  • Exponer con carácter general la problemática de la ejecución de sentencias por las Administraciones públicas.
  • Analizar el régimen jurídico aplicable a la ejecución judicial de deudas administrativas de las Entidades Locales, poniendo de manifiesto sus deficiencias, acentuadas en el actual contexto de crisis económica.
  • Proponer algunos criterios de actuación para la ejecución de este tipo de sentencias por las Entidades Locales.
  • Reflexionar sobre todas estas cuestiones a partir de la experiencia de algunos Municipios, en riesgo de insolvencia al ser condenados por sentencia al pago de cuantiosas indemnizaciones.
  • Plantear algunas medidas que permitan afrontar con garantías la ejecución de este tipo de sentencias, conciliando el derecho a la tutela judicial efectiva del demandante con el interés municipal, que exige tener disponibilidad financiera para garantizar la prestación de servicios públicos obligatorios.
  • Analizar el régimen de “Financiación de la ejecución de sentencias firmes por parte de las Entidades locales”, establecido en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Avance de programa
Precio
75.00 €
Si es la tercera o siguiente actividad de 2017: 55.00 €.
Para otras bonificaciones consulta las bases de la convocatoria.
Duración
5 horas.
Lugar de celebración
CEMCI, Granada.
Observaciones
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